Gravísimas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denuncia RedProdepaz ante EPU-ONU
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Nicaragua, organizaciones que conforman la RedProdepaz Nicaragua presentaron el 20 de julio de 2024 los resultados de sus informes que contienen graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y contra los nicaragüenses que viven en Costa Rica entre 2019 y 2024. Aunque este informe es enunciativo, lo que quiere decir que su contenido no es limitativo, destacan casos de violaciones al derecho a la educación, libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política así como también violaciones a los derechos humanos de los pueblos índigenas. Además, se denuncia la falta de garantías de un proceso legal y justo
A seis años de las protestas: Nicaragua sigue bajo un marco legal que favorece la represión y totalitarismo
Basado en un informe de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), organización miembro de la RedProdePaz Nicaragua, se ha podido identificar que desde la Asamblea Nacional se ha legislado y aprobado leyes y cargos de funcionarios de primer nivel en instituciones del Estado con un único propósito: reprimir y perseguir al que piense distinto a ellos.
Entre 2012 y 2023, con el control del Consejo Supremo Electoral y la manipulación de los resultados electorales, el FSLN consiguió la mayoría absoluta de diputados en la Asamblea Nacional, nombrando a 12 sandinistas como Magistrados del Poder Judicial y dejando 4 magistraturas para la oposición; y nombrando a sandinistas en los principales cargos de la Fiscalía o Ministerio Público: La ex policía Ana Julia Guido Ochoa como Fiscal General y al ex policía Julio Cesar González Sandoval como Fiscal General Adjunto.
Con estos nombramientos se garantiza un control político absoluto de dos de las principales instituciones del sistema de justicia penal, mediante su instrumentalización en la criminalización contra los adversarios políticos y ciudadanos opositores al régimen Ortega Murillo.
La Asamblea Nacional, dentro del esquema de represión, se prestó para brindar los recursos jurídicos con apariencia de legalidad, que amplían el margen de actuación de las instituciones para la persecución penal por motivación política contra los opositores al régimen entre ellas destaca en 2018 la Ley 976 “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” que amplió las facultades para controlar las organizaciones sin fines de lucro y a los opositores
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Más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas por el gobierno de Nicaragua
Desde la rebelión de abril de 2018 hasta el 12 de febrero de 2024, el cierre de más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil es una clara violación a la libertad de asociación en Nicaragua. La Ley No. 1115: Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro de marzo de 2022, ha dado “luz verde” a que el gobierno continúe con la cancelación de universidades, partidos políticos y organizaciones religiosas, violentando derechos humanos como el de la educación, de asociación, libertad de pensamiento, de conciencia y religión.
Según La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG una de las razones que llevó al Estado nicaragüense a cancelar la personería jurídica de más de 3.500 organizaciones atiende a una práctica de represalias como discriminación político-social, porque estas han criticado la política estatal violatoria a los derechos humanos, la democracia, entre otros.
Los ataques contra la libertad de asociación no cesan en la Nicaragua de hoy. El 31 de marzo de 2022 se aprobó la Ley No. 1115: Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro. Dicha ley es considerada una demolición a la libertad de asociación, la cual otorga mayores facultades al Ministerio del Interior, como forma de acelerar los procesos de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley legaliza la confiscación de bienes a favor del Estado de las personas jurídicas canceladas.
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Detenciones arbitrarias y represión, las sombras de la Policía Nacional y el sistema penitenciario nicaragüense
Los presos políticos en Nicaragua han sido encarcelados en total aislamiento y sometidos a intensos interrogatorios en distintas horas del día. Durante los interrogatorios, se documentó la existencia de tortura psicológica y física (trato violento y abusos) y violaciones sexuales. Inicialmente negaban a los familiares que los presos estaban detenidos en esas estaciones policiales, y cuando se veían obligados a informarlo; les negaba a los familiares información actualizada de los detenidos e impedían sus visitas o la entrega de alimentos y artículos de aseo personal, y obstaculizaban el acceso de los jueces ejecutores.
A falta de pruebas que involucren a los acusados, funcionarios policiales fabricaron expedientes de investigación en conjunto con el Ministerio Público para criminalizar a las víctimas. En la mayoría de los casos, los policías uniformados y encubiertos identificados con códigos, eran los principales testigos para acusar a los presos políticos; y los peritajes realizados y presentados por los peritos policiales, no eran consistentes técnicamente y eran totalmente funcionales para confirmar las falsas pruebas testimoniales.
