Revocatoria de nacionalidad contra nicaragüenses convierte a la apatridia en Ley

RedProdepaz Nicaragua.- A 6 años de la represión contra la sociedad civil en Nicaragua, estudiantes y profesores universitarios (es un grupo más amplio de víctimas: periodistas, opositores, etc) siguen siendo víctimas de ataques por parte del gobierno de Daniel Ortega, en medio de la aprobación el 9 de febrero de 2023 de la Ley 1145 Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, donde al menos 222 presos políticos (desterrados a Estados Unidos), les cancelaron su nacionalidad, una acción  violatoria a la Constitución Política de Nicaragua y tratados internacionales.

Entre los desterrados iban sacerdotes, mujeres, campesinos, jóvenes, estudiantes, activistas políticos, defensores de derechos humanos y opositores en general no organizados, pero que participaron en eventos pacíficos de protesta. Esta medida se aplicará a todas las personas sentenciadas con la Ley N° 1055, Ley Defensa de los Derechos del Pueblo.

Según el medio Confidencial el 14 de junio del 2023, 74 de las personas a quienes se les arrebató la nacionalidad arbitrariamente el 9 de febrero del mismo año, denunciaron haber sido objeto de confiscación de sus bienes. Meses después de la sentencia definitiva, se penaliza con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica”.

Finalmente, el Monitoreo Azul y Blanco registra un total de 521 víctimas de la represión migratoria entre abril 2018 y febrero 2024: 357 hombres, 152 mujeres y 12 menores de edad, 376 personas desterradas y despojadas de su nacionalidad, también se han registrado retenciones migratorias, negación de pasaportes, negaciones de ingreso al país, expulsiones y cancelaciones de residencia a extranjeros. 

Ataques a la libertad de reunión pacífica

Bajo el gobierno de Ortega, se han perpetrado numerosos ataques a la reunión pacífica en Nicaragua. El gobierno ha utilizado tácticas represivas para limitar el ejercicio de este derecho fundamental, incluyendo la criminalización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. 

Según el medio DW, el 21 de septiembre del 2019 la policía nicaragüense impidió una marcha. Los manifestantes quedaron atrapados por agentes antimotines en cuatro puntos indicados para concentrarse, desde donde tenían previsto comenzar su manifestación por el sureste de Managua. Igualmente, el 27 de octubre del 2019, decenas de manifestantes se presentaron en la salida sureste de Managua y cerca de la cárcel Modelo, en la ciudad vecina de Tipitapa, para reclamar a Ortega la liberación de unos 139 reos políticos. Cientos de policías antimotines rodearon a los manifestantes, en su mayoría madres, esposas y familiares de las víctimas de la crisis sociopolítica, que estalló en abril de 2018.

Asimismo, en febrero de 2023, el régimen de Nicaragua “despojó” de su nacionalidad y derechos ciudadanos “de forma perpetua” a otros 94 nicaragüenses, acusados por el Ministerio Público del supuesto delito de “traición a la patria”, reseña El Confidencial. Además se ordenó “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.