RedProdepaz y Aula Abierta agradecen al GHREN por su informe y reiteran que persiste la represión y cierre del espacio cívico en Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó este jueves 29 de febrero de 2024 un segundo informe sobre la represión en Nicaragua desde el 2018. El grupo destaca pruebas sobre la persecución contra la sociedad civil, los ataques a la libertad académica y el exilio masivo de la sociedad civil ante la constante violación a sus derechos humanos. En este sentido, Redprodepaz y Aula Abierta agradecen al GHREN por su informe y denuncian que persiste la represión y cierre del espacio cívico en Nicaragua.
Las violaciones a la libertad académica han incrementado desde 2021. Más de 27 universidades han sido cerradas, confiscadas y sustituidas por instituciones de adoctrinamiento contra el pensamiento crítico. Asimismo, persiste la afectación de los derechos humanos de la juventudes universitarias.
Las organizaciones alertan que continua la represión de disidentes a través de sus familiares, siendo considerada una práctica reiterada. En 2023, 316 personas fueron declaradas apátridas, confiscados sus bienes y forzados al exilio donde enfrentan normas burocráticas.
Las violaciones a la libertad académica han incrementado, más de 27 universidades fueron cerradas y confiscadas, sustituidas por instituciones de adoctrinamiento contra el pensamiento crítico.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes son afectados por la persecución, criminalización, exilio, violación al derecho a la tierra por la invasión, ocupación ilegal de terceros en complicidad con el Estado y la violación a formas de gobierno legítimas impidiendo consultas previas, la cancelación de Yátama e irregularidades en las elecciones regionales.
El Estado nicaragüense no respeta la vida y los derechos de los presos políticos. Debe cesar la tortura y proceder a su liberación incondicional, el acceso a la justicia para las víctimas y el respeto a sus familias sin criminalizarlas.
La comunidad internacional debe exigir al Estado detener los crímenes de lesa humanidad y respetar los derechos humanos a las personas LGBTIQ+, mujeres y niñez; juzgando a responsables y garantizando la no repetición.
