Juventud nicaragüense denuncia violaciones a derechos humanos en Nicaragua y Costa Rica ante Naciones Unidas
Prensa Aula Abierta-. En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Nicaragua, organizaciones que integran la RedProdepaz Nicaragua presentaron este sábado 20 de julio los resultados de sus informes que contienen graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y contra los nicaragüenses que viven en Costa Rica entre 2019 y 2024. Aunque este informe es enunciativo, lo que quiere decir que su contenido no es limitativo, destacan casos de violaciones al derecho a la educación, libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política así como también violaciones a los derechos humanos de los pueblos índigenas. Además, se denuncia la falta de garantías de un proceso legal y justo.
El EPU es un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos por parte de los Estados (países) que se celebra cada 5 años, correspondiendo a este tercer ciclo del EPU el periodo 2019-2024. Además de la RedProdepaz Nicaragua, otras organizaciones aliadas también presentaron informes contribución donde se amplían denuncias otras de las violaciones no documentadas en nuestra contribución como Fundación para la libertad, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), Aula Abierta, Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Costa Rica, Activismo Ciudadano en Resistencia, Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE), Foundation for Development and Social Innovation, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses.
Un marco legal represivo contra el sistema educativo
Entre los años 2019 y 2023 las y los nicaragüenses, dentro y fuera de su país, han sido testigos de un deterioro significativo en el derecho a la educación de calidad y la libertad académica. Las reformas legales, el cierre de universidades y la persecución a académicos y estudiantes han creado un ambiente hostil, agravando la creación de conocimiento científico, pensamiento crítico y la autonomía universitaria.
Todo esto sucede dentro del marco legal represivo impuesto desde el Estado que maneja hoy Daniel Ortega. La reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de
Educación Superior en 2022 otorgó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) poderes intervencionistas sobre las universidades. Esta medida, sin definiciones claras sobre su alcance, ha generado preocupación por la posible interferencia gubernamental en la gestión, el diseño académico y el personal de las instituciones educativas.
Desde 2021, al menos 27 universidades han sido cerradas arbitrariamente, muchas de ellas por su postura crítica hacia el gobierno. La Universidad Centroamericana (UCA), un ejemplo emblemático, fue objeto de ataques sistemáticos que culminaron en su cierre, la confiscación de sus bienes y el cese de sus actividades académicas, afectando a más de 5,000 estudiantes y 546 docentes. El Estado ha creado nuevas universidades en las instalaciones confiscadas, pero se han reportado casos de adoctrinamiento político y dificultades para acceder a registros académicos de las instituciones cerradas.
Igualmente, se ha desarrollado una política de hostigamiento, persecución y represión contra académicos que solo buscan sembrar el miedo para diseminar a cualquiera que piense distinto. Las universitarias Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos fueron detenidas y condenadas ilegalmente por cargos de tráfico de drogas tras criticar el cierre de la UCA y promover el feminismo. El profesor Freddy Quezada, ex profesor de la UNAN-Managua, también fue detenido y condenado por incitación al odio; debido a sus posturas críticas sobre las violaciones a los derechos humanos y la educación en Nicaragua.
Las libertades fundamentales también son violadas: Ataques contra la libertad de asociación y reunión pacífica
Entre 2019 y 2023, el Ministerio del Interior ha obstaculizado el funcionamiento de organizaciones civiles, negando registros y creando requisitos onerosos, lo que ha resultado en la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 3,532 organizaciones, incluyendo partidos políticos, universidades, medios de comunicación y organizaciones religiosas. Esta represión se ha extendido a la Iglesia Católica, con 667 ataques documentados, incluyendo confiscaciones de propiedades, destierro de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas.
La aprobación de la Ley 1115 en 2022 ha legalizado la confiscación de bienes de organizaciones disueltas, consolidando aún más la represión estatal. La libertad religiosa también ha sido blanco de ataques, con la Iglesia Católica sufriendo la mayor parte de los 737 ataques registrados contra instituciones religiosas entre 2018 y 2023. Estos ataques han incluido profanaciones, robos, amenazas de muerte y exilio forzado de líderes religiosos.
La represión estatal se ha extendido a la esfera migratoria, con la aprobación de la Ley 1145 en 2023, que ha permitido la privación arbitraria de la nacionalidad de 222 presos políticos desterrados. Esta ley también ha facilitado la confiscación de bienes de los afectados. El Monitoreo Azul y Blanco ha registrado 521 víctimas de represión migratoria, incluyendo destierros, retenciones y hostigamiento.
