Suprema Corte de México retira solicitud que amenaza la labor de Centros Públicos de Investigación
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiró provisionalmente una solicitud de sustitución de la jurisprudencia P./J. 1/96, que aprobó en junio del año 2020. Según denunciaron varios grupos sindicales que hacen vida en México, este asunto podía afectar gravemente la independencia académica en los centros públicos de investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa retiró provisionalmente el proyecto. “Ante la recepción que he tenido de documentos y observaciones de las señoras y señores ministros sobre la propuesta que estoy haciendo y este proyecto, solicito a usted se retire de la lista esta solicitud de sustitución de jurisprudencia para poder fortalecer el proyecto, enriquecerlo, y que pueda ser un proyecto que salga con el mayor consenso posible”, declaró la ministra.
Hasta el momento, no se han hecho públicas las razones por las cuales la Segunda Sala de la Corte solicitó la sustitución de la jurisprudencia P./J. 1/96, ni tampoco se ha hecho público el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por lo que es difícil saber con precisión cuáles serían las afectaciones de la sustitución.
Sin embargo, los grupos sindicales en México aseguran que de darse quedarían afectados asociaciones civiles y organismos descentralizados del Estado. Con esta solicitud, la Segunda Sala pretendía cambiar el régimen laboral por el que se rigen los trabajadores de organismos públicos descentralizados, incluyendo algunos CPI, del apartado A al apartado B del artículo 123 constitucional, lo cual traería como consecuencia la pérdida de sus derechos a la estabilidad en el empleo.
Además, tampoco podrían solicitar la reincorporación en caso de un despido injustificado y formar parte o afiliarse a un sindicato.
La Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCY), conformada por 25 sindicatos de CPI, entregó a los ministros de la SCJN una carta en la que solicitaron una audiencia para exponer sus razones acerca de la revisión jurisprudencial, según expresó Alicia Salmerón, secretaria general del Sindicato del Personal Académico del Instituto Mora (SIPAMORA) al medio “La Silla Rota”.
Concretamente, la carta explica cómo la sustitución afectaría la calidad académica de los CPI, así como el derecho a la asociación del personal académico, la libertad sindical y la negociación colectiva.
Salmerón, declaró al medio “La Silla Rota” que “una revisión de la jurisprudencia P./J 1/96 que desconociera el régimen laboral que rige actualmente en nuestros centros públicos de investigación provocaría graves daños a su vida académica y la contribución que ellos hacen al desarrollo científico y tecnológico en el país”.
En marzo de 2021, José Alberto Galarza Villaseñor, Senador de la República de la Sexagésima Cuarta Legislatura, sometió a consideración del Senado un punto de acuerdo en el que recomendó a la SCJN, dejar en los términos actuales el criterio de la jurisprudencia P./J. 1/96, para que el personal académico y administrativo adscrito a todos los CPI del Conacyt continúen rigiéndose por el apartado A del artículo 123 de la Constitución mexicana, protegiendo sus derechos laborales, así como de libertad de investigación y cátedra.
Para el Senador, la aprobación de la sustitución de la jurisprudencia P./J. 1/96 afectaría la calidad académica de las instituciones, ya que los investigadores pasarían a ser personal de confianza que carece de estabilidad en el empleo, lo cual afectaría su libertad de investigación y cátedra. Además, atentaría contra el derecho de asociación del personal académico, ya que el régimen excluye al personal de confianza de la sindicalización.
Aunado a esto, afectaría el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, toda vez que, sustentados en el régimen general del apartado A, se tienen celebrados Contratos Colectivos de Trabajo.
Pese a que Esquivel retiró provisionalmente su solicitud de sustitución, preocupa que, eventualmente, pueda interponerse de nuevo y amenace con vulnerar las labores de docencia, investigación y difusión, con respeto a la libertad de cátedra, la libertad de investigación y el libre examen y discusión de ideas, en los CPI del país.
