En México: Fiscalía General cercena el derecho a la defensa y al debido proceso de 31 académicos
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión conjunta contra 31 académicos pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a raíz de dos denuncias presentadas por el CONACYT, en el año 2020, por el presunto mal manejo de recursos por parte del FCCyT.
La orden de aprehensión fue negada en dos ocasiones por falta de datos, sin embargo, la FGR emitió una declaración pública en la que indicó que volvería a solicitar una orden de aprehensión contra los académicos, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, ya que no están de acuerdo con el criterio asumido por el juez.
Gabriela Dutrénit, coordinadora general del FCCyT, manifestó al equipo de Aula Abierta que los investigados no fueron debidamente informados de los motivos de la investigación, sino que se enteraron por denuncias filtradas en redes sociales sobre la solicitud de orden de aprehensión.
La investigación se lleva a cabo por los presuntos delitos de “peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.
Debido a la insistencia de la fiscalía, 8 de los 31 académicos investigados interpusieron una queja por “violación a derechos humanos” ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los académicos plantearon que la persecución en su contra atenta contra los derechos de “respeto a la dignidad humana; honor; debido proceso; seguridad jurídica; libertad”. Además, calificaron las actuaciones del Poder Ejecutivo y la FGR como un “ejercicio de persecución política”.
“Todas aquellas medidas cautelares y tutelares que resulten suficientes a efecto de que se haga cesar el acoso hacia las y los quejosos, y consecuentemente se ordene a las autoridades que se identifican como responsables , para llevar a cabo de forma inmediata, todos los actos que resulten necesarios”, señalaron los académicos.
Ante esto, la CNDH emitió un pronunciamiento en el que pidieron a la FGR la implementación inmediata de medidas cautelares necesarias para que los servidores públicos adscritos a la FGR se abstengan de exponer las actuaciones que solo deba conocer la autoridad ministerial.
“Evitar dar a conocer públicamente nombres de personas a quienes no se les impute ningún delito; se abstengan de llevar a cabo actuaciones e información que comprometa el debido proceso; eviten dar a conocer información que perjudique la dignidad y el honor de las personas quejosas, y se otorgue a los agraviados, en su calidad de imputados, el acceso a la Carpeta de Investigación, facilitando los datos que requieran para su defensa”, indica el pronunciamiento de la CNDH.
Luego, la FGR emitió un comunicado en el que manifestó no “aceptar” el contenido del oficio enviado por la CNDH porque “todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos”, subraya el comunicado.
Sin embargo, Dutrénit aseveró en entrevista para Aula Abierta que, desde el principio, no tuvieron acceso a la carpeta de investigación, sino que se vieron obligados a solicitar a la FGR el acceso a estos documentos. Estas situaciones cercenan el derecho a la defensa de los académicos investigados y el derecho al debido proceso.
La investigadora comentó que los académicos han sido víctimas de una campaña difamatoria en redes sociales que recae directamente sobre el FCCyT, órgano del cual están relacionados directamente, por haber trabajado allí en años anteriores.
Ante estos hechos, es importante recordar que la persecución penal por motivos políticos contra académicos e investigadores quebranta los estándares internacionales en la materia, específicamente el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual establece que los Estados partes se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, así como a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
La Observación General N° 13 dice que “la libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución”.
Los científicos investigados por la FGR tienen amplias carreras académicas, han ocupado cargos en universidades y han recibido galardones internacionales, por lo que la persecución en su contra puede traer graves implicaciones a la sociedad, al inhibirlos de aportar científicamente al progreso de la Nación.
Al respecto, Dutrénit manifestó que “las comunidades científicas, tecnológicas y empresariales deben participar en el proceso de formulación de la política pública, eso es algo que veníamos haciendo desde el FCCyT”, a la vez que aseveró que esa labor ha sido coartada por el CONACYT.
