Autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas bajo acecho en Nicaragua
RedProdepaz Nicaragua.- A 6 años de la represión contra el pueblo nicaragüense, el informe del OPIA, entre 2022 y 2023, evidencia que en los últimos años el autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas nicaragüenses son violentados por el Estado con prácticas como la imposición de juntas directivas paralelas, coacción del voto y el uso de recursos públicos en la movilización de votantes a favor del FSLN.
Según el citado informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendients (OPIA), autoridades comunitarias han denunciado la imposición de juntas directivas paralelas y la negación, en reiteradas ocasiones, a la entrega de certificación que debe otorgar el gobierno regional a las autoridades comunales electas de forma legítima por las comunidades. Esto constituye una clara intervención en los asuntos comunales y sus formas propias de organización. Tal es el caso de la comunidad de Sangnilaya, del territorio Twi Yahbra, ubicado en el Municipio de Puerto Cabezas, en la cual, la Asamblea Comunal, celebrada el 23 de enero de 2022, las y los comunitarios eligieron a sus autoridades comunales y, a pesar de que éstas fueron juramentadas por el gobierno regional, no les entregaron la certificación y al contrario, impusieron una junta directiva paralela.
Las elecciones regionales celebradas el pasado 03 de marzo de 2024, constituyen otro acto que menoscaba el derecho al autogobierno y participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los asuntos regionales. Diversas organizaciones indígenas y afrodescendientes documentaron las anomalías de los comicios que constituyen violaciones a los derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes, entre estas: la cancelación del único partido indígena regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) y la privación arbitraria de sus dos líderes indígenas, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. Brooklyn permanece en condición de desaparición forzada y al momento el gobierno no ha presentado pruebas de vida desde su detención.
Igualmente, denuncian coacción y control del voto: presión a trabajadores del Estado y sus familias a favor del FSLN, bajo amenazas de suspender beneficios sociales. También se evidencia movilización de estudiantes bajo amenazas. Asimismo, operadores políticos del FSLN estuvieron entregando códigos a los trabajadores del estado y sus familiares, que tuvieron que escribir en las boletas para verificar su voto por el oficialismo.
También, se evidenció el uso de recursos públicos del Estado para la movilización de votantes del FSLN en medios de transportes del Estado, principalmente la participación de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud – MINSA y la violencia política con prácticas como patrullaje, asedio, amenazas, presencia desproporcionada de policías, instalación de puestos de control afuera de los Centros de Votación.
Violaciones al derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado
El OPIA, en su informe, denuncia que la falta de consulta y consentimiento es otra práctica en las comunidades indígenas y afrodescendientes. El irrespeto de este derecho atenta también contra la libre determinación y la autonomía de los Pueblos, además transgrede sus formas de vida y tradiciones.
Las prácticas de este tipo, que han sido documentadas por el OPIA, involucran la autorización otorgada a grupos de colonos por parte de autoridades estatales, municipales y de otros órganos de gobierno impuestos, para asentarse y transitar en territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades indígenas, ni de la Asamblea Comunal que es la máxima autoridad; así como el intento de reubicación de personas indígenas que fueron afectadas y desplazadas por grupos armados de colonos en 2015. Tal es el caso de la comunidad de Polo Paiwas, que desde esa fecha se encuentra refugiada en la comunidad de Klisnak. Estos hechos son altamente preocupantes ya que se enmarca en medidas que promueven la cohabitación como política gubernamental en comunidades indígenas que han sido fuertemente afectadas por la violencia ejercida por los colonos y cuyos crímenes continúan en la impunidad.
Violaciones a los derechos territoriales
La usurpación ilegal y violenta de las tierras es una de las principales violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes. De acuerdo con el informe del OPIA, el 41% de las denuncias de las comunidades se relacionan con el uso de la fuerza y la coerción contra defensores, autoridades comunitarias y residentes indígenas; actos que ocurren en el contexto de invasiones de tierras por parte de colonos. Sumado a esto, el 31% de las denuncias incluyen violaciones a los derechos territoriales que aborda diversas modalidades de usurpación ilegal en las comunidades, incluye la venta ilegal de tierras, la emisión fraudulenta de avales, así como invasiones y ocupaciones ilegales.
En estas acciones están implicadas autoridades indígenas impuestas, colonos y autoridades de los gobiernos regionales, abogados y jueces que facilitan esta compra. En el periodo que abarca el informe, del 2022 al 2023, al menos 35 personas indígenas han sido asesinadas en los ataques armados dirigidos por colonos a las comunidades indígenas.
