Los responsables de las violaciones contra los derechos humanos de los universitarios nicaragüenses deben rendir cuentas
A 5 años de las protestas estudiantiles de 2018 en Nicaragua, los reclamos por libertad, democracia y respeto a los derechos humanos y la libertad académica siguen siendo las banderas que enarbolan miles de estudiantes que fueron víctimas de las graves violaciones a tales derechos por parte del régimen de Daniel Ortega y todo el aparato político-represor que introdujo en las universidades.
Las manifestaciones que comenzaron en abril de 2018 fueron lideradas principalmente por las y los estudiantes universitarios, quienes salieron a las calles en busca de reformas democráticas, justicia social y el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue desproporcionada y violenta, dejando como resultado un gran número de víctimas, detenciones arbitrarias y torturas, esto; sin lugar a duda, ha dejado una huella imborrable en la sociedad nicaragüense.
Las universidades, bastiones de una rebelión estudiantil
La Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) es considerada uno de los bastiones de la rebelión de abril, la cual permaneció tomada por las y los universitarios durante 52 días y fue objeto de una violenta represión por parte de agentes de seguridad del Estado. El ente académico fue entregado el 9 de junio de 2018. Producto de la “Operación Limpieza”, ejecutada por agentes estatales y paraestatales, en la que levantaron barricadas y tanques. Posterior a ello, las siguientes medidas represivas contra la comunidad universitaria fueron las investigaciones secretas, expulsiones y desaparición de estudiantes, así como despedido de docentes y trabajadores administrativos que no fueron parte de la represión instaurada.
En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua y UNAN León), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria (UNA), se dieron expulsiones y despidos arbitrarios de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. A través de las autoridades y dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), violentaron la autonomía universitaria y la legislación nacional establecida en Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley N°89).
Los señalados como perpetradores de violar los derechos humanos de universitarios
Las organizaciones de derechos humanos han reclamado a las autoridades de Nicaragua iniciar investigaciones concretas para procesar y condenar a los responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos.
En testimonios revelados por el Libro Blanco “Las evidencias de un Estado totalitario: violaciones a los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua” publicado en marzo de 2021, se evidencia que las y los estudiantes han sido protagonistas de hechos de los cuales nunca debieron serlo. Ellos señalan directamente a rectores, decanos y dirigentes de UNEN de haberse coludido e infiltrar a allegados para levantar listados de quienes participaron en las protestas. La presidencia de UNEN en 2018 estaba a cargo de Luis Andino y continuó en ella hasta 2020, cuando se vio obligado a renunciar, en medio de denuncias por supuesta malversación de fondos y nepotismo para mantener el control de esta instancia.
Sin embargo, la presunta malversación de fondos, corrupción y la desobediencia política, además de la presión de académicos, estudiantes y operadores políticos acabaron con el poderío de Andino quien se vio obligado a abandonar el cargo como presidente de la UNEN en 2020. En su lugar, Leonel Bonilla tomó las riendas de la presidencia interina del brazo opresor del régimen de Ortega contra las universidades.
En Aula Abierta recibimos la información de la designación de Karen Alexandra Martínez Barraza en como la nueva presidenta estudiantil UNEN/UNAN-Managua desde abril de 2023.
Algunos estudiantes lograron identificar a quienes los pusieron en esas listas. Entre los nombres mencionados están: Ramona Rodríguez y Flor de María Valle, rectoras de la UNAN Managua y UNAN León, respectivamente. Así como Melkin López, presidente de la Facultad de Enfermería, UNAN Managua, Julio Castellón, presidente de UNEN en FAREM Matagalpa, Beberli Castillo y Máximo Rodríguez, Decano de la FAREM de Estelí.
Ramona Rodríguez sigue al frente de la UNAN Managua e incluso fue “premiada” por su actuación y lealtad al régimen de Daniel Ortega con la presidencia del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Recientemente, compareció con la intervención de la Universidad Centroamericana (UCA) al felicitar a las nuevas autoridades adeptas al régimen de Ortega e informó en una entrevista a medios oficialistas que los alumnos harán “pagos simbólicos” por prematrícula, matrícula y otros cursos en el recinto intervenido, ahora llamado “Universidad Casimiro Sotelo”.
Las y los estudiantes también mencionan a Elvin Arancibia, docente de la Facultad de Contabilidad, Israel Guerrero o Guevara, docente de la Facultad de Economía, Wilson Amador, exdirigente estudiantil y estudiante de Maestría de Desarrollo Sostenible, Jorge Prado, estudiante de Maestría en Finanzas, quien trabaja en un distrito del FSLN en Managua, Álvaro Guido, director de Escuela de Contabilidad Pública y Finanzas, Leonora Rodríguez y Elcy López, vice decana y decana, de la Facultad de Economía, respectivamente.
