GHREN reitera graves violaciones y abusos contra los derechos humanos de universitarios en Nicaragua
Desde Aula Abierta saludamos el trabajo del GHREN Nicaragua sobre las graves violaciones a la libertad académica en Nicaragua. Hacemos eco de sus denuncias donde identifica a los estudiantes, profesores y comunidad universitaria como uno de los principales grupos víctimas de violaciones a derechos humanos en Nicaragua.
El GHREN estableció señaló que el movimiento estudiantil había desempeñado un papel crucial en las protestas de 2018 y era considerado una amenaza por el Gobierno. Las y los estudiantes sufrieron violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, incluyendo de sus derechos a la vida, a la libertad y la seguridad personales, a la integridad personal, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión y asociación.
El impulso del movimiento estudiantil se hizo particularmente evidente cuando se unieron a la mesa instalada por la Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional, liderada bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en mayo de 2018.
Para el presente informe, el Grupo profundizó su investigación sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos contra estudiantes universitarios, docentes y autoridades académicas, y el asalto a la autonomía universitaria en su conjunto, que fueron determinantes en el desmantelamiento de la universidad como espacio para las voces críticas organizadas de estudiantes y académicos.
El GHREN denuncia que muchos estudiantes, especialmente sus líderes, han sido detenidos arbitrariamente y procesados sobre la base de acusaciones falsas o fabricadas y sin el debido proceso. Varios de ellos también fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Siete dirigentes estudiantiles formaban parte del grupo de 222 víctimas expulsadas arbitrariamente del país y privadas de su nacionalidad en febrero de 2023. Dos de ellos habían participado en los diálogos nacionales de 2018 y 2019.
Asimismo, indica que muchos estudiantes han sido expulsados arbitrariamente de sus universidades, por causa no sólo de las autoridades sino también de grupos alineados con el Gobierno, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Los estudiantes también han sufrido hostigamientos y amenazas por parte de autoridades y grupos no estatales alineados con el Gobierno y se les ha negado el acceso a sus expedientes académicos y certificaciones, lo que les ha impedido continuar sus estudios.
Las acciones represivas del Gobierno también afectaron a profesores y personal académico que apoyaron a los estudiantes durante las manifestaciones o eran considerados opositores al Gobierno. Cientos de profesores universitarios fueron despedidos entre mayo de 2018 y diciembre de 2023, sin el debido proceso, y sin la posibilidad de apelar la decisión y/o recibir una indemnización. Varios profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Muchos se vieron obligados a huir del país teniendo motivos fundados para temer una detención arbitraria. A otros se les impidió regresar a Nicaragua.
El informe resalta que en diciembre de 2021, la Asamblea Nacional comenzó a cancelar la personalidad jurídica de las universidades. A finales de 2022, esta tarea fue asumida por el Ministerio del Interior, antiguo Ministerio de Gobernación. Se cancelaron 38 instituciones de enseñanza superior, lo que supuso el cierre de casi todas las universidades privadas del país.
Las cancelaciones formaban parte de la estrategia más amplia de las autoridades para destruir el espacio cívico mediante la cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro y partidos políticos, y el cierre forzoso de más de 40 medios de comunicación.
Un ejemplo de ello es el cierre de la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús en agosto de 2023, tras una orden judicial que declaraba que los directores de la universidad habían “transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de Educación Superior, al violentar la paz, la soberanía, independencia y autodeterminación”.
El tribunal ordenó la confiscación de todos los bienes y cuentas bancarias de la Universidad y el Ministerio de Gobernación canceló su personalidad jurídica. También, se congelaron las cuentas bancarias personales de los directores de la Universidad y de la propia institución.
Tres lideresas estudiantiles que protestaban contra el cierre de la Universidad fueron detenidas ilegalmente y, posteriormente, “condenadas”. Los altos directivos de la Universidad y varios miembros del profesorado huyeron de Nicaragua, teniendo motivos fundados para temer una detención arbitraria. Los que permanecen en el país han sufrido discriminación en la búsqueda de un nuevo empleo.
El cierre de la Universidad Centroamericana afectó a más de 5.000 estudiantes que vieron interrumpidos sus estudios de forma abrupta y arbitraria. Muchos no pudieron encontrar alternativa para continuar sus estudios superiores ya que se les negó la inscripción en otras instituciones académicas por su vinculación con dicha Universidad.
En diciembre de 2023, comenzó a funcionar una nueva universidad pública, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, que se creó con los bienes confiscados a la Universidad Centroamericana. El Grupo confirmó que se volvió a denegar la matrícula a muchos estudiantes por su asociación con la Universidad Centroamericana, por ser familiares de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales, o por ser considerados opositores
En total, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDHXX, en agosto de 2023, los derechos a la educación de unos 37.000 estudiantes se habían visto afectados por las cancelaciones. En 2023 se crearon cinco nuevas universidades públicas con el patrimonio de varias de las universidades cuya personalidad jurídica había sido cancelada.
Además de la estrategia de cancelación, en 2022 la Asamblea Nacional socavó aún más la autonomía universitaria y la libertad académica al eliminar el Consejo Nacional de Rectores, que hasta ese momento había estado a cargo de las políticas públicas sobre educación superior.
En su lugar, el Consejo Nacional de Universidades, cuyos directores son todos afines al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, asumió el control del subsistema de educación superior. Para consolidar aún más este control, la Asamblea Nacional decidió en 2023 que el presidente de la República nombraría a los directores del Consejo Nacional de Universidades a partir de entonces.
El Grupo ha confirmado que el desmantelamiento de la autonomía universitaria, junto con la estrategia de cancelación de la personalidad jurídica de universidades y las violaciones de derechos humanos contra líderes estudiantiles, profesores y personal universitario documentadas hasta el momento, han dado lugar a un sector universitario que ya no cuenta con instituciones autónomas. El Gobierno ha logrado suprimir a largo plazo cualquier voz crítica organizada estudiantil y académica en Nicaragua, afectando el derecho a la educación de miles de estudiantes.
