Restricciones migratorias como medida de ataque contra la comunidad universitaria en Nicaragua
Desde las protestas del 2018 en Nicaragua, en las cuales participó gran parte de la comunidad universitaria, el Gobierno de Daniel Ortega perfeccionó sus ataques contra profesores y estudiantes por ser partes de espacios para la producción del conocimiento científico y crítico. Una de sus medidas más recientes son las restricciones migratorias impuestas a académicos y universitarios, lo cual constituye una violación a la libertad académica.
A finales de septiembre se le impidió la entrada a su país al vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA) y Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, el académico Jorge Huete, quien regresaba de un viaje desde Argentina, donde asistió a un evento en representación de la Academia de Ciencias, cuando fue informado en Panamá que no podría abordar el vuelo a Nicaragua.
El impedimento de ingresar a tierra nicaragüense impuesto a Huete, reconocido por ser Biólogo Molecular con más de 30 años de trayectoria, se da en el contexto de la emisión de un permiso migratorio que restringe la movilidad de los universitarios, académicos y extranjeros que visiten universidades en Nicaragua.
En agosto del 2022, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, envió a los rectores de las universidades del país una comunicación en la cual se les informaba que con fundamento al artículo 58 de la Ley N°89, se establecía entre las atribuciones del CNU “requerir a las IES (Instituciones de Educación Superior) la información que considere necesaria para su mejor desempeño y el de la Educación Superior. (…)”. Esta atribución fue establecida de manera muy amplia, por lo que puede ser invasiva y resultar en una intromisión para la comunidad universitaria; un claro ejemplo de ello es la imposición migratoria.
Además, la circular informaba a los rectores universitarios lo siguiente: “(…)con el interés de conocer el movimiento migratorio del personal docente, administrativo y directivo de esa comunidad educativa, así como del personal académico y científico que recibe la Universidad en ocasión de eventos y/o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo, atentamente les solicitamos que formalmente nos informen de las entradas y salidas del país con al menos siete días por adelantado. (…)”. Con esa circular se imponía un permiso migratorio especial para los universitarios nicaragüenses.
Para este permiso, según la comunicación del CNU, se debían proporcionar información de identificación personal del solicitante: Documento Nacional de Identificación, país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo de la visita, duración de la visita, puerto de entrada o de salida.
Posteriormente, en septiembre del 2022, se conoció que el CNU envió una nueva comunicación a los rectores de las universidades en Nicaragua, con la finalidad de ser una circular aclaratoria de la enviada en el mes de agosto del mismo año, según la cual se amplía la aplicación del permiso de la siguiente forma: “Me permito hacer las siguiente aclaraciones del personal que deben incluir: 1 Los estudiantes; 2 asesores extranjeros que visitan la universidad, 3 Salidas del país por asuntos personales, tales como turismo, visitas familiares, vacaciones entre otras, del personal Directivo de todos los niveles de las universidades”.
Asimismo, se amplía el tiempo anticipado en el cual se debe pedir el permiso antes del viaje: “4. La planificación debe ser por 30 días anticipados a la fecha de realización del movimiento migratorio de que se trate”. Es decir, el requisito de solicitarse una semana previa al movimiento migratorio establecido en la circular anterior, se amplió a un mes de anticipación.
Las restricciones migratorias a los universitarios en Nicaragua son un nuevo ataque dentro de la práctica continuada de transgresiones a la libertad académica por el Estado nicaragüense, pues el permiso limita el intercambio de ideas y conocimientos académicos y críticos en el país.
Sobre ello, los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su principio XIV, referente a la protección de la movilidad y cooperación internacionales establece: “La libertad académica incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin importar las fronteras. Siendo el intercambio académico internacional, incluidas las conferencias, investigaciones, estancias de investigación, intercambios y reuniones académicas, aspectos fundamentales de la vida académica y expresiones necesarias de la libertad académica”.
El mismo principio impone a los Estados una obligación de no interferir ni transgredir este derecho de la siguiente manera: “los Estados no impedirán arbitrariamente que las personas salgan o entren en sus fronteras con el fin de limitar o detener el intercambio o la circulación transfronteriza de ideas, la recolección de información con fines académicos y promoverán la movilidad y la cooperación académica internacionales”.
Por esto último, imponer la restricción migratoria descrita a los universitarios y a cualquier asesor o académico externo que pueda recibir la universidad aún con ocasión de un evento o programa académico, es una transgresión al derecho humano de la libertad académica de los nicaragüenses.
Deportados sin salir del aeropuerto
Estas medidas también perjudican a la comunidad universitaria para formarse en materia de Derechos Humanos. En entrevista para Aula Abierta, la abogada y defensora de derechos universitarios, Christy Martínez, explicó que muchos estudiantes y docentes “aún forman parte de la masa crítica en el país que han ganado intercambios o la posibilidad de participar en concursos internacionales que les permite formarse en materia de Derechos Humanos o participar en actividades de la misma línea, lo que fortalece sus experiencias y habilidades”, por lo cual “la restricción migratoria les frena la oportunidad de crecer y aprender en un entorno competitivo y sano”.
Martínez también informó sobre deportaciones a personas que solicitaban entrar a Nicaragua con fines académicos. “Algunos fueron deportados sin que siquiera hayan salido del aeropuerto y sin que exista una justificación válida para dicho proceso, por cuanto el Gobierno en su afán de controlar lo que se ve y lo que se habla de Nicaragua, crea una restricción que obliga a quienes forman parte de la universidad a reportar a quién invitan al país y quién sale, los motivos y prácticamente lo que van a decir. Impidiendo cualquier posibilidad de relatar más allá de lo que ellos esperan”, expresó.
Cesar a los ataques
El Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios (OLLADU) de Aula Abierta ha documentado que las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad, se han agravado en Nicaragua durante los últimos años.
El 13 de septiembre David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, habló ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, a quien le pidió que exija al Estado de Nicaragua respetar los derechos humanos de las y los universitarios. “Solicitamos que se exija al Estado: 1) Cesar los ataques contra los universitarios. 2) Investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos. 3) Implementar medidas para la no repetición y reparación”, sentenció.
