Venezuela: Entre desinformación y desconcierto el gobierno alienta el sistema paralelo universitario
La opacidad en el acceso a la información funciona como política de Estado en Venezuela, en un nivel donde los datos recopilados no son certeros, o los que se tienen muchas veces son contradictorios. En relación a temas como la deserción estudiantil, información relacionada a las universidades en general, el gobierno nacional puede informar algo y en otras oportunidades decir justamente lo contrario. Es por esta razón que las organizaciones de la sociedad civil deben acudir a distintas fuentes de información realizando entrevistas y aplicando instrumentos a distintos actores que aportan información importante, aunque ésta no sea la oficial.
En el informe preliminar “Intervencionismo del poder ejecutivo en las universidades públicas venezolanas (2003-2022)”, hecho por el equipo de investigación de Aula Abierta para detallar cuántas universidades hay en Venezuela, se realizó un “registro preliminar” de las universidades públicas existentes a nivel nacional”. Se identificaron un total de 86 universidades públicas, de las cuales 5 son públicas autónomas como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad de Carabobo (UC). Junto a éstas, deben mencionarse los casos especiales de la Universidad Simón Bolivar (USB) y la Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado (UCLA). Treinta y uno (31) pertenecen al sistema paralelo de educación superior creado por el Ejecutivo Nacional, a través de las Misiones Sucre y Alma Mater; y cincuenta (50) son experimentales, de las cuales al menos treinta (30) han sido intervenidas por el gobierno nacional
En la región Andes, se cuenta con un total de 11 universidades públicas, de las cuales 1 es pública autónoma, 5 pertenecen al sistema universitario paralelo y 5 son experimentales y se encuentran, en su totalidad, intervenidas por el gobierno nacional.
En la región Occidente, se tiene un total de 18 universidades públicas , de las cuales 1 es pública autónoma , 8 pertenecen al sistema universitario paralelo y 9 son experimentales, sin embargo, 6 de ellas se encuentran intervenidas por el Estado venezolano.
En la región Centro, se registró un total de 40 universidades públicas, de las cuales 2 son públicas autónomas, 9 pertenecen al sistema universitario paralelo y 29 son experimentales, de las cuales al menos 15 se encuentran intervenidas por el gobierno nacional.
En la región Oriente, se logró identificar un total de 17 universidades públicas, de las cuales 1 es pública autónoma, 9 pertenecen al sistema universitario paralelo y 7 son experimentales, de las cuales al menos 4 se encuentran intervenidas por el gobierno nacional.
Deserción estudiantil
Con respecto a la cantidad de estudiantes que hay actualmente en las universidades, es importante destacar que 31 universidades fueron creadas por el Gobierno mediante la política del sistema paralelo de universidades y de las 50 universidades experimentales, al menos 30 han sido intervenidas por el mismo gobierno nacional, lo cual favorece la opacidad de la información y falta de acceso a la data no solo en cuanto al número de estudiantes sino también de la nómina de profesores.
En general la información no está disponible. La trayectoria de alguna de las universidades creadas es desconocida, inclusive sus sedes físicas no se conocen en algunos casos. En Venezuela no hay acceso libre a la información pública prácticamente de ningún organismo del Estado.
Al revisar algunas fuentes secundarias en internet, encontramos una data que no está avalada por ninguna autoridad, por eso también se nos dificulta conseguir información de deserción estudiantil y profesoral.
En relación a las universidades autónomas, el temor de las autoridades también ha impedido que den cifras en concreto. Recientemente, Aula Abierta publicó informe preliminar “Universitarios de la salud en riesgo: Violaciones a la libertad académica y educación de calidad (2017-2022)”, dónde se manifiestan diversas preocupaciones y luego la Universidad Central de Venezuela, emitió algunas cifras de sus estudiantes de posgrado y pregrado de medicina.
Sin embargo, el rector de la Universidad de los Andes (ULA), Mario Bonnucci, aseguró en una entrevista en Aula Abierta Radio el 12 de enero de 2023, que en 2016 la universidad tenía 48 mil estudiantes y en este 2023 cuentan con apenas 25 mil estudiantes. Bonucci relacionó la baja de la matrícula estudiantil con la falta de presupuesto que desde 2018 ha dejado sin recursos, comedores, servicios de transporte y salud a los universitarios.
Un éxodo sin precedentes de académicos venezolanos
En la investigación denominada Académicos en el exilio realizada por el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, al lado de la investigadora Lizzy van Djijk, quienes entrevistaron a 230 académicos venezolanos que han migrado del país, se identificaron tres flujos migratorios diferentes.
El primer flujo se produjo entre 2007 y 2013, tras la reelección del ex presidente Hugo Chávez, que impulsó una reforma constitucional. Este período ha sido descrito por varios académicos que fueron entrevistados como el “inicio de una nueva fase de autoritarismo en Venezuela”.
