¿Exclusión educativa? Universitarios nicaragüenses sin documentación para culminar sus estudios en Costa Rica
Br. Gender Ananías Sotelo Vargas y Br. Kathy Matey Lechado – Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y Aula Abierta
A raíz de la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua, de acuerdo con cifras del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, hasta mayo del 2023 al menos 586,043 personas se han visto obligadas a salir del país y a solicitar asilo en diferentes países de acogida. En el caso de Costa Rica, en este mismo periodo se han registrado alrededor de 240,000 solicitudes de refugio, de las cuales, el 92% son provenientes de personas nicaragüenses.
En este sentido, uno de los grupos poblacionales más vulnerables es la juventud universitaria, quienes, debido a su participación en el movimiento social nicaragüense, han sufrido persecución, asedio, encarcelamientos arbitrarios, desplazamiento forzado y otras múltiples violaciones a sus derechos humanos. Si bien, no se cuenta con datos específicos de la cantidad de jóvenes universitarios que se vieron obligados a salir del país, se considera que corresponde a una proporción significativa.
Aula Abierta y la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) han visibilizado la grave situación de las y los universitarias nicaragüenses en Costa Rica, tomando en cuenta ciertos datos y testimonios que contribuyen a la comprensión de las problemáticas experimentadas. La exclusión educativa de los universitarios nicaragüenses sin documentación en Costa Rica es una problemática que limita su acceso a oportunidades académicas y profesionales. Estos estudiantes se enfrentan a barreras que dificultan la culminación de sus estudios superiores, lo que afecta su desarrollo personal y sus perspectivas laborales.
Desafíos ante la migración forzada
Los desafíos de la juventud universitaria nicaragüense en desplazamiento forzado hacia Costa Rica son múltiples y complejos, entre ellos, se destacan: la falta de documentación relacionada con sus estudios en el país de origen, las dificultades y retrasos administrativos para la obtención de un estatus migratorio permanente, el acceso a instituciones educativas en el país de acogida, la equiparación de estudios universitarios, la falta de acceso a servicios de salud física y mental, condiciones de empleabilidad e integración social, entre otras.
Para ello, es importante destacar, además, que existen otras particularidades con respecto a ciertos grupos de jóvenes, tales como los pertenecientes a poblaciones indígenas o afrodescendientes, mujeres, diversidad sexual, sector campesino; quienes sufren distintos tipos de discriminación estructural que afectan un desarrollo integral de sus proyectos de vida.
Documentación de estudios superiores realizados en el país de origen
Una problemática común de las y los integrantes de la comunidad universitaria que se vieron obligados a abandonar Nicaragua tiene que ver con el acceso a la documentación sobre sus estudios realizados en el país de origen, ya que, al no contar con esta documentación, no pueden acceder a oportunidades que les permitan retomar sus carreras de estudio.
Desde el 2018, Aula Abierta ha recibido denuncias de estudiantes y profesores que han sido expulsados arbitrariamente de las universidades en Nicaragua, convirtiéndose en víctimas de represalias por ejercer el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y libertad académica.
Hoy, tras la anulación arbitraria de la personalidad jurídica de distintas universidades y la confiscación de sus bienes, miles de jóvenes se han visto imposibilitados de continuar sus estudios. La supresión de registros y récords estudiantiles ha sido recurrente y los ataques contra la universidad y su comunidad continúan
En este caso particular, se destaca la situación de la estudiante Kathy Matey, quien se encontraba cursando el quinto año de Medicina y Cirugía en la Universidad Central de Nicaragua y se vio obligada a exiliarse hacia Costa Rica en el año 2023. La problemática surge en relación con la obtención de documentos por parte del Ministerio de Salud, ya que éste no reconoció los estudios realizados por la estudiante en los diversos hospitales y escuelas de la capital. La falta de reconocimiento de sus logros académicos plantea un desafío significativo, subrayando la responsabilidad de las autoridades de instituciones públicas, como el Ministerio de Salud. Cabe resaltar que este organismo desempeña un papel crucial en la educación en salud, un aspecto que impacta directamente en la población en general (Comunicación personal, 2023).
Lea también: Universitarios nicaragüenses sin documentación: una política de discriminación educativa
Por otro lado, la clausura y confiscación de instituciones educativas superiores, ya sean privadas o subvencionadas, en Nicaragua, se ha convertido en un desafío crucial para la obtención de documentos académicos. Un ejemplo notable es el caso de Marjourie Duarte, presidenta de la CUDJ. Inicialmente, cursaba el quinto año de la carrera de Antropología Social en la UNAN-Managua hasta el año 2018, momento en el que se declaró en desobediencia estudiantil debido al riesgo asociado con continuar sus estudios en una universidad bajo el control del Gobierno autoritario.