La libertad de reunión pacífica también ha sido restringida, con la policía impidiendo marchas y manifestaciones. La aprobación de la Ley del Ciberdelito en 2020 ha criminalizado la difusión de información considerada por el gobierno, limitando aún más la libertad de expresión en línea y la capacidad de organizar protestas digitales.
Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua
El periodo 2019-2024 ha sido testigo de un aumento alarmante en las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, particularmente en la Costa Caribe. Estas violaciones, documentadas por el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA), incluyen persecución, criminalización, privación de libertad de líderes, violaciones al derecho de autogobierno y autodeterminación, así como la usurpación ilegal de tierras ancestrales.
El OPIA registró 585 denuncias de amenazas, intimidación, vigilancia policial, allanamientos y casos judiciales falsos contra defensores comunitarios. Estas acciones represivas son llevadas a cabo por actores vinculados al partido gobernante FSLN, como la Policía Nacional, el sistema judicial y los Comités Locales Sandinistas (CLS).
Al menos 10 líderes indígenas han sido privados de libertad arbitrariamente, acusados de delitos como menoscabo a la integridad de la nación o asesinatos dentro de las comunidades. Estas acusaciones, según denuncias de defensores de derechos humanos, presentan irregularidades y parecen tener como objetivo silenciar a líderes que defienden los derechos de sus comunidades.
Les invitamos a leer: Contribución para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal sobre Nicaragua: Situación de los derechos humanos en Nicaragua (2019-2024)
El Estado nicaragüense ha violado el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la autodeterminación mediante la imposición de autoridades afines al partido gobernante, limitando la autonomía de las comunidades y cooptando liderazgos comunitarios. Las elecciones regionales de marzo de 2024 fueron marcadas por irregularidades, incluyendo la cancelación del único partido indígena regional y la coacción del voto, lo que socavó aún más la participación política de estas comunidades.
El OPIA denuncia la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado en decisiones que afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Se han documentado casos de autorización a colonos para asentarse en territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades, así como intentos de reubicación forzada de comunidades desplazadas por la violencia.
La usurpación ilegal y violenta de tierras ancestrales es una de las principales violaciones que enfrentan estas comunidades. El 41% de las denuncias recibidas por el OPIA se relacionan con el uso de la fuerza y la coerción en el contexto de invasiones de tierras por parte de colonos. Entre 2022 y 2023, al menos 35 indígenas fueron asesinados en ataques armados perpetrados por colonos.
Situación de los presos políticos en Nicaragua
Entre 2019 y 2024 los nicaraguenses han sido testigos de un aumento alarmante en la persecución y violación de los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua. El gobierno, a través de sus diferentes poderes, ha implementado una política sistemática de represión que incluye detenciones arbitrarias, destierro, fabricación de cargos y negación de derechos básicos.
Privación arbitraria de nacionalidad y destierro
En febrero de 2023, el Estado nicaragüense revocó arbitrariamente la nacionalidad de al menos 317 presos políticos, incluyendo defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos y opositores políticos. Esta acción fue seguida por el destierro de estas personas, quienes fueron enviadas a Estados Unidos.
Detenciones arbitrarias continuas:
A pesar del destierro masivo, el gobierno continuó con las detenciones arbitrarias. En agosto de 2023, tres universitarias fueron detenidas por criticar al gobierno en redes sociales y posteriormente condenadas por cargos falsos de tráfico de drogas. En noviembre del mismo año, el profesor Freddy Quezada fue detenido y condenado por incitación al odio; debido a su postura crítica hacia las políticas gubernamentales.
Poderes del Estado, armas de represión:
Los tres poderes del Estado han desempeñado un papel clave en la represión sistemática. La Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante, ha aprobado leyes represivas que criminalizan la disidencia política y limitan la libertad de expresión. Además, ha nombrado a funcionarios leales al gobierno en puestos clave del poder judicial.
El Poder Judicial ha sido instrumentalizado para perseguir a opositores políticos, fabricando cargos y llevando a cabo juicios sin garantías de debido proceso.
Por su parte la Policía Nacional se ha encargado de llevar a cabo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y torturas a presos políticos, sirviéndose de un corrupto Sistema Penitenciario que ha mantenido a los detenidos en condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento y negación de atención médica.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos:
Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua son sistemáticas y generalizadas. Estas incluyen: detenciones arbitrarias sin orden judicial, encarcelamiento en aislamiento, torturas y malos tratos, fabricación de pruebas y cargos falsos, juicios sin garantías de debido proceso, negación de atención médica y acceso a familiares.
La situación de los presos políticos en Nicaragua es alarmante y requiere atención urgente por parte de la comunidad internacional. El gobierno debe poner fin a la represión, liberar a todos los presos políticos y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
