Represión, detenciones, censura y muerte a manos del Estado de Nicaragua vulnera derechos humanos de la comunidad universitaria
Aula Abierta manifiesta su profunda preocupación ante los hechos desencadenados a partir del 18 de abril de 2018 en distintas ciudades de Nicaragua, donde se ha evidenciado la represión directa por parte del Estado hacia los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, así como detenciones arbitrarias a más de 200 jóvenes y profesores, la censura a canales de televisión e irrupción a recintos universitarios.
Desde el miércoles 18 de abril de 2018 se han presentado protestas multitudinarias contra el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, motivadas por las anunciadas y aprobadas reformas en el programa de seguridad social que incluían una reducción del 5% de las pensiones y aumentos a las cuotas que entregan tanto empleados como empleadores, parcialmente impulsadas por estudiantes universitarios, donde miles de manifestantes mostraron su inconformidad en movilizaciones ciudadanas que pueden ser consideradas las más numerosas y violentas en la historia reciente de Nicaragua.
Fuente: Diario Las Americas
A pesar de que el Presidente Ortega derogó la reforma el 22 de abril de 2018 por considerarla “inviable”, las protestas en el país continuaron para exigir la dimisión del presidente nicaragüense y pedir justicia por los muertes ocasionadas por parte del Estado. Según reseñó la prensa nicaragüense, la noche de ese mismo día, la policía antidisturbios entró en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) para reprimir una manifestación realizada por un grupo de estudiantes. La operación policial dejó al menos un estudiante muerto y decenas de heridos en dicha universidad.
Desde entonces, se han presentado reiteradas violaciones a recintos universitarios. Tal es el caso de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la principal universidad pública del país, la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Centroamericana (UCA), la cuales fueron atacadas por desconocidos fuertemente armados para desalojar a estudiantes que se encontraban protestando, dejando varios heridos.
La situación anteriormente mencionada motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita de trabajo a Nicaragua, la cual tuvo lugar del 17 al 21 de mayo de 2018, con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país. Según la información reunida hubo al menos 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas y 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. A pesar de esto, la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció el 22 de mayo de 2018 que el Gobierno de Nicaragua oculta información sobre la cantidad de personas muertas durante la represión a las manifestaciones.
Durante la visita, la CIDH observó el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra las manifestaciones ubicadas en las universidades. Por ejemplo, en ataques a la Upoli llevados a cabo el 10 y 16 de mayo, la CIDH fue informada que la Policía Nacional habría utilizado balas de goma y armas de fuego, mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, los líderes estudiantiles denunciaron que ataques contra los estudiantes por parte de tropas antimotines de la Policía y que grupos parapoliciales mantenían sitiada la sede de dicha universidad.
Razón por la cual, el 21 de mayo de 2018 la CIDH resolvió adoptar una medida cautelar para proteger los derechos de integrantes del movimiento estudiantil y sus núcleos familiares en Nicaragua. Estudiantes que fueron entrevistados por la Comisión indican que en su mayoría habrían sido objeto de actos de violencia como resultado de la represión en el marco de su participación en las protestas sociales emprendidas; incluso el riesgo continuaría posteriormente mediante amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, redes sociales, o mediante seguimientos por personas motorizadas o en camionetas a manera de intimidación.
También se observaron situaciones en las que habrían personas “infiltradas” entre los estudiantes que los atemorizaron de manera constante, y en uno de los casos se denunció que tales personas habrían rociado gasolina sobre un estudiante, quemado el rostro y cuello, y lo habrían amedrentado con “quemarlo vivo”, además de haberle golpeado severamente y después mantenido con sedación. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las y los beneficiarios y sus familiares.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió el martes 24 de abril al gobierno de Nicaragua a investigar las muertes producidas en las protestas antigubernamentales según denuncias que equivalen a ejecuciones ilegales. De igual forma, la CIDH expresó su preocupación por las muertes en el contexto de protestas en Nicaragua, y recordó que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. La represión directa a los manifestantes o la detención arbitraria de manifestantes es incompatible con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente.
Debido a los resultados obtenidos en la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alcanzaron el 30 de mayo la anuencia del Estado de Nicaragua para crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con garantías de autonomía e independencia, para coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos de acuerdo con la recomendación número 3 de las Observaciones Preliminares de la CIDH publicadas al concluir su visita de trabajo a Nicaragua, llevada a cabo del 17 al 21 de mayo de 2018.
El GIEI tendrá, entre otras, las atribuciones de: analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica; analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación y si se están empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los posibles ilícitos y sus responsables y, de ser el caso, recomendar las acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados.
A pesar de estas consideraciones, este mismo día se observó nuevamente la represión por parte de la Policía y fuerzas “parapoliciales” afines al gobierno, a una manifestación pacífica en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas, con ocasión a celebrarse el Día de la Madre en Nicaragua. La movilización terminaría en la Universidad Centroamericana con un evento cultural, por el contrario, el recinto universitario terminó sirviendo de refugio a los manifestantes ante los disparos. También se produjeron hechos de violencia en otras ciudades, dejando 16 muertos en el país, entre ellos el joven Kevin Antonio Coffin Reyes, medallista de oro en sambo en los pasados Juegos Centroamericanos de Managua 2017, tras ser herido por arma de fuego.
Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua.
Para apaciguar las protestas, el presidente Ortega propuso un diálogo nacional que pusiera en marcha un proceso de “justicia y democratización del país” con la participación de estudiantes, universidades, empresarios, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, organismos de iglesia y delegados del gobierno. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Nicaraguense, en su función de mediadora y testigo del diálogo, anunció que las mesas de dialogo fueron suspendidas por segunda vez el 31 de mayo por falta de consenso, y no continuarán hasta que el Gobierno cese la represión.
En este sentido, debe recordarse que la criminalización de la protesta violenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por tanto, el Estado de Nicaragua está en la obligación de iniciar los procedimientos necesarios para la determinación de las responsabilidades a las que hubiere lugar por el uso desproporcionado e ilegal de la fuerza pública, así como las distintas violaciones del marco normativo nacional e internacional.
Desde Aula Abierta condenamos la existencia de estas situaciones y hacemos un llamado enérgico a las autoridades nicaragüenses a garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral, manifestación, la libertad académica y la autonomía universitaria consagrados en los distintos instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos.