Posteriormente, Marjourie ingresó a la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Paulo Freire, pero se vio obligada a pausar sus estudios debido al acoso y persecución por parte del Gobierno. A pesar de los obstáculos, no perdió la esperanza y se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas (ULAM), donde avanzó hasta el cuarto año. Lamentablemente, la Universidad Paulo Freire fue clausurada y expropiada por el régimen de Ortega-Murillo en febrero de 2022.
Finalmente, en 2021, Marjourie tuvo que exiliarse, viéndose nuevamente afectado su derecho a la educación. Debido a la falta de documentación que respaldara sus estudios, se vio obligada a comenzar desde cero la carrera de Derecho en una universidad privada en Costa Rica, al verse beneficiada por el Programa de Becas “Educación en Emergencia-Nicaragua”.
Obtención de un estatus migratorio permanente
Desde la primera oleada masiva de migración forzada a partir de julio del 2018 hacia Costa Rica, la juventud universitaria se ha enfrentado a una demora significativa para la resolución de su solicitud de protección internacional. En este sentido, ni el gobierno de Costa Rica ni las autoridades migratorias han tenido la voluntad política para subsanar dicha problemática. Actualmente, se cuentan con casos de estudiantes, quienes mantienen citas para su entrevista de elegibilidad hasta el año 2030 o, incluso, más. Lo anterior vulnera el derecho de las personas solicitantes de refugio a contar con una documentación que les permita acceder a mejores oportunidades.
En los últimos días, el estudiante Gender Sotelo, quien solicitó refugio en agosto de 2018, denunció la demora de más de cinco años en la espera de una resolución por parte de la Unidad de Refugio a su solicitud. Luego de apersonarse a las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería en San José, el joven recibió amenazas por parte de una funcionaria. El universitario, quien cursaba el quinto año de la carrera de Medicina y Cirugía en la UNAN Managua y, actualmente, está matriculado en las carreras de Promoción de la Salud y Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, consiguió una beca por parte de su actual universidad para cursar un semestre de intercambio en Madrid, España, pero ante la falta de respuesta de las autoridades migratorias, su derecho a la educación se vio vulnerado. Luego de dicho episodio, recibió una respuesta por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio en donde se le indicó que el Estado costarricense le reconocía como una persona refugiada: “luego de más de cinco años de incertidumbre, el Estado costarricense finalmente me reconoció como una persona refugiada, esto fue gracias a la presión y la denuncia colectiva” (Comunicación personal, 2023).
Acceso a instituciones educativas en el país de acogida
De manera histórica, el acceso a las instituciones de educación superior ha sido un desafío para la población nicaragüense migrante en Costa Rica. Para el censo del 2011, por ejemplo, la proporción de la población costarricense con algún grado universitario representaba un 17,5%, mientras que, en el caso de la población nicaragüense, esta cifra era solo de un 6,5%; lo que se traduce en las desigualdades estructurales a las cuales se enfrenta la población migrante.
Si bien, algunas instituciones de educación superior han incrementado su matrícula de personas nicaragüenses, en números relativos, esto no representa una proporción significativa de la población joven universitaria migrante nicaragüense. Por ejemplo, entre el 2018 y el 2021, la Universidad de Costa Rica incrementó su matrícula de 62 alumnos nicaragüenses para el 2018 a 118 alumnos en el año 2021.
Por otra parte, las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones privadas de educación superior han permitido que algunos jóvenes puedan iniciar sus estudios universitarios en el exilio. Tal es el caso del joven Johnny Prado, quien estudiaba la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua y se vio obligado a exiliarse en el 2021, producto del recrudecimiento de la represión en el año electoral. El joven Prado ha iniciado la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Latina de Costa Rica gracias a la obtención de una beca del programa “Educación en Emergencia-Nicaragua” dirigido a estudiantes nicaragüenses en el exilio en Costa Rica.
A pesar de ello, han sido pocos las y los estudiantes que han retomado las carreras que cursaban en Nicaragua, ante las dificultades en la obtención de la documentación académica mencionadas en apartados anteriores.
Equiparación de estudios universitarios
En el caso de jóvenes que ya habían concluido sus estudios universitarios en Nicaragua el desafío principal es la burocracia de las instituciones públicas costarricenses encargadas de desarrollar los procesos de equiparación de títulos de educación superior.
Si bien, Costa Rica forma parte del Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios, adoptado por los cinco países centroamericanos; no se ha realizado una reglamentación efectiva que permita lo estipulado por dicho convenio. Por ejemplo, el Art. 6 establece que:
A los centroamericanos emigrados o perseguidos por razones políticas que deseen ejercer sus profesiones o continuar sus estudios universitarios en cualquiera de los Estados partes del presente Convenio, se les extenderán licencias provisionales, en tanto sea dable a los interesados obtener la documentación del caso. Para otorgarlas, las entidades correspondientes de cada país seguirán información sumaria, a fin de comprobar los extremos necesarios.
