La ‘verdad histórica’ sobre los estudiantes desaparecidos en México sufre otro revés
En enero de 2015, el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Karam, dijo en una rueda de prensa que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 estaban muertos. La policía de Iguala, al sur del país, los detuvo y los entregó a un grupo de sicarios. Los mataron y los quemaron en un basurero.
A esa versión la llamó “la verdad histórica”.
Pero un equipo de forenses argentinos, que actúa como perito externo en la investigación a petición de los familiares de los desaparecidos, presentó el martes en Ciudad de México un informe que pone en duda que en el basurero se quemaran los restos de los estudiantes.
Con esos resultados se cuestiona por segunda vez la versión oficial de lo ocurrido. En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había descartado que los estudiantes hubieran sido quemados. Al menos no en el basurero de Cocula, situado a 22 kilómetros al sureste de Iguala, en el estado de Guerrero.
La desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre del 2014 provocó un estallido de protestas tan amplio en México que el gobierno desplegó una investigación de meses para demostrar su compromiso con esclarecer lo sucedido. Cientos de efectivos de diferentes instituciones fueron movilizados en un intento de desactivar la indignación ciudadana que vincula a parte de las autoridades mexicanas con el crimen organizado.
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Ahora la investigación de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense arroja descubrimientos inquietantes. En el basurero de Cocula hay cientos de casquillos de bala y los restos humanos de un mínimo de 19 personas que no son los estudiantes. En ese basurero se ha asesinado y quemado personas durante los últimos 10 años.
Pero el peritaje concluye que pese a los numerosos incendios en fechas distintas y con intensidades diferentes, la noche de la desaparición no hubo un fuego de la magnitud y duración requerida para reducir a cenizas a los estudiantes.
“No hay evidencia alguna que demuestre que la noche esa se hayan quemado 43 personas en el basurero de Cocula”, dijo el doctor Miguel Nieva, uno de los miembros del equipo que compareció junto a los padres de los desaparecidos.
Además, según los peritos no hay ninguna evidencia que vincule el basurero con el hueso del único estudiante identificado hasta el momento, Alexander Mora Venancio. El fragmento de hueso que permitió la identificación fue hallado en una bolsa que apareció en un río cercano al basurero, y si se le pudo extraer ADN fue precisamente porque no había sido calcinado.
Según la procuraduría, la noche de la desaparición de los estudiantes un grupo de policías municipales uniformados, probablemente con permiso o incluso orden directa del alcalde de Iguala –casado con una hermana de dos operadores de un cartel del narcotráfico— detuvo a los estudiantes cuando trataban de requisar cuatro autobuses para desplazarse a una manifestación en la capital. Después la policía los entregó a un grupo de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos que los interrogó, asesinó y quemó en el basurero de Cocula. El gobierno argumentó que Guerreros Unidos había confundido a los estudiantes con miembros de Los Rojos, una agrupación criminal rival.
La persecución y detención de los 43 estudiantes, y el asesinato de al menos seis personas más (una de ellas desollada) aquella noche de septiembre en Iguala duró horas. Horas en las que las fuerzas de la policía municipal actuaron ante los ojos del ejército, que no intervino, según consta la investigación, divulgada por diferentes medios locales.
El ejército, hasta ahora, no ha compartido su versión de los hechos con los expertos forenses ni con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, que además ha añadido una hipótesis al caso tras numerosas entrevistas con los sobrevivientes: que aquella noche los estudiantes no tomaron cuatro, sino cinco autobuses, y ese último habría estado cargado con droga. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH indican que esos transportes podrían ser parte de una red de narcotráfico. Por tanto, el intento desesperado por recuperar la droga explicaría la saña con la que los estudiantes fueron atacados.
Como resultado de las investigaciones las autoridades han detenido a 111 personas, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Ambos acusados de delincuencia organizada.
Y el contexto en el que se presenta el informe, empeora. Con un patrón que se repite. El martes aparecieron los restos de dos jóvenes de un grupo de cinco desaparecidos el 11 de enero en Veracruz, en la costa del golfo. No se sabe el motivo, pero sí que según la Secretaría de Gobernación fue la policía quien, al igual que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, los detuvo para entregárselos a un grupo criminal. Se sabe también que al buscarlos han aparecido decenas de cuerpos más. Como en Guerrero.
Hilda Legideño, una de las madres de los estudiantes, dijo, sentada junto a los expertos argentinos: “Todos difundieron la mentira histórica, ahora que sale esta información pedimos que se difunda también”.
Con entereza, agregó: “Primero nos dijeron que estaban en fosas, después en el basurero. ¿Cuál es la siguiente mentira? Los padres y las madres llevamos 16 meses de angustia y de mentiras”.
