Negación de récords académicos como arma de represión política contra universitarios nicaragüenses
La supresión y negación de récords académicos contra estudiantes universitarios críticos del gobierno de Daniel Ortega persiste en Nicaragua como una práctica inédita en Latinoamérica contra la libertad académica implantada especialmente desde las protestas de abril de 2018 en las universidades bajo el control del gobierno o afectos a éste.
Desde 2018, Aula Abierta viene documentado casos que reflejan que se trata de una práctica que se repite de forma generalizada sistemáticamente contra universitarios considerados como “opositores políticos” o activistas críticos del gobierno de Ortega-Murillo, a quienes se le aplica como represalia y mecanismo intimidatorio como consecuencia de su participación en agrupaciones estudiantiles críticas al gobierno o en las protestas antigubernamentales. Los blancos de ataques han sido principalmente líderes o lideresas de los movimientos estudiantiles no afectos a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).
Aula Abierta ha documentado distintos casos sobre supresión de registros, notas o documentos académicos a estudiantes nicaragüenses críticos. Resaltan casos de estudiantes víctimas que han solicitado información a los centros universitarios pero se les ha cuestionado sobre el por qué y para qué quieren su registro académico; asimismo se destacan denuncias de quienes siendo abiertamente críticos al gobierno son víctimas de retenciones de documentos o retardos injustificados con excusas; así como otros casos de estudiantes que afirman que les rebotan sus solicitudes con miembros de UNEN condicionando la obtención de la documentación al cumplimiento de actividades de adoctrinamiento o actividades partidarias. Se han documentado denuncias más graves contra la libertad académica y derechos conexos de estudiantes que fueron expulsados como represalia contra su activismo crítico, quienes además han sido víctima de la supresión o el borrado de sus registros académicos dejando el efecto equiparable a que nunca hubiesen estudiado en ese recinto.
El ejercicio de la libertad académica como derecho humano y del derecho a la educación implica que ningún universitario pueda ser objeto de represalias ni discriminación para impedirle la obtención de documentos académicos tales como títulos, certificados de notas, constancias académicas a consecuencia de su participación en el debate crítico o en protestas relacionadas a la universidad o centro educativo o relativas a la situación que involucre la vida social o política de la nación.
Aula Abierta ha documentado denuncias sobre la referida práctica generalizada que involucra violaciones y negaciones a derechos estudiantiles para el acceso y validación de registros académicos y la certificación de procesos académicos.
En varios casos, donde los estudiantes universitarios que denunciaron haber sido víctimas de discriminación luego de participar en protestas o por pertenecer a agrupaciones estudiantiles críticas de la UNEN o del gobierno de Ortega, quienes lograron tener acceso a la mayoría de sus registros académicos denunciaron ser víctimas de algunas trabas por parte de las entidades universitarias que no entregaron toda la documentación requerida por universidades internacionales para que los mismos pudieran continuar con sus estudios en el extranjero.
En algunos casos donde a los estudiantes, a pesar de ser o no expulsados formalmente, se les eliminó por completo las notas y registros académicos. Por ejemplo, Josué Rocha ex-estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) afirma que “luego de mi secuestro eliminaron mi perfil académico, no tengo ningún registro académico, ni notas. Lo único que tengo es mi carnet de que fui estudiante de UNAN – Farem Matgalpa”. Yefri Palma, expulsado de la UNAN- Farem Matagalpa y excoordinador de UNEN afirmó que “las primeras semanas, aun siendo expulsado, si pude lograr obtener mi record de estudiante de la UNAN notas, clases, etc. Luego ya todo estaba anulado en el portal estudiantil”.
El rol del ministerio de Gobernación (MIGOB) y Cancillería en el acceso y negaciones de documentación estudiantil y apostillado
Denuncias reiteradas señalan como perpetradores de las referidas violaciones contra la libertad académica al personal de las universidades y a funcionarios del Ministerio de Gobernación (MIGOB), así como de la propia Cancillería.
Aula Abierta documentó el caso de dos estudiantes, quienes tuvieron acceso a sus registros de notas completos por parte de la Universidad donde cursaron estudios, pero luego ante la Cancillería de Nicaragua fueron víctimas de la negación del trámite de apostillado, gestión requerida para convalidación de notas y estudios en el extranjero. Asimismo, fue recibida la denuncia de un caso en específico de la estudiante de medicina Kathy Matey, a quien el Ministerio de Salud no le brindó constancia y notas de las rotaciones ejercidas en un centro hospitalario, siendo las referidas rotaciones necesarias para ejercer en un futuro la carrera.
Sobre irregularidades graves en el apostillado de sus notas, Augusto Centeno, estudiante expulsado de UNAN-Farem Esteli afirma que “tuve acceso a mis notas, sin embargo intenté apostillar mis notas en la Cancillería, pero debido a mi historial como estudiante expulsado se me negó la certificación”. De forma similar, Ariel Sotelo, estudiante expulsado de la UNAN Leon afirma que: “Le pedí a mi mamá que fuera a apostillar notas y le dijeron que eso era solo personal cuando claramente no es así”.
Patrones sistemáticos de dificultad en el acceso y negaciones de documentación estudiantil
Como se ha mencionado anteriormente a pesar de que algunas de las personas entrevistadas pudieron tener acceso principalmente a sus notas, existen en Nicaragua, otros obstáculos estatales e institucionales bajo el poder del régimen sandinista para perjudicar directamente la vida estudiantil y proyecto de vida de las voces disidentes respondiendo de esta manera a un patrón sistemático, organizado y estructural en el daño al estudiantado por represalia política.
En relación a algunos de estos patrones o prácticas que dificultaron o imposibilitaron el acceso a las notas académicas y registros de los estudiantes, resaltan los casos de algunos estudiantes entrevistados que fueron expulsados de los recintos universitarios, a quienes debido al contenido textual de la resolución de su expulsión, se les prohíbe acercarse al recinto universitario, por lo tanto con esa prohibición se les impide realizar trámites personalmente como retirar sus registros académicos cuando aún permanecían en el país. Lo más contradictorio es que la propia institución exige la presencialidad para realizar tales trámites.
El 12 de septiembre de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) denunció ante la 54° Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la escalada de ataques, la supresión y negación de documentos a universitarios para culminar sus estudios por parte de las autoridades de Nicaragua
Por otra parte, Aula Abierta documentó varios casos de estudiantes entrevistados por razones de persecución ilegal, sostenida y sistemática por la Policía Nacional, grupos paraestatales afines al gobierno y las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes se vieron obligados a huir del país y esto no les permitió poder solicitar personalmente sus notas y certificados académicos. En otros casos, familiares de estos estudiantes, que se vieron obligados a salir del país, intentaron solicitar los registros académicos pero les fue completamente negada esa solicitud bajo el alegato que la gestión debía realizarse personalmente por el estudiante. Allan Gómez, excarcelado político y estudiante de UPOLI afirma que: “mi mamá fue y lo que le dijeron es de que para poder brindarme las notas tengo que ir yo personalmente ya que están priorizando a las personas que se encuentran aún dentro del recinto”.
En relación a los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) que pasaron a la Universidad Americana (UAM), que es la universidad del ejército, los cuales luego de ser aceptados el primer día de clases fueron expulsados de la nueva universidad donde se habían matriculado para exigirles regresar a la confiscada UCA, que actualmente recibió el nombre de Universidad Nacional Casimiro Sotelo.
