Asamblea legislativa aprobó moción que mantiene la amenaza a la autonomía financiera de las universidades de Costa Rica
La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción que reconoce los estatutos internos de las universidades públicas, pero mantiene la amenaza a la autonomía financiera de las casas de estudios superiores, de cara a la aprobación de la Ley de Empleo Público.
La moción consiste en la inclusión de un nuevo inciso al artículo 6 del proyecto, en el que afirma que “el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política”.
Sin embargo, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, una vez analizados los cambios introducidos por la moción, reiteró su preocupación en torno al proyecto de ley, debido a que la iniciativa aprobada “no asegura una exclusión de las Universidades Públicas de la propuesta de ley de empleo público” ni ajusta el texto legal, en su totalidad, a las disposiciones de la Constitución Política.
Así mismo, indicaron en un comunicado que “el proyecto de ley, tal y como está planteado, sigue representando un riesgo para el Estado Social de Derecho, la institucionalidad pública y la división de poderes”.
Por su parte, la Fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana publicó un comunicado en el que manifestó que “lo que busca es dejar claro que las Universidades Públicas estarán dentro de la aplicación de la ley y deberán adaptar su normativa de acuerdo a los principios y regulaciones del proyecto, por ejemplo, al salario único y la escala salarial, pero tendrán libertades de autorregulación en temas como la contratación, evaluaciones internas y otros; lo que se apega a lo establecido en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política, respecto a la autonomía universitaria”.
El pasado mes de febrero, habían confirmado en Costa Rica la decisión de incluir a las universidades en la Ley Marco de Empleo Público, la cual estaba sujeta a vulneraciones a la autonomía organizativa y administrativa por decidir libremente sobre su personal. Además, violenta la autonomía económica o financiera de las universidades, al establecer un régimen único de tablas salariales, que no permiten a las universidades disponer libremente de su patrimonio, en el que otorga incentivos económicos a su personal académico y de investigación, lo cual ocasiona grandes afectaciones a las actividades de docencia e investigación de las universidades.
Luego, un grupo de estudiantes, docentes y autoridades de cinco universidades estatales de Costa Rica llevaron a cabo una protesta frente a la Asamblea Legislativa para manifestarse en contra de la Ley Marco de Empleo Público, debido a que atenta contra la autonomía de la educación superior pública y afecta el funcionamiento de las instituciones. “Venimos a manifestarnos para expresar nuestra preocupación por la inclusión de las universidades en este proyecto de ley”, expresó el rector de la UNA, Francisco González, según el medio “Infobae”
El 23 de febrero de 2021, la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa rechazó una serie de mociones que proponían excluir las universidades públicas de los alcances de la Ley Marco del Empleo Público, al eliminar “universidades estatales” del inciso b del artículo 2 de dicha ley, el cual establece: “b) El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales”.
Las mociones fueron presentadas por los diputados Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Aracelly Salas, del Partido Unidad Socialcristiana y José María Villalta, del Partido Frente Amplio, quienes insistieron en que no buscaban defender salarios desproporcionados o disparidades, sino que remarcaron que “la Constitución Política otorga a las universidades públicas autonomía para el desempeño de sus funciones en su parte administrativa y de gobierno, pero que el proyecto de ley en discusión otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de interferir en nombramientos, en sanciones y otras acciones sobre los funcionarios universitarios”, según reseñó el medio “Diario Extra”.
Comunidad universitaria rechaza ley que violenta la autonomía
El Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica (TEC), en la sesión Ordinaria Nº 3186, Artículo 8, del 19 de agosto de 2020, emitió un pronunciamiento en torno a la consulta obligatoria del Proyecto “Ley Marco de Empleo Público”, mediante el cual rechazó la iniciativa legislativa, debido a que “i. Atropella gravemente la Autonomía Universitaria, al someter a las Universidades Estatales bajo la jerarquía del Poder Ejecutivo, en la figura del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). ii. Atenta contra la independencia de las Universidades Públicas, para darse su estructura organizativa propia y el esquema de autogobierno”.
Con relación al único sistema de remuneración, la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC se pronunció y dice que“la naturaleza de las actividades docentes universitarias son diferentes al resto de las demás entidades públicas; ya que contemplan el desarrollo de la investigación y la extensión; las cuales son incentivadas por el paso de categoría parala carrera profesional. El sistema de incentivos del Tecnológico de Costa Rica busca mejorar el desarrollo académico en áreas de investigación y extensión, con el traslado de conocimiento a la comunidad. Modificar el sistema de remuneración actual impactaría de forma negativa en el desarrollo de estas iniciativas”.
Vía Facebook Live, se realizó un foro virtual sobre empleo público, que reunió a cinco representantes de las universidades públicas congregadas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el que un grupo de profesionales criticó las inconsistencias y las omisiones estructurales del proyecto de Ley de Empleo Público. En este foro, los expertos argumentaron que la iniciativa legislativa desincentiva la competitividad académica, a la vez que se establece una injerencia inconstitucional de entes políticos en la planificación de los recursos humanos de instituciones autónomas y que aún no sabe cuál sería el monto al que aspirarían los trabajadores estatales en este escenario.
También, Ana Lucía Valencia González, directora de la oficina jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), manifestó que la ley violenta la autonomía universitaria y mutila el manejo del personal por parte de las universidades, a la vez que explicó que la iniciativa eliminaría el régimen de méritos y reconocimientos, que permite a las universidades públicas competir con universidades privadas e internacionales en cuanto a salarios de sus profesionales, lo cual podría generar una fuga de cerebros, según reseñó el medio Seminario Universidad.
El 02 de febrero de 2021, el CONARE emitió un comunicado en el que indicó que el régimen de empleo de los funcionarios universitarios no puede quedar sometido al Servicio Civil, ni a la rectoría del MIDEPLAN, puesto que ello implica una afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales. El comunicado estableció que la eventual aprobación de esta ley implicaría “Desalentar la educación pública, entendida como la más importante inversión social”.
El 08 de febrero de 2021, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, presentó un análisis realizado por un grupo de especialistas, en el que se afirmó que“preocupa la afectación de su autonomía administrativa y en el caso de las universidades también su independencia organizativa, pues se altera su capacidad para establecer sus propias normas de autogobierno, potestad que incluye el establecimiento de sus propias normas laborales y salariales internas”.
Posteriormente, los consejos universitarios de la UNA, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como el Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, emitieron un pronunciamiento mediante el cual alertaron sobre “los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como sobre los vicios de inconstitucionalidad que presenta”.
El comunicado indicó que “Las disposiciones contenidas con respecto al salario global y la gestión o evaluación del desempeño son claros ejemplos de transgresión a las políticas de autoorganización y, por ende, a la independencia administrativa, política, de organización y gobierno de las universidades públicas”.
El Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta documentó restricción a la autonomía de las universidades costarricenses, a través de un proyecto de Ley de Empleo Público que impone a las instituciones públicas de Costa Rica, un salario global único, en detrimento de los derechos laborales del personal académico de las universidades.
La imposición de un salario global único para el personal académico de las universidades vulnera los parámetros establecidos en la Observación General Nº 13, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con relación al PIDESC, con relación a la autonomía de las instituciones; así como el criterio reiterado emitido por la CIDH, según el cual “la autonomía universitaria es un requisito imprescindible para la libertad académica, la cual es a su vez necesaria para disfrutar plenamente del derecho a la educación”.
Para más información, consulta el informe preliminar: “INFORME PRELIMINAR: VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE COSTA RICA ANTE PROPUESTA DE LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, un producto del Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta Latinoamérica y de la Red Latinoamericana de Universitarios por la Libertad Académica.
