Universidades públicas en Costa Rica amenazadas en su autonomía financiera

Foto: Siesca-Uned

A pesar de gozar de autonomía por mandato constitucional, las universidades de Costa Rica ven amenazada su autonomía financiera debido a la aprobación que realizara la Asamblea Legislativa del informe presentado por la comisión especial encargada de estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En octubre de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una Comisión Especial para que estudiara, analizara y, eventualmente, propusiera proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FEES, la cual se avocó por más de un año a recibir en audiencia a representantes del Gobierno central, de las universidades públicas y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Para mayo del 2020, la mayoría de los diputados que conforman la Comisión, presentaron ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica un informe final en el que se estudió y analizó la inversión y la administración de los recursos del FEES y, además, se propone la realización de una reforma constitucional que someta a la universidad y sus finanzas a las finanzas públicas, lo que podría constituirse en una violación a la autonomía financiera de las universidades.

En el informe se estipula que “cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria, establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria”.

Debido a esta aprobación, José Gutiérrez, profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que “el presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán”.

Adicionalmente, Gutiérrez afirmó que “pese a que en el dictamen de mayoría de esta comisión las diputadas y los diputados insisten en que no pretenden afectar la autonomía universitaria, el documento trasluce concepciones, que culminan en propuestas, las cuales claramente ponen en entredicho aspectos claves de la autonomía, como los discutidos anteriormente”.

La referida propuesta de reforma constitucional configura una transgresión a la autonomía financiera de la que gozan constitucionalmente las universidades públicas, en virtud de la cual éstas pueden administrar los recursos asignados por el Estado, sin supeditarse a las decisiones de índole político – económico emanadas del Gobierno de Costa Rica.

En junio de 2020, los diputados Enrique Sánchez Carballo y Mario Castillo Méndez, integrantes de la Comisión, presentaron ante la Asamblea Legislativa un Informe Final (de minoría), sin embargo, éste fue rechazado.

Universitarios evaluaron los informes presentados por la Comisión

Ante esta situación, una Comisión Institucional de académicos, representantes de la Federación de Estudiantes (FEUCR) y del Sindicato de Empleados (SINDEU), designada por la URC, publicó un informe titulado “La Universidad de Costa Rica ante los informes de la Comisión Legislativa que estudia el FEES”, en el cual analizaron los principales conceptos e ideas presentados por la Comisión Legislativa del FEES ante la Asamblea Legislativa.

En el informe, los universitarios concluyeron que, mientras el Informe de Mayoría propone ciertas reformas que atentan contra la autonomía universitaria, el Informe de Minoría refleja un mayor equilibrio en la valoración de los problemas detectados y sus posibles soluciones.

En la conclusión, establece que “el Dictamen de mayoría pretende resolver esos y otros asuntos por la vía de reformas constitucionales, tendientes a debilitar o eliminar el régimen de autonomía de las universidades públicas, una propuesta inaceptable, que de fructificar acarrearía consecuencias negativas de la máxima seriedad (…) este Dictamen de minoría es que, lejos de promulgar soluciones que afecten la autonomía universitaria garantizada por la Constitución, entiende y respeta el crucial rol de esta”.

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