Este flujo comenzó en un momento en el que empezó a surgir el caos. Especialmente los académicos colombo-venezolanos que tienen ambas nacionalidades (colombianos que habían huido a Venezuela en años anteriores debido al conflicto interno) regresaron a Colombia.
El segundo flujo migratorio que identificó la investigación comentada fue entre 2014 y 2019. Este fue causado por las graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014 y 2017 y el agravamiento de la emergencia humanitaria con escasez de alimentos y medicinas. Además de los becarios con doble nacionalidad, más becarios se vieron obligados a abandonar el país debido a las violaciones de los derechos humanos y a la situación humanitaria.
La tercera oleada se produjo entre 2019 y 2020. Las razones aducidas, durante las entrevistas realizadas en la investigación referida, fueron el empeoramiento constante de la situación humanitaria, incluido el colapso de los sistemas eléctricos y los servicios públicos en todo el país.
Aunque la situación socioeconómica afecta en gran medida al sistema educativo y de investigación en Venezuela, el Ministerio de Educación Superior no ha presentado “Informes Anuales de Rendición de Cuentas” creíbles desde 2016. Al parecer, se trata de una política pública de no informar y desinformar, plegada entre muchos casos de información sin sustento e información que incluso se demuestra contradictoria. Adicionalmente, no existe información confiable sobre cuántos académicos venezolanos han emigrado. Un estudio estadístico de Requena y Caputo (2016) señala que el 13% del total de investigadores del país se han visto obligados a abandonar sus puestos de trabajo. Sin embargo, se estima que las cifras son mucho mayores.
Lamentablemente la cifra al 2023 continúa la tendencia reportada en la referida investigación. Entre 2017- 2020, se registraron niveles alarmantes de deserción de profesores de entre 30 y 50 %, según estudios del año 2019 de organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario dentro de América Latina.
La renuncia y solicitudes de permisos por años sabáticos por parte de los profesores en las universidades se volvieron recurrentes. En 2019, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ubicó la deserción de profesores universitarios en 40 % desde 2013. El Informe “Free to Think” de The SAR (2020) señala que para 2019, aproximadamente 50 % de los profesores de todas las universidades venezolanas se han ido del país.
Asimismo, el 30 % de los investigadores del país (que trabajan en laboratorios o centros de investigación) habrían emigrado para abril de 2019. En 2018, las restricciones presupuestarias y la migración de investigadores habrían dejado paralizados o abandonados el 77 % de los laboratorios en Venezuela, incluidos laboratorios que hasta hace poco eran importantes contribuyentes al sistema de salud pública del país. Esto representa en sí mismo una caída drástica, especialmente en medio de la propagación del Coronavirus.
Plan Venezuela Bella: una amenaza a la autonomía universitaria
Mientras el gobierno nacional desarrolla una política dirigida a mermar la actividad universitaria, asfixiando presupuestariamente, anuncia supuestos planes para acondicionarlas. En el mismo informe preliminar “Intervencionismo del poder ejecutivo en las universidades públicas venezolanas” , Aula Abierta ha denunciado este tipo de prácticas por parte del ejecutivo nacional debido a que es un peligro que puede resultar en otro patrón de violación de la autonomía universitaria como parte de la política de Estado contra las universidades.
La asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional en contra de las universidades es la raíz del deterioro progresivo de sus espacios, dependencias y servicios, afectando sus procesos de docencia, investigación y extensión.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo nacional ha venido diseñando planes de recuperación o ha creado “comisiones” para ejecutar labores de reacondicionamiento de los espacios universitarios. Se constató que a enero 2023 ha creado al menos 2 “comisiones” gubernamentales para ejecutar labores de mantenimiento y/o reacondicionamiento de los espacios universitarios en la UCV y la UDO.
Sin embargo, el mantenimiento de los espacios universitarios es una actividad propia de la autonomía de las universidades, por lo cual debe ser efectuado a partir de la asignación integral del financiamiento a las universidades, conforme a su autonomía protegida por Ley, por lo tanto, estas acciones implementadas por el actual gobierno desconocen el derecho de autogobernarse y auto determinarse de las universidades.
Este Plan de la Misión Venezuela Bella, comenzó en las universidades el año pasado. El 19 de octubre de 2022, la presidente de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faria, firmó un convenio con las gobernaciones de los estados Sucre, Anzoátegui y Monagas, para la rehabilitación de los núcleos Anzoátegui, Monagas y Sucre de la Universidad de Oriente y se realizaron algunos trabajos en dichos núcleos. Pero, reiteramos, estas situaciones afectan la autonomía universitaria.
