Solicitud de recusación contra juez Ramiro Ávila atenta contra la libertad académica
La Corte Constitucional de Ecuador aprobó una solicitud de recusación contra el juez Ramiro Ávila, quien pertenece a esta misma corte, la cual fue aprobada a través de la resolución del caso No. 9-19-CP.
La recusación, un mecanismo judicial que se aplica para alejar a un juez de un caso cuando se considera que tiene intereses o es imparcial, se emitió porque la corte considera que sus opiniones académicas, emitidas hace años en su calidad como profesor universitario en favor de la vida y en contra del extractivismo, son argumentos necesarios para llevar a cabo esta acción.
Este recurso se dio en el marco de la solicitud a la Corte Constitucional de Ecuador sobre el dictamen de constitucionalidad para iniciar un trámite de consulta popular que busca prohibir la minería en Azuay, una zona rica en yacimientos de oro y cobre donde hay grandes explotaciones a cargo de empresas internacionales que conviven con explotaciones menores y minería ilegal.
Esta decisión representa una limitación a la libertad académica contra un juez constitucional, fundamentándose en frases y opiniones que se emitieron mediante trabajos académicos realizados en el pasado.
El recurso, que aparta a Ávila del caso, fue promovido por la Cámara de Industrias de Quito, junto al Comité Empresarial. Cabe recordar que el Comité Empresarial Ecuatoriano instó a la Corte Constitucional a rechazar el pedido de consulta popular para detener la minería en Azuay, planteado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.
Vulneración a la libertad académica
Ante esta situación, la Asociación de Docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, expresó en una carta abierta dirigida a la Corte Constitucional y a la sociedad en general, que la resolución sobre la recusación limita las concepciones de trabajos académicos o científicos al establecer que los trabajos científicos son aquellos que carecen completamente de “interpretaciones subjetivas o valorativas”.
La Asociación consideró con preocupación que “siguiendo el criterio de esta decisión, cualquier asunto perteneciente al campo de las ciencias sociales o el derecho, no podría ser considerado como científico o académico, donde es muy común encontrar asuntos de tipo valorativo y en menor grado subjetivo”.
Organismos internacionales en defensa
Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dar un criterio académico no es una causal de recusación, mientras sean anteriores a la investidura de la magistratura.
Las ideas que Ávila desarrolla en su trabajo de investigación radican únicamente en el área de la contribución académica, doctrinal y teórica, por lo cual no debe verse afectada su imparcialidad. Incluso, en una Corte Constitucional deben estar presentes jueces que, previamente a su nombramiento, se hayan destacado en el ámbito jurídico, académico, político.
La fiscalía detrás de Ramiro Ávila
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa en contra de Ávila por el supuesto delito de prevaricato, “por un interés directo a causas que en años anteriores fomentaba”.
El procedimiento que inició el 31 de julio de 2019, se sustenta en que Ávila fue uno de los jueces que contribuyó a la elaboración del fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El fallo, que dio paso a la aprobación civil entre parejas del mismo sexo, fue aprobado el 12 de junio de 2019 con cinco votos de nueve jueces de la Corte Constitucional de Ecuador.
Por Nazaret Torres Padrón
