Aumenta la criminalización y persecución contra líderes indígenas y defensores comunitarios en Nicaragua
RedProdepazNicaragua.- Desde 2023, se han registrado más de 585 denuncias entre ellas amenazas, intimidación, vigilancia policial, allanamientos de viviendas y estigmatización contra líderes indígenas y defensores comunitarios por parte de órganos de seguridad del Estado nicaragüense que cumplen con las labores de reprimir y criminalizar a los grupos afrodescendientes por defender sus derechos.
El informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) de 2023, detalla más de 585 denuncias que involucran amenazas, actos intimidación y casos judiciales falsos contra defensores comunitarios, en los que se les acusa de la venta de tierras, con lo cual el Estado traslada su responsabilidad en la falta de protección de los derechos territoriales, argumentando a problemas internos y responsabilidad exclusiva de las comunidades.
Estas acciones de criminalización son perpetradas por actores vinculados al partido gobernante FSLN, tales como: la Policía Nacional, el sistema de justicia, y los Comité Locales Sandinistas (CLS) que ejercen vigilancia en las comunidades para desarticular los procesos de resistencia a las invasiones en las comunidades indígenas.
Un ejemplo de estas acciones fue denunciado en el informe del OPIA, el 8 de agosto del 2022, donde reseña que el Comisionado Pedro Pablo Muñoz de la Policía Nacional de Waspám, amenazó mediante llamadas telefónicas a un líder comunitario cuando estaba organizando junto a otros comunitarios y de forma autónoma, la celebración del día internacional de los Pueblos Indígenas.
Privación de la libertad contra líderes indígenas
Para el mes de febrero de 2024, al menos 2 líderes Miskitos y 8 líderes indígenas mayangnas han sido privados de libertad arbitrariamente por delitos impuestos por el gobierno de Nicaragua. En el caso de los dos líderes miskitos han sido acusados de menoscabo a la integridad de la nación y los líderes mayangnas, han sido condenados y acusados, entre otros delitos, por los asesinatos cometidos contra las propias comunidades indígenas, con lo cual reproduce una narrativa de conflicto interno entre comunidades.
Según el medio Confidencial, basado en denuncias de defensores de derechos humanos, éstas condenas presentan una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía, entre ellas, el cambio de motivos de acusaciones en reiteradas ocasiones. 3 4 de ellos, que han sido condenados a cadena perpetua en 2022, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte IDH.