A pesar de ello, existe una falta de voluntad para adaptar la legislación costarricense hacia la flexibilización en el cumplimiento de requisitos solicitados a las personas migrantes perseguidas políticas. La joven egresada de la carrera de Odontología de la UNAN León, Dra. Johanna Fonseca, luego de más de cinco años de haber llegado a Costa Rica en busca de refugio se enfrenta a un doble desafío: la falta de una resolución por parte de la Unidad de Refugio y las barreras burocráticas para la homologación de su título universitario.
Condiciones de salud física y mental
En Costa Rica, el sistema de salud se caracteriza por ser un sistema bismarckiano en donde el acceso a servicios de salud se da por medio de distintos tipos de aseguramiento. A diferencia de los sistemas de acceso universal, las personas migrantes en Costa Rica se enfrentan a un sistema distinto, que muchas veces es confundido con un “sistema de salud privatizado”. Si bien, el sistema de salud costarricense es de carácter público con un financiamiento tripartito (patrono, empleado, estado), la condición de contar con un tipo de seguro limita que las personas migrantes y solicitantes de refugio puedan acceder a servicios de atención efectiva.
Un caso particular es el de la estudiante Alexandra Salgado, quien estudiaba la carrera de Antropología en la UNAN Managua y se exilió hacia Costa Rica en el año 2021. A inicios del año 2022, la estudiante tuvo una emergencia médica, asistió a un centro de atención pública en la provincia de Cartago, sin embargo, se encontró con un cobro excesivo por la consulta médica y no tuvo acceso a tratamiento médico oportuno. Posteriormente, interpuso una denuncia ante la Contraloría de Servicios y la Oficina de Validación de Derechos de la respectiva institución en donde se determinó que la estudiante debió haber sido atendida sin ningún tipo de impedimento ni cobro.
El hecho de sufrir cualquier tipo de emergencia médica es un requisito fundamental para que una persona pueda ser atendida, independientemente de su estatus migratorio o de su calidad de aseguramiento. Sin embargo, el desconocimiento de los funcionarios públicos limita el ejercicio del derecho a la salud para las personas jóvenes que se vieron obligadas a huir desde Nicaragua hacia Costa Rica.
Uno de los aspectos preocupantes es la alta prevalencia de afecciones psicoemocionales, las cuales probablemente tengan origen en los acontecimientos durante las jornadas de protestas, represión y persecución, y durante el paso y llegada hacia un nuevo país.
De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) un 71% de la población encuestada indica que sí padece de malestar emocional que le impide llevar a cabo sus tareas cotidianas. De esta población, solo el 19% ha buscado asistencia, principalmente a través de organizaciones no gubernamentales.
A esto se le suma que las personas no cuentan con una red simbólica institucional que les resguarde. Asimismo, las afecciones psicoemocionales se incrementan significativamente cuando se conjuga la experiencia de violencia sociopolítica con factores agravantes como haber sido sometido a tortura o violencia sexual, ser testigo de la muerte de una persona cercana, familiares detenidos, desintegración familiar o integrar la población LGBTI.
Condiciones de empleabilidad
La crisis de la pandemia destruyó cientos de miles de empleos. En el periodo de la recuperación se están quedando rezagadas personas que siguen sin encontrar trabajo o fueron expulsadas de la población económicamente activa; o si trabajan, lo hacen sin todas las garantías laborales o con un ingreso inferior al salario mínimo.
Al no tener un panorama migratorio claro, a las personas exiliadas se les dificulta tener un empleo, el acceso a la salud y a información pertinente para gestionar sus casos ante las autoridades migratorias. Para el 2019, luego de la crisis sociopolítica y que hasta ese momento había dejado 70,000 personas exiliadas nicaragüenses, Costa Rica había entregado al menos a un 8% de los solicitantes un permiso de trabajo. Sin embargo, eso no significa que vayan a obtener trabajo, quienes han conseguido han sido en trabajos informales, en sembradíos de piña, trabajo doméstico, jardinería, o han realizado emprendimientos como vender comida.
En el gobierno del ex presidente Carlos Alvarado las personas extranjeras que contaban con su carnet provisional de solicitud de refugio podían obtener, después de tres meses, el permiso de trabajo que les permitía establecerse en el país sin restricciones laborales. En diciembre de 2022, tras la reforma al reglamento de personas refugiadas con el actual presidente Rodrigo Chaves, a los solicitantes de refugio ya no se les otorgan permisos laborales con “libre condición”, es decir no podrán trabajar por cuenta propia, únicamente podrán laborar para el empleador que respalde su solicitud.
