Los 31 académicos del FCCyT informaron a la CIDH que actuaron “con base en la normativa vigente”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), reportó en su Informe Anual 2021 que los 31 académicos mexicanos, pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron “fueron hechas con base a la normativa vigente”.
La comisión se refiere al caso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) de México solicitó una orden de aprehensión conjunta contra 31 académicos a raíz de dos denuncias presentadas por el CONACYT, en el año 2020, por el presunto mal manejo de recursos por parte del FCCyT.
“La REDESCA mira con atención que la imputación de la FGR se refiere a que las personas que forman parte del Foro habrían creado una presunta organización criminal conformada por ex integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como por exempleadas/os de la Mesa Directiva del Foro, para transferir recursos del CONACYT al foro de manera ilegal”, se lee en el informe que cita información de Aula Abierta sobre este caso.
“Ante estos señalamientos, la Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión”, agregan.
En ese sentido, la Relatoría Especial de la CIDH “expresa su profunda preocupación por la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), contra 31 académicos pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC por los presuntos delitos de delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado, la cual ha sido rechazada por diversos catedráticos de universidades, tanto nacionales como internacionales, al considerarla desproporcionada y de carácter político”.
Por otra parte, en el informe también se lee que causa preocupación “que se ha denunciado que las personas investigadas no habrían sido debidamente informadas de los motivos por los cuales se les estaba investigando, sino que se enteraron por denuncias filtradas en redes sociales sobre la solicitud de la orden de aprehensión”.
En el marco de una cobertura sobre este tema, Aula Abierta realizó una rueda de prensa internacional, junto con académicos y miembros de la sociedad civil de México, donde Carlos Heredia, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), dijo que el gobierno mexicano pretende intervenir centros de investigación y universidades por su “pensamiento crítico”.
Heredia explicó que la estrategia de intervención tiene varios elementos principales y que el primero de ellos son las acusaciones de corrupción “sin fundamento, sin pruebas ni investigación para estigmatizar” a miembros de este sector.
“Son acusaciones que se hacen en los medios, que plantean que los académicos son corruptos, que hacen negocios personales, que lavan dinero, pero se promete mostrar investigaciones y pruebas que nunca llegan”, expresó Heredia.
Desde el año 2021, cuando la CIDH y sus Relatorías Especiales publicaron los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, se han registrado presuntas amenazas a la libertad académica y autonomía universitaria en México, además de otros países como Brasil, Nicaragua y Venezuela.
Por ello, la comisión recomienda que los Estados evalúen la adopción de medidas que incorporen estos principios en su derecho interno, con el fin de evitar más violaciones a este derecho que protege a universitarios y universitarias, y que por ende perjudica a la academia y al progreso del futuro de las naciones.
