Violaciones de DDHH y universitarios colombianos asesinados: episodios de una protesta

Foto: Cortesía.

La población de Colombia sufrió graves violaciones de derechos humanos que involucran represiones, detenciones arbitrarias, acoso y censura en el marco de las protestas realizadas desde el 28 de abril, a favor del paro nacional en rechazo al proyecto “Ley de Solidaridad Sostenible”, que presentó el Ministerio de Hacienda con el propósito de financiar (en parte) el gasto público del país, enfrentar los estragos generados por la pandemia y darle continuidad a los programas sociales que benefician a los sectores en pobreza extrema.

Durante este periodo de protestas masivas, el gobierno colombiano impulsó una actuación agresiva usando las fuerzas policiales, lo que desató episodios que terminaron con la vida de cuatro estudiantes universitarios; entre ellos, un joven estudiante perteneciente al pueblo indígena Igna.

En el segundo informe preliminar sobre la situación de Colombia Violaciones a la libertad académica, reunión pacífica y otros derechos humanos de los universitarios en el marco de las protestas en contra de la reforma tributaria a partir del 28 de abril de 2021 (Vol 2) se puede leer nuevos casos de universitarios amenazados y agredidos tras manifestarse en contra de la reforma.

En el primer volumen del informe, Aula Abierta reseña los primeros actos de violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad del Estado: uso de bombas lacrimógenas y detenciones forzadas, incluyendo golpes y la implementación de armas de fuego en contra de los manifestantes.

4 estudiantes universitarios asesinados

Los sucesos ocurridos por las represalias dejaron sin vida el 14 de mayo a Sebastián Quintero Múnera, estudiante del quinto semestre de Ingeniería Informática de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca (UNIMAYOR). Quintero Múnera murió tras recibir un proyectil de un arma no convencional en su cuello, lanzada presuntamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Mi hijo perdió la vida en una protesta que es legítima y fue víctima de un asesinato por terrorismo de Estado, a cargo de las fuerzas armadas de este país”

-Fabián Quintero, padre de Quintero Múnera en las declaraciones ofrecidas al medio El Tiempo.

También, quedó sin vida Sebastián Jacanamejoy, un estudiante indígena Inga de la Universidad del Valle. El 28 de mayo Jacanamejoy, presuntamente, fue asesinado por civiles armados en el “punto de resistencia”, barrio Menéndez en Santiago de Cali.

En el lugar de los hechos resultaron heridas, al menos, otras 5 personas, algunas de ellas pertenecientes a los pueblos indígenas. 

El 5 de mayo, el estudiante de Ciencias y Deporte de la Universidad Técnica de Pereira (UTP), Lucas Villa, recibió ocho impactos de bala en su cráneo, cuello, tórax y miembro inferior derecho por parte de desconocidos, mientras se manifestaba pacíficamente a favor de las medidas de “paro nacional” en el Viaducto de Pereira, capital de Risaralda, departamento en el centro de Colombia. Asimismo, en el ataque fueron heridas dos personas más.

Otro caso significativo fue el de Kevin Agudelo, estudiante de diseño del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quien el 3 de mayo estaba participando de una velatón en el sector de Siloé, Cali, en memoria de los fallecidos en días anteriores durante las protestas, cuando fue alcanzado por disparos que vendrían de, presuntamente, la Policía Nacional que entró con fuerza a la zona. Algunas personas lo cargaron hasta la Institución Prestadora de Salud (IPS) de Siloé, pero fue declarado sin vida.

Detención arbitraria, amenazas y represalias

Las represalias contra la libertad académica y la libertad de expresión de universitarios se presentaron en determinadas oportunidades. Según los datos obtenidos en la investigación de Aula Abierta, el último hecho ocurrió el 12 de mayo. Un estudiante de Ingeniería en la Universidad  Nacional, sede Medellín, fue señalizado durante la realización de un parcial en un curso de termodinámica por parte del profesor de la cátedra, Horacio Uribe. 

La Asamblea Nacional Estudiantil de la institución rechazó la actuación del profesor por promover una acusación contra el estudiante y censurar.

En los resultados de la investigación, la organización concluyó que se han efectuado, al menos, cuatro episodios que atentan contra de la libertad académica y la libertad de expresión en el desarrollo de clases virtuales, pues los casos van desde agresiones verbales, expulsión de clases, hasta una detención arbitraria. 

Visita in loco de la CIDH: graves violaciones

Luego de que el gobierno colombiano negara la solicitud de visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar los sucesos ocurridos en el país, el  07 de junio, la CIDH arribó a Colombia para realizar su visita histórica in loco.

La Comisión logró documentar, verificar y consultar las denuncias realizadas por las distintas organizaciones de la sociedad civil y realizar las recomendaciones correspondientes que atiendan el enfoque de la garantía del derecho a la libertad académica, la educación de calidad y su interrelación con otros derechos humanos como la vida, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

Los hechos narrados comportan graves violaciones a los derechos humanos de actores universitarios, las cuales se encuentran establecidos en los artículos 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 13 del Protocolo de San Salvador y la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde Aula Abierta se le exige al Estado colombiano que realice las investigaciones y seguimientos pertinentes a los casos de las cuatro muertes de universitarios en el marco de las protestas, atendiendo a la presunción sobre la posible responsabilidad de miembros de la Policía Nacional, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), así como de los asesinatos provocados por terceros, que permitan consecuentemente juzgar y sancionar a los responsables. 

Esta organización también recuerda que la investigación, deberá atenderse con seriedad y no como una simple formalidad, condenada de antemano a ser infructuosa.

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