LIBERTAD ACADÉMICA AMENAZADA. NICARAGUA Y VENEZUELA: UNA HISTORIA QUE SE REPITE
A lo largo de la historia, los regímenes dictatoriales han atentado contra el desarrollo del pensamiento crítico y plural de las naciones, atacando las universidades por ser un espacio en el que se desenvuelve un proceso científico-académico que nutre directamente la democracia.
Durante el 2017 y 2018, se han manifestado alarmantes casos en los que se presentan distintas violaciones a la libertad académica, criminalización de la protesta, ataques por parte de los Estados a la autonomía universitaria y otros hechos que vulneran derechos humanos en el ámbito universitario. El contexto de las universidades venezolanas arropó durante el 2017 una realidad en estos términos, que a su vez, ha podido evidenciarse durante el 2018 en las universidades nicaragüenses.
A finales del mes de marzo de 2017, iniciaron las protestas en Venezuela a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales agravaron la ruptura del orden constitucional al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2015, iniciando así una ola de protestas de la sociedad civil exigiendo el restablecimiento de la institucionalidad y democracia en el país. Esta oleada incrementó su intensidad cuando el Presidente Nicolás Maduro realizó la convocatoria inconsulta a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Por su parte, desde el 18 de abril de 2018 se han presentado en Nicaragua multitudinarias protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, encabezadas por jóvenes universitarios en conjunto con miles de manifestantes que mostraron su inconformidad ante las anunciadas y aprobadas reformas en el programa de seguridad social que incluían una reducción del 5% de las pensiones y aumentos a las cuotas que entregan tanto empleados como empleadores.
Tanto en Nicaragua como Venezuela, la comunidad universitaria, conformada por profesores y estudiantes, se erigió como uno de los principales protagonistas de las manifestaciones donde el uso desproporcional de la fuerza, represión e incluso uso de armas de fuego fue la regla por parte de los órganos de seguridad del Estado y en oportunidades, por civiles armados (Paraestatales) que actuaron con la aquiescencia del Estado bajo un patrón sistemático de violación de derechos humanos.
En este sentido, Aula Abierta, en el marco del Observatorio de Derechos Universitarios, en un trabajo en conjunto con distintos centros universitarios de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, pudo registrar que al menos 92 manifestaciones convocadas por la comunidad académica venezolana o que contaron con una amplia participación de la misma resultaron reprimidas, registrándose al menos 21 irrupciones al recinto universitario. Paradójicamente un cuerpo como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llamado a garantizar la seguridad de la ciudadanía, terminó siendo el principal componente represor del Estado venezolano al liderar un 82% de las represiones.
El caso nicaragüense por otra parte, motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) a realizar diversos trabajos con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país y realizar investigaciones de los hechos de violencia ocurridos en el marco de las manifestaciones. La CIDH observó el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines de la Policía y grupos parapoliciales nicaragüenses contra las manifestaciones ubicadas en las universidades, así como irrupciones a recintos universitarios realizadas por los entes anteriormente mencionados. Un ejemplo de ello es el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la que fuerzas policiales y grupos parapoliciales abrieron fuego e incendiaron las instalaciones del edificio de Posgrado de dicha universidad. Según la información recibida, hubo una fuga masiva de estudiantes, pero muchos quedaron atrapados en el recinto y varios perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas.
Además, las instalaciones universitarias nicaragüenses han servido de refugio para estudiantes y demás manifestantes de las acciones represoras por parte del Estado, tal como denunció la Universidad Centroamericana (UCA) a través de un comunicado, en donde miles de personas ingresaron a la UCA para refugiarse de los ataques y se atendió en el campus a los heridos.
En este orden de ideas, podemos destacar que tanto en el contexto venezolano y nicaragüense, las represalias en contra de la comunidad universitaria culminaron en detenciones arbitrarias de profesores y estudiantes que atentan contra la libertad académica.
En Venezuela, al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente en el transcurso del año 2017. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17 profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad.
Las cifras en relación al caso de los estudiantes venezolanos no son más alentadoras: 21 estudiantes fallecidos en el contexto de las manifestaciones. Adicionalmente, al menos 339 estudiantes universitarios resultaron detenidos arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y quedando afectados por medidas privativas de libertad. Claro ejemplo de esta situación es la que vivieron los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) del Estado Aragua, quienes fueron presentados ante la justicia militar, en virtud de una imputación arbitraria de los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza, siendo once de los detenidos enviados a la cárcel militar El Dorado.
En Nicaragua, también se registraron distintas detenciones a estudiantes universitarios, caracterizadas por la ausencia de orden judicial, la falta de información precisa sobre los cargos o motivo de la detención, y falta de comunicación oportuna a la familia sobre el lugar de reclusión. Asimismo, se han presentado prácticas de tortura y amenazas a autoridades universitarias, lo que motivó a la CIDH a adoptar medidas cautelares para proteger los derechos del rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), quien se encontraría en una situación de riesgo como consecuencia de su labor como rector y su participación activa en la Mesa de Diálogo Nacional. Al mismo tiempo, la Comisión tomó en cuenta que en su carácter de rector, jugó un rol importante en la protección y asistencia de los manifestantes, particularmente estudiantes, al ordenar la apertura de las puertas de la universidad para permitir el resguardo de las personas que habrían sido objeto de agresiones.
Hasta ahora, la CIDH informó que desde el 18 de abril, 322 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones en Nicaragua. La Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas y detenidas, dado que el Estado nicaragüense reconoce únicamente a 197 fallecidos.
Este recorrido por las realidades que se viven tanto en Venezuela como en Nicaragua, vislumbra que la democracia es intrínseca a la academia. Por tal motivo, la academia, en conjunto con la ciencia, representan una amenaza para las dictaduras, por tratarse de fuentes que contribuyen al desarrollo de las repúblicas, lo que trae como consecuencia que los regímenes dictatoriales alrededor del mundo ejerzan acciones con el objetivo de, no solo silenciar el pensamiento crítico y plural de la sociedad, sino además evitar que éste se desarrolle en las generaciones futuras, atentando contra una gama de derechos humanos en el ámbito universitario tales como la autonomía universitaria, la libertad académica y el derecho a una educación de calidad.
