Denuncian en la USB prácticas de «terrorismo académico»
José Rangel – Equipo Aula Abierta
Aula Abierta ha recibido denuncias donde advierten que en la Universidad Simón Bolívar (USB) se vive un “terrorismo académico”. Profesores, estudiantes, obreros y empleados denuncian ser constantemente perseguidos por parte de unas autoridades interinas que, en 2021, debieron convocar elecciones en seis meses y luego de dos años siguen aferrados a sus cargos.
Durante una entrevista en Aula Abierta Radio el pasado jueves 13 de abril, el presidente de la Asociación de Profesores de la USB, William Anseume, aseguró que las autoridades universitarias, impuestas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en septiembre de 2021, han violado la libertad de cátedra de los profesores universitarios, así como también los derechos humanos y libertad académica de los estudiantes.
“Actualmente se les exige a los profesores la presencialidad, pero es imposible debido a las condiciones de la universidad. Los persiguen para que demuestren su presencialidad, a pesar de que en el campus el transporte no funciona, los servicios son limitados”, declaró Anseume.
Resaltó el caso de la profesora Nathaly Moreno, quien fue destituida abruptamente como coordinadora de Ingeniería Mecatrónica el 28 de marzo de 2022, por no aprobar las pasantías de unos estudiantes que no cumplían con los estándares exigidos. “Es un ejemplo de violación a la libertad de cátedra porque desconocen la voluntad de profesora de no aprobar a unos estudiantes que resultaron raspaos”, dijo
A un año de la protesta contra las autoridades interinas
Los desacuerdos entre las autoridades decretadas por el gobierno nacional y la comunidad universitaria se intensifican a pesar del tiempo. En abril de 2022, la egresada de Arquitectura, Gabriela Álvarez, expresó sus desacuerdos contra la precaria situación de la casa de estudio, causando que las autoridades interinas como el rector Jorge Sthephany, el vicerrector administrativo, José Hernández y vicerrector académico, Víctor Theoktisto, abandonaran el acto de grado.
El secretario de servicios de la FCE-USB, Yeferson Torres, reveló que las autoridades pretendían regresar al acto de grado bajo la condición que la estudiante no ingresara a este. Torres resaltó que el hecho de abril de 2022 significó una “violación de los derechos” debido a que Álvarez “no pudo vivir un momento tan importante como es compartir con sus compañeros y demás”.
La comunidad universitaria reiteró su rechazo a las precarias condiciones en las que se encuentra la USB, que en septiembre de 2021, debió convocar elecciones en los siguientes seis meses, según lo establece el reglamento, y estamos en 2023 y las autoridades siguen “usurpando un lugar que no les pertenece”.
