Venezuela: Aula Abierta registró 136 protestas por parte de la comunidad universitaria entre enero y septiembre de 2024

Prensa Aula Abierta-. En Venezuela, las y los universitarios enfrentan una crisis estructural del sistema académico, que abarca desde el déficit presupuestario, a través de permanentes reconducciones del presupuesto operativo de las universidades, limitando así la inversión en calidad académica, infraestructura, y reivindicaciones laborales y estudiantiles; hasta la persecución por parte del Estado a miembros de la comunidad universitaria, por la exigencia de mejoras salariales o por presentarse como la disidencia y voz crítica al pensamiento político imperante en el Estado venezolano. 

Aula Abierta registró 136 protestas desde el mes de enero hasta el mes de septiembre de 2024, exclusivas de la comunidad universitaria, en sus diferentes sectores miembros, a lo largo de cuatro regiones territoriales (Centro, Andes, Oriente y Occidente) del país. De las cuales, 96 fueron en las universidades del centro del país, 17 en la región Los Andes, 5 en oriente y 18 en la región occidente. Mientras que 68 fueron presenciales y 68 virtuales a través de las distintas redes sociales.

Las protestas fueron categorizadas, de las cuales 75 de ellas (43 presenciales y 32 virtuales) fueron en exigencia de un salario digno y respeto a los derechos laborales. Los universitarios realizaron 11 protestas (7 digitales, 4 presenciales) contra las vulneraciones de la autonomía universitaria, en especial a la autonomía financiera; por lo que exigen respeto al presupuesto de las casas de estudio. Aunado a esto, se efectuaron 16 manifestaciones pacíficas por la democracia y los derechos de los trabajadores, de las cuales 5 fueron presenciales y 11 digitales.

Este 2024, el sector universitario también manifestó activamente contra las detenciones arbitrarias, persecución y hostigamiento de los universitarios. Aula Abierta documentó 8 protestas presenciales y 14 digitales, en contra de la privación de libertad de 11 profesores (9 en el contexto de las protestas postelectorales, 2 de ellos liberados), y 22 estudiantes universitarios.

Finalmente, Aula Abierta registró 12 protestas por reivindicaciones estudiantiles, en exigencia del restablecimiento de servicios como el comedor, transporte universitario, becas dignas y mejora de la calidad académica.

Exigencias del sector

Trabajadores universitarios denunciaron que el gobierno nacional mantiene desde 2022 una deuda salarial de 15.965 dólares por cada trabajador. Dionis Dávila, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos Superiores Universitarios de la Universidad de Los Andes (Siprula), explicó en una entrevista para Aula Abierta, que este cálculo se fundamenta en la canasta básica, que sirve para determinar el salario mínimo. 

En 2022, el gobierno no les pagó 5.293 dólares; en 2023, la deuda fue de 6.340 dólares; y entre enero y agosto de 2024, los universitarios han dejado de percibir 4.332 dólares.

El monto mencionado se obtiene a partir de la suma del ingreso mínimo establecido en la tabla salarial, basado en la canasta básica, junto con beneficios laborales y bonos contemplados en el contrato colectivo. Así, el gobierno adeuda 15.965 dólares a cada trabajador, activo o jubilado. Esta cifra ilustra la grave crisis salarial que atraviesan los venezolanos, quienes, en la actualidad, perciben un 75% menos de lo que cuesta la canasta básica familiar, ancla de las exigencias salariales del sector.

Para el primero de octubre de 2024 se cumplieron 930 días sin aumento salarial y sin reivindicaciones laborales. El gobierno venezolano no da respuesta ante las urgentes solicitudes de los gremios y sindicatos de trabajadores públicos. 

Persecución contra los miembros de la comunidad universitaria 

Durante el año 2024, los miembros de la comunidad universitaria en Venezuela han sufrido una intensificación de la persecución y represión por parte del Estado, en medio del contexto sociopolítico que está viviendo el país. Esta situación se ha caracterizado por la detención y el acoso sistemático de profesores, académicos y líderes estudiantiles. 

Entre los casos más emblemáticos se encuentra la detención de la profesora y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel el 9 de febrero de 2024, un hecho que vulnera la libertad académica y la democracia, así como también el caso del profesor Javier Tarazona, que permanece detenido desde el 2 de julio de 2021, a pesar de que padece 10 patologías y consume 19 medicamentos diarios, cuya detención arbitraria constituye una flagrante violación a los derechos humanos y universitarios, y pone en evidencia el deterioro del Estado de derecho en el país.

Al mismo tiempo, en el marco de las manifestaciones postelectorales, han aumentado las restricciones en contra de los miembros de la comunidad universitaria en Venezuela.

Aula Abierta documentó, desde el 28 de julio hasta el 30 de septiembre de 2024, 51 incidentes de represalias en contra de profesores y estudiantes universitarios, a través de los cuales se ha podido confirmar que 21 estudiantes estarían desaparecidos de manera forzada, la detención arbitraria de 31 universitarios, 22 estudiantes y 9 profesores, dos de ellos liberados; hostigamientos a 31 personas, la expulsión de 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y la anulación del pasaporte a un docente universitario, para un total de 156 miembros de la comunidad universitaria afectados en el marco de la jornada de elecciones presidenciales y posterior serie de protestas.

Dicha información fue difundida por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en su último informe.

Por su parte, el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, exigió la libertad de docente y estudiantes universitarios detenidos durante las protestas postelectorales. Asimismo, La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió la liberación de uno de sus agremiados, así como de seis estudiantes de la UCV y otros universitarios que figuran entre los más de 2.400 detenidos, algunos aprehendidos en protestas y otros en sus residencias.

De igual manera, se ha documentado la creación de aplicaciones web para la persecución de los ciudadanos que han participado en las manifestaciones y que expresan su rechazo a las violaciones de derechos humanos. Aunado a esto, una ley contra el “fascismo”, una ley para regular el uso de las redes sociales y se estableció una Comisión Jurídica contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Asimismo, se ha documentado la anulación de pasaporte como una práctica de represalia en contra de académicos y ciudadanos críticos al Estado Venezolano.

Aula Abierta expresa preocupación por los efectos que estos mecanismos de control están generando y podría acentuarse en el futuro en la comunidad universitaria como restricción de la libertad de expresión, inhibición de los académicos en la investigación, abandonó en de los espacios universitarios, anulación de las protestas reivindicativas a los distintos sectores universitarios y más persecución y represión.