Advierten que “Ley anti ONGs” busca criminalizar organizaciones de derechos humanos, educativas y culturales
El Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional en enero de 2023, propone establecer un régimen que controla y regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Bajo esta ley, las ONG estarían obligadas a solicitar autorización y acreditación para operar en el país, y podrían enfrentar persecución y criminalización por parte del gobierno si no cumplen con las medidas abusivas establecidas.
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Eduardo Trujillo, el proyecto de Ley busca “cerrar” el espacio cívico en Venezuela e imponer mayores limitaciones al derecho de la libertad de asociación de las organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela.
“El proyecto de Ley no solo afectaría a las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos, también a las relacionadas con derechos a la educación, culturales, beneficencia social, asistencia humanitaria”, afirmó Torres durante una entrevista en Aula Abierta Radio el jueves 18 de enero de 2024.
Torres aseguró que el hecho de que las organizaciones civiles reciban financiamiento de fuentes extranjeras, es lo que las convierte en independientes del Estado. “Si todo depende del financiamiento estatal hay muchos riesgos porque entonces las organizaciones deben ser complacientes con el Estado y no reivindicarían el principio de independencia de las organizaciones”, agregó.
Mario D´Andrea: Es imposible que las asociaciones civiles pongan en riesgo la estabilidad de la nación
Para Mario D´Andrea, codirector ejecutivo de Civilis DDHH, el gobierno miente al afirmar que “no existe control o registro de las organizaciones y fundaciones” en Venezuela. “Esto es falso porque toda asociación civil está registrada en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y tiene su acta constitutiva de manera regular”, afirma D´Andrea al advertir que, desde los últimos años, el Estado viene generando restricciones arbitrarias para que nuevas organizaciones civiles puedan constituirse en el país.
Otro de los argumentos “falsos” que emite el gobierno para llevar a cabo la ley “anti ONG” es que responsabiliza a las asociaciones civiles con actos de “delincuencia organizada, terrorismo, injerencia extranjera y lavado de activos”.
“Esto también es falso porque en la propia evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional publicado en marzo de 2023, tras reunirse con integrantes del Estado venezolano, el Estado señaló que el acceso a financiamiento internacional por parte de las asociaciones civiles es minúsculo.”, agrega D´Andrea al precisar que “es imposible que este minúsculo grupo ponga en riesgo la estabilidad de la nación”.
Desde Aula Abierta alertamos que el Proyecto de Ley “anti ONG” es una amenaza para la sociedad civil y las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, así como también a aquellas que defienden el derecho a una educación libre y de calidad. Además, podría ser utilizada como una herramienta para legitimar la persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos.
La aprobación de la Ley Anti ONG en Venezuela representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y la libertad de asociación en el país, y es motivo de preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