Igualmente, el secuestro de familiares y procesos judiciales en contra de algún miembro del núcleo familiar, se convirtió en otra práctica común; al no encontrar a la persona excarcelada con intenciones de capturarlas nuevamente.
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Revocatoria de nacionalidad contra nicaragüenses convierte a la apatridia en Ley
A seis años de la represión en Nicaragua, estudiantes, profesores universitarios, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros miembros de la sociedad civil, siguen siendo víctimas de ataques por parte del gobierno de Ortega, en medio de la aprobación el 9 de febrero de 2023 de la Ley 1145 Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, donde al menos 222 presos políticos (desterrados a Estados Unidos), les cancelaron su nacionalidad, una acción violatoria a la Constitución Política de Nicaragua y tratados internacionales.
Entre los desterrados iban sacerdotes, mujeres, campesinos, jóvenes, estudiantes, activistas políticos, defensores de derechos humanos y opositores en general no organizados, pero que participaron en eventos pacíficos de protesta. Esta medida se aplicará a todas las personas sentenciadas con la Ley N° 1055, Ley Defensa de los Derechos del Pueblo.
Según el medio Confidencial el 14 de junio del 2023, 74 de las personas a quienes se les arrebató la nacionalidad arbitrariamente el 9 de febrero del mismo año, denunciaron haber sido objeto de confiscación de sus bienes. Meses después de la sentencia definitiva, se penaliza con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica”.
Finalmente, el Monitoreo Azul y Blanco registra un total de 521 víctimas de la represión migratoria entre abril 2018 y febrero 2024: 357 hombres, 152 mujeres y 12 menores de edad, 376 personas desterradas y despojadas de su nacionalidad, también se han registrado retenciones migratorias, negación de pasaportes, negaciones de ingreso al país, expulsiones y cancelaciones de residencia a extranjeros.
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Nicaragua representa el referente más grave de violaciones contra la libertad académica en América
A 6 años de la represión de abril de 2018, en Nicaragua se aplica un “manual de violaciones contra la libertad académica”. En palabras del director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, “el país presenta el modelo más grave de violaciones contra los derechos de las y los universitarios en el continente americano”. Todo esto en medio de la aprobación de la Reforma a la Ley N°582 Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley N°89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior por parte de la Asamblea Nacional en marzo de 2022, la cual otorga al CNU la facultad de “intervenir”, por lo que hoy las universidades presentan un panorama mucho más desesperanzador.
La medida intervencionista preocupa, considerando que los términos en los que se realizaría tal “intervención” no se encuentran definidos, por lo cual, no garantiza si su alcance se vería enmarcado dentro de los estándares de legitimidad para interferir en la educación superior, permitiendo al gobierno intervenir en la dirección de gobierno, administración, diseño académico y manejo de personal de las instituciones de las universidades.
Desde el año 2021 hasta noviembre de 2023, al menos 27 universidades han sufrido la cancelación de su personalidad jurídica, afectando a más de 37.000 estudiantes. Luego de su cierre, el Estado ha creado nuevas universidades en las instalaciones confiscadas y en otros casos ha fusionado a las extintas casas de estudios, como la Universidad Casimiro Sotelo en el campus de la extinta Universidad Centroamericana durante el 2023, sobre la cual Aula Abierta ha documentado denuncias sobre actos de proselitismo político dentro de la universidad llevado a cabo por la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüense (UNEN), la cual responde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por ejemplo, durante la “inauguración” de la universidad en noviembre de 2023, la UNEN hizo un llamado a izar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el recinto universitario contando con la anuencia de las autoridades de la universidad. De igual manera, Aula Abierta ha recibido denuncias de la imposibilidad de estudiantes de acceder a sus récords académicos relativos a las antiguas casas de estudios.
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Adoctrinamiento político pone en jaque la libertad de pensamiento en universidades públicas de Nicaragua
Al cierre de universidades se le suman las prácticas contra el pensamiento crítico, que ha llevado al gobierno de Ortega a detener y perseguir a estudiantes, profesores universitarios y defensores de derechos humanos que no callan ante la represión y que seguirán luchando por reconquistar la democracia en el país. Un ejemplo del adoctrinamiento político que existe en el país se dio el 7 de julio de 2023, cuando en el marco del cuadragésimo encuentro de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua, estudiantes y profesores denunciaron la presencia de propaganda política a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por parte del Consejo Nacional de Universidades, en conjunto con el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua.
