Alerta sobre violaciones a los derechos humanos de los y las universitarias en Nicaragua
Los movimientos estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensores de derechos humanos, y miembros de la comunidad universitaria nicaragüense exiliada y aún presente en Nicaragua, que suscriben la presente alerta, condenan y rechazan la reciente medida de expulsión y privación arbitraria de nacionalidad 222 presos políticos nicaragüenses, dentro de los cuales se encontraban universitarios, y rechazan la política de Estado implementada en contra de las universidades y los universitarios en Nicaragua.
En fecha jueves 9 de febrero de 2023, se conoció una sentencia de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, que decretó la “Deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que no menoscaban la independencia, la soberania y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. Dentro de las violaciones producto de esta sentencia, se les inhabilitó políticamente de por vida y su nacionalidad fue revocada, además de ser expulsados arbitrariamente de territorio nicaragüense hacia los Estados Unidos de América. Dentro de los 222 presos políticos se encontraban universitarios arrestados al menos desde el año 2019 , tales como: Ángel Sequiera, Kevin Solís, Jhon Cerna, Yoel Sandino, Gabriel Sequeira, Yader Parajón, Max jerez, Lesther Alemán, Samantha Giron, Muammar Vado, Cinthia Padilla, Sergio Beteta, Mildred Rayo y Miguel Flores.
Lo anterior, es una continuación de otros ataques a universitarios como represalias y censura contra opiniones críticas en aulas de clases, criminalización de la protesta universitaria, restricciones migratorias a universitarios, obstáculos para matricularse u obtener sus documentos como expedientes académicos o títulos, ataques a las universidades como institución cancelando sus personalidades jurídicas, recortes presupuestarios, imposición y adoctrinamiento político pro gobierno en los campus universitarios; así como la imposición e instrumentalización de la Unión Nacional de Estudiantes en Nicaragua (UNEN) como único organismo de “representación” estudiantil excluyente, afiliado al Frente de Liberación Sandinista, al Poder Ejecutivo y convertido en un grupo de control y represión paramilitar dentro de las universidades.
Es evidente que las detenciones arbitrarias, al igual que la reciente deportación y revocatoria de la nacionalidad de los presos políticos, y otros ataques mencionados a la comunidad universitaria, atiende a una práctica del gobierno dictatorial, sistemática y continuada, de represalias en contras de personas de la sociedad civil que se expresan críticamente en contra de Daniel Ortega; además, se da en pro del menoscabo y restricción de las libertades fundamentales como la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y la libertad académica.
Desafortunadamente, en el marco de esta política de Estado, también existen graves retos para la igualdad de género y la existencia de espacios libres de violencia. En las Universidades nicaragüenses se presenta un abuso de poder y una sexualizacion normalizada dentro de las aulas de clases, son escasos o prácticamente nulos los espacios de poder ocupados por mujeres, estos espacios son ocupados casi en su totalidad por hombres con pensamientos y actitudes machistas, patriarcales y homofóbicas adeptos al régimen sandinista por lo cual gozan de impunidad y sus actos no son ni investigados ni llevados a la justicia. De igual manera, existen prácticas de persecución y represalias en contra de miembros de la comunidad LGBTIQ+ dentro de los recintos universitarios, dirigidos no solo a discriminar a los universitarios, también ha evitar su participación en la discusión de los asuntos públicos para imposibilitar la reivindicación de derechos del colectivo LGBTIQ+.
Como consecuencia de lo anterior, la comunidad universitaria en Nicaragua se ha visto forzada a migrar de su país para preservar su integridad personal, poder continuar articulando su trabajo de activismo por la democracia nicaragüense, así como poder ejercer sus libertades fundamentales y buscar ejercer el derecho a la educación que les ha sido negado por su postura crítica a la actuaciones gubernamentales. Sin embargo, la población estudiantil migrante enfrenta serias barreras para integrarse a un sistema educativo completamente nuevo y acceder de manera plena a otros derechos fundamentales como la salud y trabajo. Estas barreras se vinculan directamente a la falta de voluntad política para comprender las realidad y necesidades propias y así reconocerles como una población en vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto, los movimientos estudiantiles, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad universitaria que suscribe este comunicado rechazamos las violaciones de derechos humanos en contra de los 222 presos políticos exiliados forzosamente de Nicaragua, así como las violaciones a los derechos de los universitarios en el país y en el exilio. Por ello, exigimos el cese de la política y práctica de Estado de ataques y represalias en contra de los universitarios, la libertad académica y sus libertades fundamentales, las cuales se encuentran consagradas en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Igualmente, instamos respetuosamente a la comunidad internacional, en especial a los órganos internacionales de derechos humanos, de manera urgente que continúe monitoreando y exigiendo el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en Nicaragua; y especialmente solicitamos a las misiones que hacen vida en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que renueven en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, el mandato de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Nicaragua.
Finalmente, indicamos que es urgente que los gobiernos en conjunto con el apoyo de la comunidad internacional y la población de los jovenes nicaraguenses universitarios migrantes desarrollen políticas públicas orientadas a garantizar la integración de los jovenes universitarios nicaraguenses exiliados en la sociedad
Suscriben;
Aula Abierta
Alianza Universitaria Nicaraguense (AUN)
Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaraguenses (AJEN)
Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia
Iniciativa Puente por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN)
Movimiento LGBTIQ Sin Fronteras