Igualmente, resaltan los nombres de León Walter Malta, dirigente estudiantil, Fernando Montes, dirigente del Centro Universitario de la Universidad Nacional UNAN-León (CUUN), Mariano Pizarro, uno identificado como alias El Chile y Carlos Carrillo, de la Asociación de Derecho, en UNAN León, Carlos Hernández, vicepresidente del CUUN de León y el Rolando Meza.
Las rectoras Ramona Rodríguez y Flor de María Valle, de la UNAN Managua y la UNAN León, respectivamente, fueron vistas como parte de la comisión del gobierno en el Diálogo Nacional, “ellas son coactoras y cooperadoras necesarias de la represión al sector estudiantil y han permitido las violaciones a la autonomía universitaria, como el ataque de la Policía Nacional, por dieciocho horas, a los atrincherados en el recinto universitario Rubén Darío, el 13 de julio de 2018, con un resultado de dos jóvenes asesinados”, destaca un Informe sobre violación de los derechos humanos y educativos a los estudiantes y docentes universitarios en Nicaragua 2018-2019, de La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Estos hechos demuestran que lo ocurrido en las universidades públicas de Nicaragua forma parte de la represión ejecutada por el régimen como ocurrió en otros sectores de la sociedad civil, por el hecho de disentir y que a más de cinco años los procesos de asedio y persecución en contra de estudiantes aún no concluyen en las universidades, al igual que ocurre con otros sectores en el resto del país. Todo esto es el reflejo de una clara y lamentable violación a la Autonomía Universitaria, que ha sido utilizada por las autoridades para justificar las arbitrariedades cometidas.
UNAN -Managua en abril de 2023
La universidad nacional autónoma es un calificativo “vacío de contenido”
Para el exrector universitario y abogado, Carlos Tünnermann, el hecho de que la universidad no ponga distancia del Ejecutivo Nacional, incide en que “la universidad, dejó de ser un centro de pensamiento independiente, que la autonomía no garantiza la libertad de cátedra, entonces podrá existir, se puede llamar Universidad Nacional Autónoma, pero ya solamente es un calificativo vacío de contenido”.
“De manera que, si una universidad pierde su autonomía, o se degrada su autonomía o no la ejerce a plenitud, es una universidad que no está cumpliendo la misión que la sociedad espera de ella, que sea pues el reducto de inteligencia lúcida del país y que sea capaz de pronunciarse sobre la problemática más importante que afectan a la sociedad a la cual sirve esa universidad”, dice el doctor Tünnermann.
Actualmente, “no hay autonomía. Las universidades están al servicio del partido de gobierno, y a las directrices del Ejecutivo. Y tan es así, pues, que ya vimos como expulsaron a los muchachos que habían participado en la rebelión cívica de abril, vimos también a las rectoras de las universidades estatales y al rector de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), participando en el Diálogo Nacional en la banca del gobierno. (…) y luego frente a todas las cosas que han ocurrido las universidades se han vuelto un reducto donde no se puede el ingreso previo”, lamenta el experto.
Por su parte, el rector Ernesto Medina comparte la preocupación del doctor Carlos Tünnerman, al considerar que “en el momento actual la autonomía universitaria está en la mayor crisis de su historia desde que fue introducida en 1958 (…) creo que nunca ha habido tantos atropellos y tanta intervención a la universidad por parte de fuerzas externas sobre todo políticas como en estos últimos años”.
“Yo siempre digo en mi experiencia personal, yo viví los años de oro de la universidad que fueron poco después de la muerte del doctor (Mariano) Fiallos, la rectoría del doctor Carlos Tünnermann que le tocó implementar la reforma académica de Fiallos Gil, inspirada en la idea de la autonomía, la universidad que viví era realmente una universidad libre desde la oferta académica que teníamos, la combinación de clases humanistas con clase científica”, explica Medina.
Igualmente rememora Medina, las primeras elecciones de rectores cuando ya la universidad contaba con autonomía, fueron “muy limpias, con una discusión muy académica y política, que ahora se han perdido totalmente”.
Violaciones documentadas
Homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, maltratos, persecución, hostigamiento, entre otras prácticas macabras forman parte del manual de represión y violencia puesto en práctica por el régimen de Daniel Ortega contra las y los estudiantes desde abril de 2018.