En agosto de 2023, las universitarias y activistas feministas Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos fueron detenidas arbitrariamente luego de realizar denuncias en redes sociales criticando el cierre arbitrario de la UCA, así como difundir mensajes en favor del feminismo. La Fiscalía desde el inicio de su acusación les imputó delitos de difusión de propaganda falsa y afectaciones a la soberanía nacional. El 7 de noviembre de 2023, las universitarias detenidas fueron ilenegalmente declaradas culpables de tráfico de drogas y no de los delitos imputados. Aula Abierta fue informada que la Fiscalía solicitó 8 años de cárcel y 800 días de multa a las universitarias, su acusación fue únicamente basada en declaraciones testificales de agentes policiales .
El 29 de noviembre de 2023, el profesor Freddy Quezada, ex profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2018, fue detenido por sujetos vestidos de civiles que se presumen agentes de la Policía Nacional. El profesor Quezada es conocido por sus posturas críticas sobre las violaciones al derecho a la educación de calidad y los derechos humanos en general en Nicaragua. El 24 de enero se celebró una audiencia judicial marcada por violaciones al debido proceso, donde fue acusado del delito de “incitación al odio” y condenado. Desde el momento de su detención hasta la fecha, su familia desconoce su paradero pues no ha sido informado por las autoridades.
A manera de contexto, Quezada fue despedido arbitrariamente en 2018 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) por manifestar su postura crítica, dentro y fuera del recinto universitario en protestas de 2018. Al momento de su despido, al menos otros 40 profesores también habrían sido despedidos como represión por su postura crítica en contra del gobierno de Nicaragua
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Autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas bajo acecho en Nicaragua
A 6 años de la represión contra el pueblo nicaragüense, el informe del OPIA, entre 2022 y 2023, evidencia que en los últimos años el autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas nicaragüenses son violentados por el Estado con prácticas como la imposición de juntas directivas paralelas, coacción del voto y el uso de recursos públicos en la movilización de votantes a favor del FSLN.
Según el citado informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendients (OPIA), autoridades comunitarias han denunciado la imposición de juntas directivas paralelas y la negación, en reiteradas ocasiones, a la entrega de certificación que debe otorgar el gobierno regional a las autoridades comunales electas de forma legítima por las comunidades. Esto constituye una clara intervención en los asuntos comunales y sus formas propias de organización. Tal es el caso de la comunidad de Sangnilaya, del territorio Twi Yahbra, ubicado en el Municipio de Puerto Cabezas, en la cual, la Asamblea Comunal, celebrada el 23 de enero de 2022, las y los comunitarios eligieron a sus autoridades comunales y, a pesar de que éstas fueron juramentadas por el gobierno regional, no les entregaron la certificación y al contrario, impusieron una junta directiva paralela.
Las elecciones regionales celebradas el pasado 03 de marzo de 2024, constituyen otro acto que menoscaba el derecho al autogobierno y participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los asuntos regionales. Diversas organizaciones indígenas y afrodescendientes documentaron las anomalías de los comicios que constituyen violaciones a los derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes, entre estas: la cancelación del único partido indígena regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) y la privación arbitraria de sus dos líderes indígenas, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. Brooklyn permanece en condición de desaparición forzada y al momento el gobierno no ha presentado pruebas de vida desde su detención.
Igualmente, denuncian coacción y control del voto: presión a trabajadores del Estado y sus familias a favor del FSLN, bajo amenazas de suspender beneficios sociales. También se evidencia movilización de estudiantes bajo amenazas. Asimismo, operadores políticos del FSLN estuvieron entregando códigos a los trabajadores del estado y sus familiares, que tuvieron que escribir en las boletas para verificar su voto por el oficialismo.
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Aumenta la criminalización y persecución contra líderes indígenas y defensores comunitarios en Nicaragua
El informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) de 2023, detalla más de 585 denuncias que involucran amenazas, actos intimidación y casos judiciales falsos contra defensores comunitarios, en los que se les acusa de la venta de tierras, con lo cual el Estado traslada su responsabilidad en la falta de protección de los derechos territoriales, argumentando a problemas internos y responsabilidad exclusiva de las comunidades.
Estas acciones de criminalización son perpetradas por actores vinculados al partido gobernante FSLN, tales como: la Policía Nacional, el sistema de justicia, y los Comité Locales Sandinistas (CLS) que ejercen vigilancia en las comunidades para desarticular los procesos de resistencia a las invasiones en las comunidades indígenas.
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