Criminalización a la protesta contra universitarios y discriminación por motivos políticos se hacen presente en Honduras
Las protestas estudiantiles que iniciaron en Honduras en junio de 2019 no han cesado.
Entre los principales motivos está la exigencia de mejoras en la calidad de estudios e innovación, reivindicaciones de las luchas sociales y gremiales por los derechos a la salud, educación y protección social, además de la integración del gobierno universitario.
Algunos protestantes exigen también la renuncia del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por haber recibido financiamiento para su campaña presidencial proveniente del narcotráfico, de acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Bajo este contexto, se ha evidenciado una criminalización de la protesta y actos de discriminación por motivos políticos contra los universitarios en Honduras, que se han intensificado entre agosto y octubre de 2019.
La CIDH documentó casos de criminalización a la protesta universitaria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Honduras entre el 30 de julio y el 3 de agosto, con el objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país.
Durante esta visita la organización recibió múltiples testimonios sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones públicas, lo que evidencia una visión errónea del Estado sobre las protestas, a las cuales ve como un riesgo contra la seguridad del Estado y la gobernabilidad.
Las protestas estudiantiles, las manifestaciones de índole políticas, las reivindicaciones de tierra y los actos de protesta en contra de proyectos de desarrollo son fuertemente reprimidas y sus participantes son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. A partir de estos hechos, se puede decir que el Estado privilegia la represión frente al diálogo, lo que contradice con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
Tras la visita de la CIDH la inestabilidad en Honduras no cesó, debido a la continuidad de las protestas universitarias motivadas por el juicio llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde fue declarado culpable el hermano del presidente hondureño, Juan Antonio Hernández, por los delitos de importación de cocaína, armas y declaraciones falsas. Asimismo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de haber recibido financiamiento para su campaña presidencial proveniente del narcotráfico.
El portal de noticias La Nación, reseñó el 04 de agosto que decenas de policías atacaron con bombas lacrimógenas a cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que se encontraban manifestando para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa. Antes de la represión, los estudiantes habían leído un comunicado donde anunciaban que se sumaban a las protestas convocadas por la plataforma de defensa de la salud y la educación, así como partidos de oposición.
Otro caso mediático de represión se produjo el 18 de octubre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Criterio reseñó que manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos lanzados por policías y militares, quienes se apostaron en todos los accesos al edificio donde se construye el Centro Cívico Gubernamental en el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa.
En este centro universitario se habían suspendido las actividades académicas y administrativas a través de un comunicado oficial debido a “la dificultad de acceso a transporte público que se pueda presentar en horas de la tarde-noche en Tegucigalpa”. La medida aplicó para Ciudad Universitaria y la Facultad de Ciencias Médicas. Asimismo, también se habían llevado a cabo protestas sociales conformadas mayoritariamente por jóvenes estudiantes universitarios en los alrededores de la sede del Poder Ejecutivo para exigir la salida del jefe de gobierno por sus señalamientos con el narcotráfico.
“Hemos visto cómo el ejército ha agredido con balas a nuestros estudiantes”
Luego de las protestas iniciadas por los estudiantes hondureños en julio de 2019, se han registrado denuncias de casos de discriminación por motivos políticos contra estudiantes universitarios.
Entre ellas, está la de la presidenta del Colegio de Médicos de Honduras y la Vicepresidenta de la Conf. Medica Latinoamericana, Suyapa Figueroa, quien denunció en una entrevista de CNN las amenazas de expulsión de las que han sido víctimas los estudiantes universitarios, así como la represión ejercida por los de cuerpos de seguridad del Estado contra los universitarios que participan en las protestas.
“Esta represión que se está haciendo a todo nivel. Recordemos que la represión ha sido en todas las instancias posibles: una militarización excesiva de nuestro país, territorios completos que han sido militarizados, represiones con bala viva, disparos a población, heridos, una gran cantidad de heridos. Y obviamente las represiones contra los estudiantes que son el brazo más fuerte de las protestas en este momento que tiene al borde de amenazas de expulsión justamente por ejercer el ciudadano derecho, la garantía constitucional a la protesta”, expresó.
Figueroa afirmó que la autonomía universitaria ha sido vulnerada por parte del Estado hondureño, al haberse registrado irrupciones a recintos universitarios, así como amenazas de posibles recortes presupuestarios. Además, denunció que algunos diputados han sugerido que se debería tildar de terrorismo las acciones que están haciendo los estudiantes, y que existen estudiantes que fueron privados de libertad por ejercer el derecho a la manifestación pacífica.
“Bueno justamente esa es una de las amenazas: el hecho de que incluso se intervenga la Universidad Nacional por parte del gobierno es una posibilidad alta; el hecho de que haya un recorte del presupuesto del cual se sostiene nuestro país eso es otra amenaza. Indudablemente el régimen ha hecho cualquier cantidad de atrocidades en contra de esa autonomía universitaria que en verdad, en la práctica, no existe”, comentó.
“Hemos visto cómo el ejército ha entrado dentro del recinto universitario, ha agredido con balas a nuestros estudiantes. Muchos de los estudiantes que han participado en estas protestas guardan prisión en este momento en muchas cárceles donde son presos políticos también del régimen, justamente por ejercer este derecho constitucional, esta garantía constitucional”, sentenció.
Para más información véase:
