Universidad de Panamá sufrió un recorte presupuestario en áreas de inversión y funcionamiento
La Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP) denunció que esta casa de estudios sufrió un nuevo recorte presupuestario, en las áreas de inversión y funcionamiento, lo que acarreó un rechazo inminente por parte de la comunidad universitaria.
El Rector de la UP, Eduardo Flores, afirmó que el recorte fue aprobado como una medida de contraste ante la reducción en la recaudación de impuestos del Estado por la pandemia del Covid-19.
En octubre del año 2019, Flores presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), el anteproyecto de presupuesto para el año 2020, en el cual solicitaba la cantidad de 359 millones de balboas para el próximo año. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó la aprobación de 309 millones de balboas, lo que significó una reducción del 14% del presupuesto solicitado.
Flores rechazó de inmediato la medida de reducción presupuestaria y manifestó que no se les consultó ni notificó la sensibilidad del presupuesto. “No se nos notificó, tampoco se nos dijo cuáles son las áreas menos sensibles que existen en el presupuesto (…) se hizo de manera ejecutiva, sin hacer ninguna consulta”, expresó el Rector de la UP al medio Radio Temblor Internacional.
La falta de consulta denunciada por Flores constituye una violación a la autonomía universitaria, pues correspondía a la UP proponer las áreas que se verían afectadas por el recorte presupuestario en ejercicio de su autonomía financiera, ya que las universidades tienen la libertad de disponer libremente de los fondos económicos asignados por el Estado, de acuerdo a las necesidades que presenten en determinadas áreas, según lo estipulado en los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Afectaciones del recorte presupuestario a la educación
El Rector Flores declaró que la reducción en el presupuesto afecta el pago de servicios básicos de la universidad, como el internet; esto a su vez afecta a al menos 75.000 estudiantes que actualmente se encuentran recibiendo clases bajo la modalidad a distancia por parte de las plataformas virtuales de la UP, en el marco de la pandemia del Covid-19.
Además, alegó que el recorte afectó a los fondos de autogestión, de los cuales se pagan los salarios de profesores de maestría y doctorado, así como la adecuación de espacios arquitectónicos para las personas con discapacidad, lo cual perjudica el acceso a la educación superior de calidad.
Flores afirmó que, en cuanto al funcionamiento de la universidad, se necesita la compra de equipos de oficinas, papelerías, tintas, computadoras, sillas para los salones y aires acondicionados, lo cual debe ser cubierto con la partida presupuestaria destinada al funcionamiento de la universidad y que resultó reducida por el gobierno.
En consecuencia, el recorte presupuestario trae consigo una serie de repercusiones que conlleva afectaciones en el mantenimiento de la infraestructura, pagos pendientes a las cafeterías, compra de materiales de construcción, compra de alimentos, insumos para animales, contrataciones por servicios especiales, combustible, transporte, información y publicidad, apoyo económico para actividades académicas, partidas de viáticos internos y externos, entre otros.
Flores expresó que la Universidad de Panamá no cuenta con una partida presupuestaria para el desarrollo de la investigación científica, situación que resulta sumamente preocupante, debido a que la UP es la universidad panameña que más ha publicado investigaciones científicas, con un alto impacto reflejado en las 16.000 citas internacionales a sus contenidos.
Esto constituye una limitación al derecho a la libertad académica en Panamá, que tiene entre sus principales atributos el desarrollo de investigaciones científicas, lo cual es obligación del Estado garantizar, a través de la implementación de todas las políticas públicas necesarias, en los términos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Según Flores, la UP es la institución de educación superior más “solidaria” ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en el país. No solamente por sus egresados, que abarcan el 95% de los profesionales de las ciencias de la salud que se encuentran tratando el virus en hospitales y otras entidades sanitarias. También por la donación de alimentos y suministros, tales como viseras, cámaras para entubamiento, cabinas de aislamiento y respiradores mecánicos.
Reducción presupuestaria en cinco universidades públicas de Panamá
Durante el año 2019, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) sufrieron restricciones en sus presupuestos, cuando el Gobierno de Panamá, dirigido por Laurentino Cortizo, mediante Resolución de Gabinete Nº 65, de 25 de julio de 2019 y publicada el 26 de julio del mismo año en Gaceta Oficial Nº 28.826, aprobó medidas de contención del gasto público.
La UP solicitó para la vigencia fiscal de 2019, un presupuesto de 349.000.000 millones de balboas, siendo aprobado un monto total de 286.743.890 millones de balboas. El 92% del monto aprobado fue asignado para los gastos de funcionamiento y el otro 8% restante fue asignado para la inversión.
Según la Resolución de Gabinete Nº 65, la UP sufrió un recorte de 14.131.930 millones de balboas, que representan un 4,9% del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2019.
Por su parte, la UTP presentó un Anteproyecto por el orden de 170.496.985 millones de balboas, de los cuales el 77.1% correspondían a funcionamiento, mientras que, el 22.9% de lo solicitado, correspondía a inversiones.
Sin embargo, de las cifras solicitadas al Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó solo el 75.2% de lo solicitado. La UTP se vio afectada con un recorte de 15.651.385 millones de balboas, los cuales representan un 12.2% de déficit presupuestario para la vigencia fiscal de 2019.
Por otro lado, La UNACHI solicitó para la vigencia fiscal de 2019, un presupuesto de 76.300.000 millones de balboas, siendo aprobado por el Ministerio un monto total de 74.350.200 millones de balboas, significando un recorte presupuestario de B/. 5.114.436 de balboas que representan un 6.9% del presupuesto aprobado para ese año.
También la UDELAS le fue aprobado un presupuesto para la vigencia fiscal 2019, por un monto total de 28.885.000 millones de balboas; de esta manera, sufrió un recorte presupuestario de 3.210.556 millones de balboas, los cuales representan un 11,1% del presupuesto aprobado por el Ministerio para la vigencia fiscal 2019.
Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó a la UMIP un presupuesto de un monto total de 15.265.017 millones de balboas; sin embargo, sufrió un recorte presupuestario de 2.277.641 millones de balboas, que representan un 14.9% del presupuesto aprobado para el año 2019.
Recorte presupuestario vulnera acuerdos internacionales
Según la Observación General Nº 13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), para que la educación superior sea de calidad debe cumplir con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
La reducción de los presupuestos destinados a las universidades públicas de Panamá vulnera lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de Panamá, que establece que “para hacer efectiva la autonomía económica de la universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuro”.
La Observación General Nº 13 del PIDESC, emitida por el CDESC, establece que “para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas”.
Además, el recorte presupuestario ocasiona graves consecuencias en el ejercicio del derecho a la libertad académica, la autonomía universitaria y al derecho a una educación de calidad, por causar una afectación en la adquisición de bienes, en el pago de servicios, en la formación de profesionales y en el desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación de las universidades públicas del país.
Cabe destacar que Aula Abierta Latinoamérica reseña, de manera amplia, los hechos ocurridos en Panamá por el recorte de presupuesto en el informe preliminar “Restricciones presupuestarias contra las universidades en Latinoamérica en el marco del COVID-19: Retos para la libertad academica, la autonomia universitaria y la educación de calidad – (2020)“.
