Gobierno brasileño infringe autonomía universitaria al suspender una prueba de ingreso de estudiantes transgénero

En fecha 16 de julio de 2019, el presidente brasileño Jair Bolsonaro[ anunciaba que el Ministerio de Educación de Brasil (MEC) intervino en el proceso de ingreso estudiantil convocado por la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña (UNILAB), el cual reservaba 120 vacantes para personas transgénero e intersexuales, que tenía por objeto cubrir los cupos en diversas carreras tras el abandono de los estudiantes que previamente habían sido seleccionados.

La UNILAB es una universidad pública federal ubicada en Redenção, Ceará, Brasil, dedicada principalmente a promover el desarrollo regional y el intercambio cultural, científico y educativo, así como la integración entre Brasil y los demás países miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, como Angola, Cabo Verde y Portugal.

El ingreso de estos nuevos estudiantes estaba programado para el segundo semestre del año 2019. La convocatoria[ estaba dirigida a personas transexuales, travestis, no binarias e intersexuales que habían completado la escuela secundaria. Las categorías se definen de acuerdo con el glosario de las Naciones Unidas (ONU). El proceso de selección incluiría una “auto declaración de identidad” que sería confirmada por alguna institución LGBT designada por la universidad.

De acuerdo con Agencia Brasil, el Ministerio de Educación ordenó suspender el concurso estudiantil cuestionando la legalidad del proceso selectivo en la UNILAB; mediante un comunicado de la Procuraduría General de la República dispuso que no se prevén plazas específicas para el público al cual va dirigido la convocatoria en la Ley de Acciones Afirmativas de Brasil. Según este comunicado, el edicto emitido por la universidad carecía de base legal para la elaboración de una política afirmativa de cuotas.

Sin embargo, la actuación del Ministerio de Educación resulta regresiva para los derechos de grupos minoritarios. La convocatoria de la UNILAB para el proceso selectivo de acceso a la educación pública para personas transgénero e intersexuales se realizó de conformidad con la Ley que regula la materia, cuyo contenido tiene como fin regular la reserva de cupos en instituciones de educación superior para grupos minoritarios o vulnerables como estudiantes provenientes de escuelas públicas, estudiantes con discapacidad, indígenas, entre otros.

Asimismo, la Constitución Federal de Brasil dispone en su artículo 5 la posibilidad de que el Estado recurra a políticas universalistas, que incluyen un número indeterminado de individuos, a través de acciones afirmativas dirigidas a grupos sociales específicos, atribuyendo beneficios temporalmente que les permita superar las desigualdades.

En este sentido, la UNILAB, en cumplimiento al principio de proporcionalidad e igualdad, con la asignación de 120 vacantes para personas trans e intersexuales, también asignó 249 vacantes para admisión de graduados y transferencia de otras instituciones de educación superior y se ofrecieron 205 vacantes a indígenas[, en este caso llama la atención que estas convocatorias no fueran objeto de anulación por parte del Gobierno Federal.

Por su parte, Keila Simpson[, presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, se pronunció sobre esta medida que suspendió el examen de ingreso, sosteniendo que alrededor del 82% de la población trans en el país sufre problemas de deserción, de conformidad con una encuesta de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB).

De acuerdo con un estudio publicado en mayo de 2019 por la Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Enseñanza Superior (ANDIFES), tan solo un 0,2 % de los universitarios brasileños son transgénero[. De allí se desprende que, existe una falta de inclusión de grupos minoritarios en las instituciones de educación superior.

Ahora bien, la UNILAB tiene la atribución de elegir los procesos de selección de ingreso estudiantil que considere pertinentes, así como cualquier otra universidad federal tiene potestades para ello; siguiendo lo establecido por la Constitución Política de Brasil, las universidades poseen autonomía didáctica-científica, administrativa y de gestión financiera y patrimonial, es decir, tienen el derecho de tomar decisiones independientemente de otros órganos del Poder Público para otorgar los cupos elegibles a través de sus mecanismos autónomos de selección del estudiantado.

Asimismo, mediante la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado brasileño se obliga a preservar la autonomía que poseen las instituciones de educación superior, la cual se encuentra contemplada en la observación general No. 13., destacando que resulta imprescindible para garantizar una educación de calidad.

A pesar de ello, la injerencia del Ministerio de Educación brasileño en los procesos de ingreso estudiantil y en el otorgamiento de cuotas estudiantiles en universidades federales representa una restricción muy grave contra la autonomía universitaria, la cual es otra de las medidas bajo la administración de Bolsonaro que ha venido asediando a la universidad pública en Brasil.[


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *