32 universidades en Ecuador se ven afectadas por recortes presupuestarios en el contexto COVID-19

En el marco de los estados de alarma decretados por los Gobiernos del continente por la propagación del Covid-19, se han registrado casos de restricciones presupuestarias a las universidades públicas de diversos países latinoamericanos. Uno de ellos es Ecuador, donde el Ministerio de Finanzas anunció que, como parte de una reducción general del presupuesto nacional, habría un recorte presupuestario que afectó a 32 universidades y escuelas politécnicas, con una reducción del 10% del presupuesto total asignado, que representan un poco más de 98 millones de dólares (USD).

Esta decisión, que atenta directamente contra la libertad académica y la autonomía universitaria, generó una situación de descontento generalizada de los universitarios ecuatorianos, quienes iniciaron una agenda de protestas en rechazo a la medida implementada por el Gobierno ecuatoriano.

Protestas y pronunciamiento de la CIDH

El 1 de mayo de 2020, diversas autoridades universitarias y grupos gremiales se manifestaron en rechazo a estas medidas. La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana se pronunció a través de un comunicado, en rechazo a la decisión de recortar el presupuesto, al manifestar que «las universidades públicas corren el riesgo de cerrar sus puertas por los recortes de presupuesto realizados por el gobierno.

Por su parte, el Rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, manifestó a través de su cuenta de Twitter una «profunda preocupación» frente al recorte, asegurando que la educación hoy «más necesaria que nunca», pues «nos permitirá enfrentar las nuevas condiciones y retos».

La protesta se intensificó cuando el 3 de mayo de 2020 se pronunció la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), en alianza con otras federaciones estudiantiles de las distintas casas de estudio: «Hoy se levantaron las voces de toda la comunidad universitaria, sin embargo, es necesario que todos los días se escuche nuestro descontento, hasta que el Gobierno se rectifique».

Dos días después, decenas de estudiantes se concentraron en las adyacencias de la Universidad Central para exigir al Gobierno que dejara sin efecto la reducción de las asignaciones presupuestarias. Lo hicieron a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno de Ecuador para tratar de evitar el contagio del coronavirus.

Las protestas se extendieron durante días y a ellas se unieron gremios de trabajadores y empleados. Juntos llegaron a protestar, incluso, a las afueras de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), en contra del recorte presupuestario el 11 de mayo. Un día después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron a través de su cuenta de Twitter, su profunda preocupación sobre el recorte presupuestario que padecerían las universidades ecuatorianas.

«#Ecuador La @CIDH y Relatoría @DESCA_CIDH expresan profunda preocupación por la decisión del Estado sobre reducir significativamente el presupuesto de las instituciones de educación superior y las repercusiones que podrían tener desde un enfoque de #DDHH #DESCA #CIDH 1», publicaron.

«La @CIDH y #REDESCA advierten consecuencias negativas de dicha decisión, en cuanto al acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de #Ecuador; y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector #DDHH #DESCA #CIDH 2», agregaron.

Una decisión en espera

El 21 de mayo de 2020, el Ministerio de Finanzas de Ecuador anunció la suspensión del recorte presupuestario a las universidades e instituciones politécnicas, hasta que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie de forma definitiva sobre la decisión gubernamental adoptada en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Siete días después, la Corte Constitucional escuchó a las partes involucradas en las demandas por la reducción presupuestaria de 32 universidades públicas y escuelas politécnicas del país, en el marco de una audiencia celebrada a través de la plataforma digital Zoom, en la que miembros de organizaciones sociales, universidades, economistas y abogados expusieron la situación en la que se encuentran las instituciones de educación superior por la disminución del presupuesto.

Sin embargo, hasta la fecha de publicación (agosto 2020) del informe preliminar de Aula Abierta Latinoamérica «Restricciones presupuestarias contra las universidades en Latinomaérica en el marco del COVID-19: Retos para la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad (2020)«, las acciones de incumplimiento interpuestas ante la Corte Constitucional aún no han sido decididas, razón por la cual se sigue esperando el desenlace de esta reducción al presupuesto universitario en Ecuador.

En ese sentido, resultan sumamente preocupantes las denuncias efectuadas por autoridades universitarias, movimientos estudiantiles y demás miembros de la comunidad universitaria, con relación a la inobservancia del mandato cautelar decretado por la Corte, por parte del Ministro de Finanzas.

Un patrón de recortes presupuestarios

Cabe destacar que en Ecuador la educación de calidad en todos los niveles es entendida como una prerrogativa sobre la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna y externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad en la satisfacción al derecho humano a la educación.

Estos parámetros están plasmados en el artículo 357 de la Constitución de la República, en el cual se puede leer, en cuanto a su financimiento, que el Estado «garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior (…) La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.

Es preocupante cómo estas acciones de reducción de presupuesto no son nuevas. Hasta el 2019, se pudo visibilizar la existencia de un patrón de afectación a la educación de calidad en distintas universidades ecuatorianas, a través de la implementación de recortes presupuestarios, destacando los casos de la Universidad Central de Ecuador y de la Universidad de Cuenca, cuyos presupuestos fueron reducidos en un 12 y 8.9%, respectivamente, en comparación con lo asignado para el año 2018.

Desde Aula Abierta Latinoamérica alzamos nuestra voz de alerta ante esta situación que afecta considerablemente la libertad acádemica y la autonomía universitaria en esta nación, recordando que sin universidades trabajando de manera óptima no puede haber futuro ni democracia posible.