Represión, muerte, censura y acoso: universitarios colombianos entre los más afectados en el marco de las protestas
Miembros de la comunidad universitaria en Colombia han sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos que incluyen muerte en protestas, represión, persecución, acoso y censura, en el marco de las protestas masiva que se han realizado desde el 28 de abril en contra del proyecto “Ley de Solidaridad Sostenible”, que presentó el Ministerio de Hacienda con el propósito de financiar, en parte, el gasto público del país, enfrentar el endeudamiento generado por la pandemia y darle continuidad a los programas sociales que benefician a los sectores en pobreza pobreza extrema.
En el “Informe preliminar: violaciones a la libertad académica, reunión pacífica y otros derechos humanos de los universitarios en el marco de las protestas en contra de la reforma tributaria a partir del 28 de abril de 2021” de Colombia, publicado por Aula Abierta, se puede leer que desde el inicio de las protestas, diversos medios de comunicación y demás miembros de la sociedad civil han documentado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
Los actos han sido desde el uso de bombas lacrimógenas y detenciones hasta la aplicación de la fuerza excesiva, tales como golpes y la implementación de armas de fuego en contra de los manifestantes.
Los universitarios están entre los principales actores que han integrado las protestas, en consecuencia, también son los más afectados. El 5 de mayo de 2021, el estudiante de Ciencias y Deporte de la Universidad Técnica de Pereira (UTP), Lucas Villa, recibió ocho impactos de bala en su cráneo, cuello, tórax y miembro inferior derecho, por parte de desconocidos mientras se manifestaba pacíficamente a favor de las medidas de “paro nacional”, en el Viaducto de Pereira, capital de Risaralda, departamento en el centro de Colombia.
Asimismo, en el ataque fueron heridos al menos dos personas más. El secretario de Gobierno de Pereira, Álvaro Arias Vélez, exigió a las autoridades que se esclarezcan en “el menor tiempo posible” los hechos que calificó como “sicariales”. Además, comunicó que se ofrecían hasta 50 millones de pesos colombianos (unos US$ 13.100) a cualquier persona que pueda aportar pruebas que conduzcan al esclarecimiento del ataque.
El 10 de mayo de 2021, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira informó que Villa fue diagnosticado con muerte cerebral, manteniéndose aún en un status de incertidumbre con respecto de los perpetradores del ataque.
La Relatoría sobre Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Protesta y Derechos Humanos” (2019) ha dejado en claro que las afectaciones al derecho a la reunión pacifica pueden darse con origen “por falta de protección estatal frente a las agresiones de otros manifestantes o de terceros” a derechos tales como la vida y la integridad personal que se encuentran contenidos en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Otro caso significativo fue el de Kevin Agudelo, estudiante de diseño del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quien el 3 de mayo estaba participando de una velatón en el sector de Siloé, Cali, en memoria de los fallecidos en días anteriores durante las protestas, cuando fue alcanzado por disparos que vendrían de, presuntamente, la Policía Nacional que entró con fuerza a la zona. Algunas personas lo cargaron hasta la Institución Prestadora de Salud (IPS) de Siloé, pero fue declarado sin vida.
Censura y violación al derecho a la educación
El 4 de mayo de 2021, la estudiante de la Escuela de Derecho en la Universidad delRosario, María Camila Guerrero, denunció que el profesor Édgar Augusto Ramírez lainsultó y expulsó de una clase virtual por haber utilizado una imagen que apoyaba lamovilización social a propósito del paro nacional en contra de la reforma tributaria.
Lasituación, además, fue conocida a través de las redes sociales donde miembros de la comunidad de la casa de estudios, tanto del profesorado como el estudiantado, rechazaron las represalias sufridas por la estudiante en el ejercicio de la libertad deexpresión.
Al respecto, la cuenta oficial de twitter de la Universidad del Rosario público un Tweet señalando: “Como universidad rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy. Reiteramos nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia. Reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca
Navarro señaló: “me sentí un poco atacado y le dije respetuosamente, como consta en los videos, que nos limitáramos simplemente a dar la clase de Derecho Tributario para no entrar en debate. Ante esto el profesor respondió silenciándome el micrófono innumerables veces. Le decía ‘profesor no me silencie, demos la clase’ (…) Y ustedes saben qué pasa en Colombia con las personas que tildan comunistas”.
Posteriormente, el profesor procedió a expulsar a Navarro de la clase virtual y bloquearle el acceso para impedirle nuevamente entrar a la sala de clase.
Acoso y violencia de género
El 10 de mayo de 2021, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles deEducación Superior denunció a través de su cuenta oficial en Facebook que la lideresaJennifer Pedraza estaba sufriendo amenazas y hostigamientos en contra de su vida eintegridad personal.
Uno de los aspectos que resaltan es que: “Recientemente, ladirección y el número de celular de Jennifer Pedraza fue filtrado sin su consentimiento porredes sociales y grupos de chat. Producto de lo anterior, ella viene recibiendo llamadas ymensajes intimidantes, hostigamientos y acoso sexual que buscan denigrarla como lideresa y como mujer”.
Es necesario recordar que el Estado tiene una obligación reforzada frente a la garantía de derechos a defensores de derechos humanos que se adecuen también en la categoría de grupos vulnerables como lo es en el caso de las mujeres. Esto indica que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer.
Se hace mención de que la Corte ha manifestado que la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.
Información oficial vs. Información de ONG
El 6 de mayo de 2021, la Defensoría del Pueblo de Colombia compartió a través de su cuenta oficial en twitter un reporte sobre su “balance de acciones” en el marco de las protestas. Entre diversos resultados, señaló que en los más de 7 días que iban de manifestaciones, al menos, 24 personas han fallecido, 352 personas lesionadas y 51 personas se encontraban presuntamente desaparecidas.
En contraste a la información presentada por la Defensoría, la Organización No Gubernamental Temblores, a través de una plataforma de denuncia denominada “Grita”, señaló en su cuenta twitter al menos 37 muertes por violencia policial, 934 detenciones arbitrarias, 234 casos de víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional, 341 intervenciones violentas de la fuerza pública, 26 agresiones a víctimas en los ojos, 11 casos de víctimas de violencia sexual y 98 casos de disparos con armas de fuego. Cada una de las situaciones por acciones presuntamente ejecutadas por la Policía Nacional en el uso excesivo de la fuerza.
Para el 11 de mayo de 2021, el presidente Iván Duque afirmó que las autoridades habían iniciado 65 acciones disciplinarias, entre ellas ocho por homicidio, todas producto de violencia policial durante las protestas.
Para más información, consulta el informe preliminar: “INFORME PRELIMINAR: VIOLACIONES A LA LIBERTAD ACADÉMICA, REUNIÓN PACÍFICA Y OTROS DERECHOS HUMANOS DE LOS UNIVERSITARIOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS EN CONTRA DE LA REFORMA TRIBUTARIA A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2021”, un producto del Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta Latinoamérica y de la Red Latinoamericana de Universitarios por la Libertad Académica.
