Continúan las violaciones a la libertad académica y la protesta pacífica en Colombia

Al menos 5 estudiantes murieron producto de las protestas que se desataron en Colombia debido al proyecto “Ley de Solidaridad Sostenible”, que presentó el Ministerio de Hacienda con el propósito de financiar el gasto público del país. Todavía continúan las amenazas y hostigamiento en contra de los universitarios.

 El 18 de junio de 2021, se dio a conocer la noticia de otro estudiante asesinado. Anteriormente, el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica de Aula Abierta reportó en el informe preliminar “Violaciones a la libertad académica, reunión pacífica y otros derechos humanos de los universitarios en el marco de las protestas en contra de la reforma tributaria a partir del 28 de abril de 2021 (Vol 2)” la muerte de cuatro estudiantes, ahora se sumó una víctima más.

Juan David Muñoz Montenegro, estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle, fue presuntamente asesinado cuando salió de su casa debido a que se encontraba cerca de los disturbios que se registraron nuevamente en el Paso del Comercio en Cali, uno de los puntos del paro nacional de más diferencias y conflictos entre manifestantes y la Fuerza Pública.

Se conoció que fue impactado por un disparo realizado por un hombre vestido de civil que se encontraba cerca de policías durante un enfrentamiento, según declaraciones de manifestantes al medio El Tiempo.

A pesar de que Muñoz no se estaba participando en las protestas sociales, se debe de considerar que el Estado colombiano tiene una obligación internacional de protección de los derechos de quienes protestan como de quienes no son directamente participantes en los hechos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro en su informe Protesta y Derechos Humanos del 2019  que las violaciones a derechos pueden darse: “Cuando la respuesta del Estado da lugar a muertes y lesiones de manifestantes, fundamentalmente por hechos de represión de los agentes públicos o por falta de protección estatal frente a las agresiones de otros manifestantes o de terceros”. De manera que la falta de protección debida a Muñoz representó una violación a su derecho a la vida e integridad personal.

Excesivo uso de fuerza de los cuerpos de seguridad

El 18 de junio, el estudiante de licenciatura de Educación Popular en la Universidad del Valle  y defensor de derechos humanos, José Alejandro Cuéllar fue llevado al Hospital Universitario del Valle (HUV), después de encontrarse en Calimío, donde de acuerdo con la versión ofrecida por defensores de derechos humanos y recabada por el medio de comunicación “El Tiempo”, el joven fue alcanzado por gas lacrimógeno, presuntamente accionado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de apellido Amaya.

Cuéllar fue ingresado de emergencia a un centro médico y someterse a una cirugía.

Amenazas y hostigamientos en contra de universitarios

Durante las protestas motivadas por el paro nacional en Colombia, se conoció públicamente sobre episodios de amenazas y hostigamientos a protestantes y demás miembros de la sociedad civil durante su participación en las manifestaciones.

Una muestra de ello es que según información de la Fundación de Prensa Libre proporcionada a la Defensoría del Pueblo en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio, al menos 233 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro nacional, han sufrido 201 agresiones.

Juan Camilo Silva, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, seccional de Medellín, en entrevista con el equipo de Aula Abierta, manifestó que de las protestas llevadas a cabo en el municipio “El Santuario”, en el Departamento de Antioquia, se enfrentaron a una serie de retos debido a que denomina el espacio como “conservador”, debido a que cuenta con tendencias religiosas muy marcadas.

También señaló que desde que iniciaron las movilizaciones, realizó acciones de incidencia -acompañado de otros estudiantes de universidades públicas y privadas- dentro del municipio “El Santuario” debido a la participación tan cerrada y escasa que mantiene ese lugar, por lo que prefirieron sumar fuerzas y llevar a cabo las protestas y no participar en las masivas que estaban en la capital, y ello conlleva a señalamientos, estigmatizaciones e incluso hubo amenazas por temas políticos.

Es necesario aclarar que las estigmatizaciones y amedrentamientos por parte de terceros también representan violaciones a la obligación de garantía del Estado de Colombia, que según la sentencia de la Corte IDH del caso Velásquez Rodríguez vs Honduras de 1988, estableció que los Estados deben “garantizar” el libre y pleno ejercicio de  los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su  jurisdicción. 

Esta obligación implica el  deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en  general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el  ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar  jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Por otra parte, los estudiantes de la Universidad de Magdalena y participantes de las movilizaciones en Santa Marta y parte del Departamento de Magdalena, Duván Herazo Ferreira, Camilo Camacho Liévano y José Fuentes Rosado, denunciaron que fueron intimidados por hombres armados, por lo que decidieron salir de la ciudad con rumbo a Bogotá por miedo a un atentado contra sus vidas, según refiere el medio El Tiempo.

Herazo Ferreira aseguró que “en el último mes mi integridad física se ha visto amenazada por varios episodios que enfrentó ”. Comenta además que en un inicio se sintió hostigado por parte de civiles que lo seguían de forma permanente en motocicletas y carros, sin embargo, su preocupación aumentó, luego que en los alrededores de su vivienda aparecieran letreros alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar relacionado con el terrorismo y el narcotráfico. .

En el caso de Camilo Camacho, manifestó que fue abordado en la calle por dos sujetos armados que lo apuntaron y le advirtieron que no continuará participando en protestas.

Asimismo, José Fuentes consideró que haber participado en una movilización contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) “le ha dejado problemas”. En esa marcha, Fuentes se había ubicado al frente de un grupo de policías con una pancarta que decía: “abajo el ESMAD”, y ahora comentó que viene siendo seguido y hostigado por desconocidos movilizados en distintos vehículos.

Desde Aula Abierta y la Red Latinoamericana de Universitarios por la Libertad Académica instamos al Estado colombiano a cumplir su obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos de los universitarios, así como investigar los mencionados hechos y sancionar a responsables, conforme a los artículos  contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 del Pacto de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.