Múltiples organizaciones de derechos humanos han registrado cifras de estudiantes universitarios que fueron asesinados y heridos gravemente durante las protestas por fuerzas de seguridad y grupos armados afines al gobierno.
Cientos de estudiantes fueron detenidos sin justificación legal y enfrentaron condiciones inhumanas y tratos crueles en centros de detención. Igualmente, los testimonios de estudiantes sobrevivientes revelaron las vejaciones como tortura física y psicológica mientras estaban bajo custodia de autoridades.
Muchos/as de las y los estudiantes también fueron objeto de persecución y hostigamiento por parte de agentes estatales, incluso después de las protestas, así como expulsión arbitraria de sus universidades, lo que originó el destierro y la migración de muchos de ellos, en un contexto de intimidación y miedo generalizado.
El 20 de agosto de 2018, el secretario general de la UNAN Managua, Luis Alfredo Lobato dirigió carta al director de registro Académico César Rodríguez informando de resolución de expulsión a 82 estudiantes emitida por Consejo Universitario por supuestas “graves” violaciones al Código de Ética Institucional y al Reglamento de Disciplina Estudiantil. A parte de esta comunicación oficial, no existe un registro actualizado del número total de estudiantes expulsados en el contexto de las protestas.
No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del informe de junio de 2019, del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), indica la expulsión de 144 estudiantes “como represalia”. Por su parte, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), en su Informe sobre violación de los derechos humanos y educativos a los estudiantes y docentes universitarios en Nicaragua 2018-2019 registra 147 casos de universitarios expulsados en todo el país.
Según el informe manifiesta “una gran cantidad de estudiantes activistas sociales, de las universidades estatales fueron expulsados arbitrariamente de sus carreras, por el simple hecho de expresar su inconformidad con el actuar del gobierno y las autoridades institucionales; sin un proceso disciplinarios, o justificación real para su expulsión. Sin derecho de retirar su documentación académica tanto digital, como en físico, estos estudiantes están a la intemperie, sin estudios y con años de esfuerzo perdido, dilapidados por las universidades controladas políticamente por el gobierno y sin rumbo exacto de lo que sigue por haberse opuesto a un sistema totalitario antijurídico”.
Según el informe de la CUDJ “una gran cantidad de estudiantes activistas sociales, de las universidades estatales fueron expulsados arbitrariamente de sus carreras, por el simple hecho de expresar su inconformidad con el actuar del gobierno y las autoridades institucionales; sin un proceso disciplinarios, o justificación real para su expulsión. Sin derecho de retirar su documentación académica tanto digital, como en físico, estos estudiantes están a la intemperie, sin estudios y con años de esfuerzo perdido, dilapidados por las universidades controladas políticamente por el gobierno y sin rumbo exacto de lo que sigue por haberse opuesto a un sistema totalitario antijurídico”.
Este informe también manifiesta “ciento ocho maestros, personal administrativo, fueron despedidos injustificadamente por las estructuras partidarias que controlan las universidades públicas, entre estos una gran cantidad de docentes que asistieron a las manifestaciones y brindaron atención médica inmediata a los heridos, pero estas prácticas anómalas iniciaron desde antes de abril 2018 por la defensa a la libertad de cátedra, categorizándolos de disidentes a las ideologías político partidarias del FSLN”, añade el informe de la CUDJ.
Desmantelamiento de la Universidad Centroamericana (UCA)
En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias y confiscó los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) una de las principales casa de estudio promotora del pensamiento libre en Nicaragua y crítica de las arbitrariedades del régimen. Los ataques a la UCA y violaciones a la libertad académica representan una grave preocupación para la comunidad internacional.
Desde Aula Abierta reiteramos la urgencia que se respete la autonomía universitaria y se detenga todo tipo de represalias y persecución contra la UCA y su comunidad académica, de conformidad con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Medina, Tunnerman, Quezada (2021). Expulsiones fue para descabezar amenazas. Libro Blanco “Las evidencias de un Estado totalitario: violaciones a los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua” (páginas 19-20). https://n9.cl/fwj2d
Tünnermann (2021). Tünnermann: Autonomía está degradada. Libro Blanco “Las evidencias de un Estado totalitario: violaciones a los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua” (página 40, 41 y 42) https://n9.cl/fwj2d
Medina (2021) Tünnermann: Autonomía está degradada. Libro Blanco “Las evidencias de un Estado totalitario: violaciones a los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua” (página 42, 43) https://n9.cl/fwj2d
