CIDH: proyecto de Ley de Empleo Público amenaza la autonomía universitaria en Costa Rica
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2021 a través de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) afirma que el proyecto de Ley de Empleo Público comporta un caso de violación a la autonomía universitaria.
La REDESCA expresa su preocupación por lo que sería un “caso que amenaza a la autonomía de las universidades costarricenses”.
Este pronunciamiento nace a partir del informe “Violaciones a la autonomía de las universidades públicas de Costa Rica ante propuesta de Ley Marco de Empleo Público (Mayo 2020 – Febrero 2021)», presentado por Aula Abierta ante la CIDH.
Precisamente, la REDESCA señala que en junio de 2021 recibieron dicha información sobre el proyecto de Ley de Empleo Público.
“La REDESCA toma nota de que el 17 de junio de 2021, al menos, 15 diputados firmaron una consulta de constitucionalidad al proyecto de Ley Marco de Empleo Público”, expone el informe.
Asimismo, la REDESCA subraya que el proyecto impone a las instituciones públicas del país, incluyendo a las universidades estatales, un salario global único, en detrimento de los derechos laborales del personal académico de las universidades.
Ante ello, la Relatoría insta al Estado de Costa Rica a “corregir el proyecto de ley luego de que la Sala Constitucional declarará varios artículos inconstitucionales”.
Cabe mencionar que tras la aprobación del proyecto, los sindicatos de trabajadores públicos organizaron protestas alrededor del edificio de la Asamblea Legislativa.
Preocupación por los becados
Por otro lado, la REDESCA también manifiesta su preocupación por la suspensión de un subsidio de conectividad otorgado a estudiantes becados por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante la pandemia de la COVID-19, ya que el sistema de becas socioeconómicas de la UCR permite la permanencia de más de la mitad de la población estudiantil en la educación superior.
“La REDESCA expresa su preocupación frente a este hecho, ya que de acuerdo a la información recibida, el sistema de becas socioeconómicas de la UCR permite la permanencia de más de la mitad de la población estudiantil en la educación superior”, señala el informe.
El pasado 19 de abril de 2021, estudiantes de diferentes puntos del país manifestaron en varias sedes de la UCR, en defensa de los beneficios becarios que se habían otorgado a miles de estudiantes. Esta protesta fue seguida por el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios (OLLADU) de Aula Abierta, que encontró este hecho como una violación a las obligaciones internacionales con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales por parte de Costa Rica, puesto que el Estado costarricense está incumpliendo sus obligaciones de no implementar medidas regresivas en torno a esos derechos, así como de destinar el máximo de sus recursos disponibles para lograr su efectividad.
Cabe destacar que desde el 2019, el gobierno de Costa Rica aplica sistemáticamente reducciones de presupuesto en detrimento de las universidades, además de acciones como la propuesta de proyectos de ley que socavan la autonomía organizativa, administrativa y financiera de las casas de estudio superior.
La CIDH a través de sus relatorías también expuso su preocupación sobre la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en otros países como Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, Brasil y Cuba.
