Universitarios y organizaciones de la sociedad civil rechazan violación al derecho de libertad académica en México
Catedráticos universitarios mexicanos y extranjeros junto a organizaciones de la sociedad civil rechazaron las acciones efectuadas por la Fiscalía General de la República, contra los 31 académicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), las cuales son violatorias del derecho a la libertad académica y fueron calificadas como desproporcionadas y de carácter político.
La Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por las acusaciones realizadas en contra de un grupo de más de treinta científicos, a la vez que exigió que “se haga valer el Estado de derecho y prevalezca la justicia en el espíritu que debe sostener la vida democrática de nuestro país”, se lee en el comunicado.
Luego, 10 Organizaciones de la sociedad civil y varios activistas de derechos humanos publicaron un comunicado en el que afirmaron que “los delitos que se imputan a las 31 personas científicas y académicas son completamente desproporcionados y perfilan un efecto amedrentador por razones políticas”, a la vez que calificaron de “preocupante” el uso que se está haciendo de la justicia para inhibir la libertad académica y de pensamiento.
Por otro lado, 600 catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Jesuita Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), firmaron una carta en la que exigen a la FGR respetar un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de fecha 17 de agosto de 2002, mediante la cual se autorizó al CONACYT otorgar recursos públicos al FCCyT para su operación, desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del CONACYT, el 17 de febrero de 2020.
En octubre, 34 académicos adscritos a centros de universidades de Estados Unidos y Europa se pronunciaron en contra de la investigación penal iniciada por la FGR sobre los académicos del FCCyT. Según manifestó Alberto Díaz Cayeros, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, a través de su cuenta de Twitter, ellos observan con preocupación los esfuerzos de la Fiscalía General para arrestar a los afectados.
“Hemos estado siguiendo con gran preocupación las noticias sobre los esfuerzos de la Fiscalía General de la República de México para arrestar y procesar a 31 científicos y científicas e investigadores, con cargos de crimen organizado y lavado de dinero, por su participación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y su Foro Consultivo Científico y Tecnológico”, indicaron en el comunicado.
También, las academias de ciencia, ingeniería y medicina de Estados Unidos manifestaron su preocupación ante el clima de persecución a la comunidad científica en México.
“Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros colegas científicos mexicanos están siendo objeto de acoso e intimidación (…), nos preocupa que las acciones contra nuestros colegas puedan tener un efecto amedrentador en la comunidad científica mexicana en general, así como posibles implicaciones negativas para la colaboración científica internacional”, indicó Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
CONACYT modificó su Código de Conducta
El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (SIINTRACATEDRAS) denunció a través de su cuenta Twitter que el CONACYT modificó su Código de Conducta y ahora contiene lineamientos que atentan contra la libertad académica en detrimento de los científicos en México.
El nuevo Código de Conducta del CONACYT impide a los académicos “emitir comentarios u opiniones negativas o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”. Esto, luego de que el CONACYT fuera blanco de críticas después de que colaborara en el intento de la FGR de encarcelar a los 31 académicos del FCCyT.
El Código de Conducta también dispone que los académicos deban abstenerse de publicar información, así como pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre o como representante del CONACYT, sin la autorización del área de comunicación social.
Estos lineamientos violentan la libertad académica, los académicos tienen la libertad de “expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución”, según el párrafo 39 de la Observación General N° 13 del CDESC. Desde Aula Abierta instamos al Estado mexicano a que se abstenga de crear normas que atenten contra la libertad académica y otros derechos humanos de los académicos, consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos.
