ALTO COMISIONADO DE DDHH DE LA ONU ALERTA EN SU INFORME SOBRE LAS VIOLACIONES Y ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
Juan Manuel Bracho.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el viernes 22 de junio de 2018 un nuevo informe titulado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, en el cual se manifiesta la omisión del Estado venezolano de sancionar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. De igual forma, se evidencia la insostenible crisis económica y social que atraviesa el país, haciendo mención específica a los derechos a la alimentación y salud.
Este informe de la ACNUDH actualiza la información publicada en el año 2017, la cual se focalizó en el uso excesivo de la fuerza y las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de las protestas. Este nuevo informe documenta testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el curso de presuntas operaciones de lucha contra del crimen, que se llevaron a cabo desde 2015 bajo la denominación de “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.
Este nuevo informe aborda temáticas como: acceso a la justicia en el caso de muertes relacionadas con las protestas, uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en otros tipos de operaciones de seguridad, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido proceso, torturas, malos tratos y condiciones de detención, ataques y restricciones al espacio democrático y violaciones del derecho a la salud y la alimentación.
Entre otros aspectos, el informe enfatiza los ataques dirigidos a los universitarios en Venezuela, haciendo alusión en su informe a denuncias realizadas por Aula Abierta, en conjunto a una coalición de centros universitarios en materia de derechos humanos entre estos la Comision de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Centro para la paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
En el segmento F denominado “Sobre Ataques contra opositores políticos, activistas sociales y defensores de los derechos humanos”, se denuncia que, durante las protestas de 2017, al menos 17 profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17 profesores, 7 fueron presentados ante la justicia militar. (Véase en pág. 38 del informe ONU). Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/05-2018Restricciones-y-represalias-contra-estudiantes-y-profesores-universitarios-en-Venezuela-Febrero-Julio-2017.pdf
De igual forma, resalta la persecución de líderes estudiantiles y profesores la cual formó parte de un conjunto de acciones represivas orquestadas por las fuerzas de seguridad para prohibir y disolver protestas y reuniones realizadas en las instalaciones universitarias, en muchas ocasiones haciendo uso de fuerza excesiva e innecesaria, así como de detenciones arbitrarias. (Véase en pág. 38 del informe ONU). Disponible en el sitio web: http://aulaabiertavenezuela.org/
En este sentido, la ACNUDH concluye que la impunidad parece ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad en Venezuela, presuntamente responsables de patrones sistemáticos dirigidos a violentar derechos humanos. Las autoridades estatales no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad. Según el Alto Comisionado varios familiares de las víctimas indicaron que “habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos señaló que “El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”.
De igual forma, el informe enfatiza el hecho que las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos también siguen confrontadas a severas restricciones legales, campañas de desprestigio, amenazas y acoso, así como a acusaciones de perpetración de delitos, tales como actos de terrorismo y de traición a la patria.
Por otra parte, señala que el Gobierno se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis alimentaria del país, incumpliendo así su obligación en virtud de las normas internacionales de asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación. Zeid Ra’ad Al Hussein expresó que “Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura. Según algunas estimaciones, el 87 por ciento de la población e Venezuela está afectada por la pobreza, y el 61,2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema; 1,5 millones de personas han debido salir del país desde 2014”.
Por último, es preciso señalar que el Gobierno de Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones, el Alto Comisionado Zeid ha recomendado al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela.
