A seis años de las protestas: Nicaragua sigue bajo un marco legal que favorece la represión y totalitarismo
RedProdepazNicaragua.- Tras seis años de las protestas por exigir democracia del pueblo nicaragüense, el gobierno de Daniel Ortega convirtió la represión y persecución en ley con una Asamblea Nacional a sus órdenes, que se ha encargado de aprobar un marco legal con leyes violatorias a los derechos humanos y el Estado de derecho.
Basado en un informe de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), organización miembro de la RedProdePaz Nicaragua, se ha podido identificar que desde la Asamblea Nacional se ha legislado y aprobado leyes y cargos de funcionarios de primer nivel en instituciones del Estado con un único propósito: reprimir y perseguir al que piense distinto a ellos.
Designación de funcionarios fieles al gobierno de Ortega-Murillo
Entre 2012 y 2023, con el control del Consejo Supremo Electoral y la manipulación de los resultados electorales, el FSLN consiguió la mayoría absoluta de diputados en la Asamblea Nacional, nombrando a 12 sandinistas como Magistrados del Poder Judicial y dejando 4 magistraturas para la oposición; y nombrando a sandinistas en los principales cargos de la Fiscalía o Ministerio Público: La ex policía Ana Julia Guido Ochoa como Fiscal General y al ex policía Julio Cesar González Sandoval como Fiscal General Adjunto.
Con estos nombramientos se garantiza un control político absoluto de dos de las principales instituciones del sistema de justicia penal, mediante su instrumentalización en la criminalización contra los adversarios políticos y ciudadanos opositores al régimen Ortega Murillo.
Un marco legal para favorecer la represión y el totalitarismo
La Asamblea Nacional, dentro del esquema de represión, se prestó para brindar los recursos jurídicos con apariencia de legalidad, que amplían el margen de actuación de las instituciones para la persecución penal por motivación política contra los opositores al régimen entre ellas destaca en 2018 la Ley 976 “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” que amplió las facultades para controlar las organizaciones sin fines de lucro y a los opositores
Igualmente, con la “Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, se reformaron los tipos penales de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, y se incluyeron los delitos Proliferación de armas de destrucción masiva y Financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva; para facilitar la labor acusatoria del Ministerio Público contra los opositores.
La política represiva contra la sociedad civil, que solo exigía respeto al Estado de derecho y democracia, se profundiza y en 2020 se aprobó la Ley 1040 “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” para controlar y criminalizar a las organizaciones de sociedad civil.
La censura ha sido otra de las prácticas comunes del gobierno nicaragüense para tratar de silenciar las voces disidentes. En 2020, la Asamblea Nacional aprueba la Ley 1042 Especial de Ciberdelitos dirigida a aquellas personas que cometan delito dentro y fuera del territorio nacional y usa un lenguaje ambiguo e impreciso para criminalizar los usos cotidianos de las tecnologías de la información y la comunicación.
En 2021, con la Ley 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” se inhibe a los opositores políticos a participar en política y los remite al código penal para criminalizar a quienes incurran en esta conducta.
En este mismo año, todas aquellas personas que se opongan al gobierno de Daniel Ortega pueden ser sancionadas con una pena de “prisión perpetua revisable” según la Ley 1057 “Ley de reforma al Arto. 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua”.
Ya para 2023, la “apatridia” llega de la mano de la Ley 1145 “Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad nicaragüense”; esta modifica el artículo 21 de la Constitución Política, para permitir quitar la nacionalidad a quienes el gobierno considere como traidores a la patria.
