Estudiantes normalistas denuncian abuso sexual por parte de la policía de Chiapas en México
Luego de la protesta organizada por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, a partir del 18 de mayo de 2021, diversos medios de comunicación y demás miembros de la sociedad civil denunciaron que mujeres estudiantes fueron abusadas sexualmente por parte de funcionarios de la policía del estado de Chiapas, luego de ser detenidas.
Desde el momento de su detención, varias de las estudiantes denunciaron, por medio de compañeros y familiares, que sufrieron agresiones sexuales por parte de los agentes de la policía estatal que las detuvieron. “Aparte del maltrato psicológico, fueron golpeadas durante la detención e intimidadas con comentarios sexuales, después recibieron tocamientos de la policía”, afirmó un vocero de la escuela al medio El País.
Al respecto, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH), manifestó que “es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente (…) es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su cuenta de Twitter, instó al Estado mexicano a investigar el uso excesivo de la fuerza implementada durante las protestas, así como a determinar la situación jurídica de las personas detenidas y las denuncias de agresiones sexuales.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó un comunicado oficial en el que llamó a las autoridades de Chiapas a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, a la vez que pidió investigar las denuncias de presuntos abusos y casos de violencia sexual o de discriminación por motivos de género, por parte de funcionarios policiales, en el marco de las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Esto incluye “el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa”.
Juez de Control decide privar preventivamente de libertad a los estudiantes detenidos
El Juez de Control decidió “vincular a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa” en contra de los estudiantes detenidos en la protesta durante el lapso de 45 días que tiene el Ministerio Público para presentar las pruebas que fundamentan los delitos que les imputan, según informó el Poder Judicial del estado de Chiapas en su perfil de Facebook.
Según el comunicado, “del total de estudiantes detenidos, mediante un ejercicio con perspectiva de género y atendiendo las circunstancias generales de cada caso, 74 mujeres fueron vinculadas a proceso con firma periódica, dos menores de edad vinculados con la medida cautelar de externación”.
Estudiantes féminas de la escuela Carmen Serdán’ de Teteles de Ávila Castillo fueron reprimidas
El 01 de junio de 2021, estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Carmen Serdán’ de Teteles de Ávila Castillo, ubicada en el estado de Puebla, se manifestaron en la sede del Gobierno del estado, a los fines de exigir una audiencia con el gobernador Luis Miguel Barbosa, por el supuesto incumplimiento de algunos acuerdos asumidos con las estudiantes en 2019.
En esta protesta, según denunció la agrupación feminista poblana “Coatlicue Siempre Viva”, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, las estudiantes fueron reprimidas física y sexualmente por parte del gobierno.
“Exigimos que las compañeras que están presas de su libertad en estos momentos sean liberadas de inmediato, que en las próximas horas y días no se prive de su libertad a ninguna compañera normalista ni a compañeras, compañeros, compañeres que muestren su solidaridad con ellas. Que los policías estatales responsables de agredir física y sexualmente a las compañeras sean inhabilitados de la función pública y puestos a disposición de fiscalía del estado”, indicaron en el comunicado.
Aula Abierta recuerda que los Estados son directamente responsables por la violencia contra las mujeres, perpetrada por sus agentes, sin embargo, también puede surgir su responsabilidad cuando no actúa con relación a estos hechos, con la debida diligencia.
La CIDH ha establecido entre los principios más importantes, que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de investigar con debida diligencia, procesar y condenar a los responsables, así como prevenir estas prácticas, siendo la falta de sanción de un hecho de violencia contra las mujeres una forma de discriminación.
Así lo establece el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y 7 de la Convención Belém do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), en los siguientes términos: “Los Estados Partes (…) convienen (…) en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
De tal manera, ante actos de violencia contra las mujeres, tanto cometidos por agentes estatales como por particulares, es deber del Estado investigar actos de violencia de forma pronta y exhaustiva los hechos para sancionar a los responsables, sin embargo, preocupa como el Estado mexicano no se ha pronunciado sobre las denuncias de presuntos abusos sexuales cometidos por los funcionarios de la policía de los estados de Chiapas y Puebla, contra las estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y la Escuela Normal Rural ‘Carmen Serdán’ de Teteles de Ávila Castillo.
La CIDH establece que ciertos grupos de mujeres, entre ellas las mujeres indígenas, se exponen a un riesgo mayor a estos actos, debido a factores históricos de discriminación que responden a la naturaleza multidimensional de su identidad, tales como su raza, posición económica, etnia y el habitar en zonas rurales y las colocan en un estado de indefensión que las vuelve más susceptibles de sufrir violaciones a sus derechos humanos.
Aula Abierta exige al Estado mexicano que se realicen las investigaciones pertinentes a los casos de denuncias de abuso sexual en contra de las estudiantes normalistas, en el marco de las protestas, que permitan consecuentemente juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, se exige al Estado de México aplicar las debidas medidas de protección a los pueblos indígenas y mujeres, considerando su obligación reforzada de protección que atiende a la situación de vulnerabilidad de estos grupos, implicando la necesidad de un enfoque especial de atención
Lee más sobre esta información en nuestro informe preliminar: “Violaciones al derecho a la educación de calidad, a la libertad académica y a la reunión pacífica de los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales en México”, un producto del Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta Latinoamérica y de la Red Latinoamericana de Universitarios por la Libertad Académica.
