La Relatoría Especial DESCA de la CIDH denuncia la vulneración de derechos sociales y libertad académica en Nicaragua.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (#REDESCA) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (#MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) emitieron un pronunciamiento el 10 de septiembre de 2018, por las vulneraciones a los derechos sociales en ese país, esto en el marco de la profunda crisis de #DerechosHumanos que atraviesa Nicaragua. Los organismos internacionales han recibido información sobre recurrentes amenazas y hostigamiento a la población nicaragüense. En particular, en las últimas semanas, se han registrado despidos arbitrarios a personal médico y universitario. El despido de profesionales de salud tiene repercusiones directas negativas en los pacientes, que ven comprometida su salud por la falta de atención de especializada.
La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) asegura que 135 profesionales de la salud han sido despedidos, como represalia por ofrecer atención médica a manifestantes heridos que ejercían su legítimo derecho a la protesta, o por haber manifestado una posición crítica al gobierno. También, varios profesores de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) denunciaron que fueron despedidos por apoyar las manifestaciones en contra del gobierno. Así mismo, a REDESCA le han sido presentadas denuncias de persecución, amenazas y detenciones arbitrarias a líderes estudiantes, además de presiones por parte de las autoridades universitarias.
Hubo despidos de profesionales de la salud en: Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (León), Hospital Regional Santiago (Jinotepe), Hospital Humberto Alvarado (Masaya), Centro de Salud de Monimbó y Hospital San Juan de Dios (Estelí). #REDESCA #MESENI #Nicaragua
— CIDH (@CIDH) September 11, 2018
Esta conducta responde a un patrón sistemático de represión y censura contra cualquier detractor que alce su voz en contra del gobierno; patrón que se evidenció también en Venezuela con la criminalización de las protestas. El 3 de julio de 2018, Aula Abierta en conjunto con más de 40 organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios manifestaron su preocupación ante la criminalización de la protesta en los centros hospitalarios de las distintas regiones del país, donde universitarios y personal de la salud en general han sido víctimas de ataques y represalias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El respeto a la libertad académica y autonomía universitaria, supone para el Estado la obligación de abstenerse de imponer una matriz de pensamiento o ideas, ya que generar conciencia e ideas críticas es la base de una sociedad democrática; por esta razón las dictaduras han tomado a la comunidad universitaria como principal blanco de ataque, sin ser Venezuela la excepción a la regla. Aula Abierta reportó las amenzas continuas del régimen venezolano a las casas de estudio de educación mayor, implementando en los últimos 12 años una política de corte intervencionista dirigida a pulverizar los derechos humanos que protegen a los universitarios.
La comunidad estudiantil nicaragüense se ha declarado en “desobediencia” y no está dispuesta a retomar clases en vista de que no están dadas las condiciones ni garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria. REDESCA recuerda que la enseñanza superior, la #LibertadAcadémica de estudiantes y profesores y el respeto a la autonomía de las casas de estudio, constituyen un pilar fundamental para las instituciones democráticas. La CIDH subrayó que el Estado debe estimular un ambiente propicio para la recuperación de clases, priorizando la seguridad del estudiantado. REDESCA solicita la información completa sobre la garantía de los DDHH. REDESCA afirma que los derechos en ningún caso deben utilizarse para neutralizar ni hostigar a quienes protesten o se consideren oposición política.
Aula Abierta condena cualquier hostigamiento, amenaza y estigmatización de protestas de cualquier gremio de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos y libertad.
