Violaciones a la educación de calidad en las Escuelas Normales Rurales de México
Como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), adscrita a la Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas, tomó la decisión de implementar el examen de admisión bajo la modalidad “en línea” en la Escuela Normal Rural Mactumactzá de México, acción que representa una violación al derecho a la educación de calidad y a la libertad académica.
La decisión del Estado mexicano, limita la accesibilidad de la educación a las personas que no tienen acceso a computadoras, internet y otros medios indispensables para realizar sus procesos de registro e inscripción, condición que es necesaria para lograr una educación de calidad, según lo previsto en la Observación General Nº 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Ante esta decisión, desde el 12 de mayo de 2021, un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron manifestaciones en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, en rechazo a esta medida y para exigir la ampliación de la matrícula de la institución educativa y el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje.
Según declaraciones de un vocero estudiantil al medio “El País”, las protestas se deben a que en el año 2020 sólo el 20% de los aspirantes a entrar en la escuela aprobó el examen: “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, manifestó.
Las Escuelas Normales Rurales (ENR) son instituciones creadas en México desde 1922 y vigentes hasta la fecha y su objetivo es formar maestros para que desempeñen funciones pedagógicas en el medio rural. Se trata de instituciones de educación superior, con grado académico de licenciatura, que fueron separadas de la educación secundaria.
En el marco de las protestas desarrolladas por los estudiantes de distintas escuelas normales rurales del país azteca, se desencadenaron múltiples situaciones en las que se violentaron los derechos a la libertad personal, a la integridad física y personal, a la vida y a la educación de los estudiantes.
Durante la manifestación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, diversos medios de comunicación y demás miembros de la sociedad civil denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios policiales, para reprimir a los manifestantes a través del uso de bombas lacrimógenas, detenciones arbitrarias y presuntos abusos sexuales.
Tras sostener algunas mesas de diálogo con el Gobierno estatal por mejoras en la educación y planes de estudio , el 18 de mayo de 2021, un grupo de alrededor de 300 estudiantes tomaron la decisión de realizar una protesta para exigir que el examen de selección para alumnos de nuevo ingreso, para el ciclo escolar 2020-2021, fuera presencial, debido a que la mayoría de los aspirantes no tienen acceso a internet para realizar su registro y examen en línea, según denunciaron algunos estudiantes a los principales medios de comunicación mexicanos.
En esta jornada, estudiantes y organizaciones civiles denunciaron que la protesta fue reprimida con uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales. Concretamente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó a través de un comunicado que, durante la manifestación, en la caseta de cobro Chiapa de Corzo, ubicada en la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, arribaron alrededor de 500 policías estatales, los cuales de manera violenta y sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza, procedieron a desalojar el lugar.
Detenciones arbitrarias de estudiantes de las Escuelas Normales Rurales
De acuerdo con información recibida por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante la protesta fueron detenidas 97 personas y 93 de ellas estudiantes. La detención se produjo cuando los estudiantes realizaban un bloqueo carretero en la autopista San Cristóbal de las Casas – Tuxtla Gutiérrez y mantenían en bloqueo el libramiento Norte y Calzada Vicente Fox, en la capital del estado de Chiapas.
Los estudiantes fueron imputados por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal, patrimonial de la colectividad y del Estado y daños. La mayoría de los detenidos forman parte de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y las mujeres.
El 01 de junio de 2021, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, ubicada en el estado de Puebla, se manifestaron en la sede del Gobierno del estado, a los fines de exigir una audiencia con el gobernador Luis Miguel Barbosa, por el supuesto incumplimiento de algunos acuerdos asumidos con las estudiantes en 2019.
Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH, al referirse a las exigencias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, manifestó que “la pandemia ha agudizado las desigualdades. Es responsabilidad de las autoridades evitar que sus medidas profundicen esta brecha. Las medidas de respuesta a la pandemia deben poner los derechos humanos en el centro para garantizar que ninguna persona sea dejada atrás”.
Fernández enfatizó que “las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y muchas veces viven en condiciones de exclusión y pobreza, tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos sin enfrentar barreras que en la práctica constituyen discriminación”.
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó que los estudiantes detenidos el 01 de junio, tras rendir su declaración, fueron liberados, aunque quedaron sujetos bajo reservas de ley.
Pese a la decisión del Estado mexicano de liberar a los estudiantes detenidos, preocupa que la libertad de los mismos fuera condicionada a determinadas restricciones que vulneran su derecho a la reunión pacífica.
Además, las prácticas represivas contra estudiantes que exigen el cumplimiento de demandas estrictamente académicas, aparte de vulnerar los derechos a la reunión pacífica y la libertad personal y de expresión, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Las situaciones generadas durante las protestas, de las cuales es responsable el Estado mexicano, representan violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad universitaria, entre ellos, la libertad académica y, en consecuencia, el derecho a una educación de calidad, establecidos en los artículos 13 del PIDESC, artículo 13 del Protocolo de San Salvador y la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), según la cual sólo se puede disfrutar del derecho a la educación de calidad si se respeta la libertad académica.
Se exige al Estado mexicano, garantizar el derecho a la reunión pacífica de los estudiantes normalistas, comprendido dentro del alcance de otros derechos, tales como la vida, integridad personal, libertad de expresión, libertad de asociación y otras categorías interrelacionadas con la protección del derecho a la libertad académica.
Para más información, consulta el informe preliminar: “Violaciones al derecho a la educación de calidad, a la libertad académica y a la reunión pacífica de los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales en México”, un producto del Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta Latinoamérica y de la Red Latinoamericana de Universitarios por la Libertad Académica.
