Arremetida contra la libertad académica: Nicaragua ilegalizó 12 universidades en 24 horas
Al menos 12 instituciones universitarias ilegalizó en 24 horas el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, basando en un presunto incumplimiento de la ley n° 147 sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la Ley n° 977 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Las universidades a las que se le canceló la personalidad jurídica el pasado 2 de febrero son: Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Popular Nicaragüense (UPONIC), Asociación de Estudios Universitarios (UNEC),
Al día siguiente, jueves 3 de febrero, se cancelaron otras instituciones de educación superior: Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Universidad Particular de Ciencias del Mercado, Asociación Universidad Thomas More y Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales.
Asimismo, se canceló la personería a 12 organizaciones sin fines de lucro y se redujo el presupuesto a la Universidad Centroamericana (UCA).
Actores internacionales condenan la actuación del Estado
La relatora especial de la Relatoría Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó la cancelación de la personería jurídica de las universidades.
“Toda la solidaridad con la comunidad académica, frente a este intolerable atentado a libertad académica, autonomía universitaria y derecho a la educación”, escribió a través de la red social Twitter.
Al presidente Daniel Ortega “no le interesa la educación libre”, dijo Tamara Suju, la directora ejecutiva de Casla Institute y delegada de Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional.
Por su parte, políticos en contra de Ortega, abogados, periodistas, músicos, artistas a través de sus redes sociales han manifestado su rechazo a las acciones del Gobierno nicaragüense.
La comunidad universitaria unida en rechazo
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), junto a los movimientos estudiantiles latinoamericanos y organizaciones en pro de la Educación y los Derechos Humanos rechazó categóricamente estos actos que pulverizan la libertad académica en Nicaragua.
Mediante un comunicado, la CUDJ, Aula Abierta y la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos (FEDEHU) repudiaron “la criminalización y el control político” que ejerce el Gobierno de Daniel Ortega.
De manera “ilegal y arbitraria”, Nicaragua limita el acceso a la educación, violentado un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
“Exigimos al Estado de Nicaragua que garantice a los estudiantes universitarios afectados garantías para que puedan finalizar sus estudios universitarios, y demás derechos que les confiere la constitución política de Nicaragua y el derecho internacional de los derechos humanos”, expresa el documento.
Las organizaciones firmantes también expresaron su preocupación por la instrumentalización de las leyes por parte de los poderes del Estado para cerrar universidades por razones políticas.
“La violación sistemática a nuestro marco jurídico, y demás obligaciones que adquirió el Estado en convenios y tratados internacionales en materia educativa, tiene como único propósito imponer un pensamiento único, características de un régimen totalitario”, añade el texto.
Advierten graves consecuencias
Las situaciones expuestas, especialmente el control político en las universidades, agravan los retos a la educación de calidad en Nicaragua, y pueden ocasionar graves consecuencias como: aumento de los índices de deserción estudiantil y profesoral, deficiencias salariales, así como falta de innovación científica y académica. Así lo alertó la comunidad universitaria de latinoamérica.
Esto pudiera tener implicaciones y repercutir negativamente en aumentar la tendencia de los jóvenes a migrar forzosamente o abandonar sus estudios universitarios en busca de mejores condiciones económicas, lo cual pone en riesgo el futuro y desarrollo de Nicaragua.
Instan a revertir las cancelaciones por nulidad
De acuerdo a lo señalado en el comunicado, todas las acciones emprendidas por el Estado nicaragüense son nulas porque “carecen de argumentos jurídicos válidos”.
Por tanto, las organizaciones afirmaron que las cancelaciones deben deben ser revertidas, al igual que las expulsiones arbitrarias y el despido de docentes universitarios desde 2018.
Violación a los Principios Interamericanos
Aula Abierta recordó vía Twitter que la ilegalización y cierre de las referidas instituciones vulneran la libertad académica, según lo consagrado en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la CIDH.
La ilegalización de estas universidades representa una grave violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad, al mermar los espacios para la producción del conocimiento científico y crítico, indispensables en las sociedades democráticas, según lo consagrado en el cuarto principio sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.
El cuarto principio establece que el cierre o la no renovación de acreditaciones de instituciones, bibliotecas, laboratorios u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica, como represalia por disentir de la visión ideológica, económica o axiológica del gobierno, impacta negativamente en la libertad académica.