Situación de poblaciones históricamente excluidas
La situación de la población Miskita en Costa Rica refleja una historia de exclusión y desafíos. Los Miskitos, como parte de las poblaciones históricamente excluidas, han enfrentado dificultades para acceder a oportunidades educativas y sociales. A pesar de los esfuerzos por promover la diversidad cultural y el desarrollo inclusivo, persisten barreras que limitan su participación plena en la sociedad costarricense. La falta de documentación adecuada puede ser un obstáculo significativo para que los estudiantes Miskitos continúen sus estudios universitarios, lo que afecta su desarrollo personal y profesional.
Población Miskita
Durante varios años, las personas miskitas han enfrentado la necesidad de exiliarse a causa de la opresión gubernamental y la invasión de colonos en sus tierras. En la década de los 80, los destinos principales de este éxodo eran Honduras y Nicaragua, si bien, debido a la elevada peligrosidad en suelo hondureño, la migración predominante se ha dirigido hacia Costa Rica.
Las personas miskitas no solo padecen la violencia estructural en el país de su nacimiento, donde son excluidas, minimizadas y, en ocasiones, víctimas de actos violentos respaldados por el Estado. Actualmente, enfrentan situaciones similares en territorio costarricense, donde la exclusión y la violencia persisten, agravadas por la barrera del idioma, ya que algunos miskitos no hablan español.
De acuerdo con una entrevista realizada por el diario La Prensa a Susana Marley, líder miskita, se destaca que en Nicaragua, la comunidad miskita desempeñaba labores en el campo, ganadería, agricultura y pesca. Sin embargo, en tierras costarricenses, muchas personas miskitas se ven obligados a desempeñar roles laborales diferentes, ya que la falta de acceso a estudios universitarios limita sus opciones. Así, se ven abocados a empleos como repartidores, choferes y guardas de seguridad, mientras que las mujeres suelen trabajar como empleadas domésticas, cocineras o en labores de lavandería para terceros.
Respuesta del Estado Costarricense
El Estado de Costa Rica ha implementado una política migratoria de exclusión sistemática y discriminatoria, que afecta tanto la regularización del estatus migratorio como el acceso a derechos fundamentales, especialmente en el ámbito laboral y de la salud. Esta tendencia se ha acentuado, sobre todo, desde el inicio del gobierno de Rodrigo Chaves. El poder ejecutivo ha respondido a la crisis migratoria mediante decretos presidenciales que contradicen el orden constitucional, el Estado de derecho y los acuerdos internacionales sobre protección internacional firmados por Costa Rica.
La respuesta del Estado costarricense hacia las personas migrantes nicaragüenses implica una acumulación de restricciones a los principales Derechos Humanos. A través de numerosos protocolos burocráticos, se obstaculiza el acceso de los migrantes a una vida digna en territorio costarricense. Esta serie de medidas limitan considerablemente la capacidad de las personas migrantes para gozar plenamente de sus derechos fundamentales en el país de llegada.
Posición de la comunidad internacional
Miles de nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse, y aunque existe una respuesta internacional, muchos consideran que es insuficiente o no cumple con los requisitos adecuados. Según Brigadas Internacionales de Paz (PBI), tras una visita realizada en 2019 y tras establecer comunicación con personas nicaragüenses recién llegadas, así como con aquellas que trabajan con la comunidad exiliada en San José, se exploraron ideas sobre cómo PBI podría contribuir a aliviar la terrible realidad de una población en crecimiento de solicitantes de refugio y refugiados.
Muchas de estas personas abandonaron su hogar y su familia con miedo y escasas posesiones, dejando atrás empleos, estudios universitarios y credenciales académicas. La incertidumbre era palpable, ya que desconocían la duración de esta situación.
Durante la investigación, se observaron dos aspectos principales. En primer lugar, frente a la llegada masiva de nicaragüenses a Costa Rica, se notó una marcada falta de capacidad de otras ONG o agencias internacionales para proporcionar protección y asistencia humanitaria y satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, alimentación y atención médica. Esto contrastaba con la respuesta en otros países que enfrentan grandes flujos de solicitantes de refugio o asilo, donde el país de acogida recurre a organismos como la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) u otros para obtener ayuda. En los primeros meses, parecía que Costa Rica intentaba minimizar el número de personas que llegaban, sin poner en marcha los mecanismos necesarios. Todo esto contribuyó a aumentar la incertidumbre en la comunidad nicaragüense exiliada.
Llamado a la acción
- Como organizaciones en el exilio, se exige que el Estado de Costa Rica cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Estudiantiles.
- Que los organismos internacionales realicen pronunciamientos sobre la situación de las personas nicaragüenses en el exilio.
- Que se realicen estudios regionales mediantes informes temáticos sobre el impacto de las violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica.
- Que se gestionen soluciones reales para las personas universitarias nicaragüenses con el fin de que se respete su derecho a la educación y a un proceso justo en la equiparación de estudios universitarios en los países de acogida.
